Poner el aire acondicionado o encender el ventilador es, en estos días, un gesto habitual en muchos hogares, pero todo un lujo para otros.
Con la llegada del calor, las elevadas temperaturas y los altos precios de la luz, las facturas eléctricas se disparan. Y para muchos ciudadanos, se convierten en "algo prohibitivo", alertan desde asociaciones de consumidores.
El anuncio de la reducción del 21 al 10% del IVA de la factura de la luz pretende mitigar la continua escalada de los costes de la electricidad. Aunque asociaciones y consumidores consideran que no será suficiente.
La pobreza energética que nos rodea
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019 - 2024, define la pobreza energética como "la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía".
La pobreza energética aumenta en nuestro país de forma rápida y muy alarmante. Especialmente desde que comenzó 2021, un año marcado por la pandemia del Covid-19 y por el alto precio de la luz. Que han convertido este servicio en un lujo para miles de hogares que sufren serias dificultades para afrontar su coste.
En plena ola de calor
Un panorama bastante desolador, estando inmersos en plena ola de calor extrema. Que obliga a mantener la refrigeración doméstica casi las 24 horas del día, para hacer frente a temperaturas que se sitúan por encima de los 44 grados en algunas ciudades.
La pobreza energética ya fue noticia a principios de año, cuando la tarifa eléctrica también alcanzó registros históricos. En aquellos días de enero casi todo el país sufrió las consecuencias de Filomena, el temporal de frío y nieve que había dejado cubierta de blanco media península.
El termómetro se había desplomado en muchas provincias, (con máximas que apenas superaban los 10 grados) e hizo prácticamente inhabitables muchas viviendas. Ya que sus inquilinos no podían permitirse el lujo de encender la calefacción ni el brasero.
Hogares acogidos al bono social
Uno de los indicadores más certeros para constatar la pobreza energética es el número de hogares acogidos al bono social. Se trata de un descuento en la factura eléctrica regulado por el Gobierno, con el que se pretende proteger a los hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas.
Entre los numerosos requisitos que se exigen para acceder a esta bonificación se encuentra el de tener una potencia contratada igual o inferior a 10kW.
También nos encontramos con la polémica indudable de la nueva facturación de la luz, la cual perjudica más que beneficia, especialmente, a los hogares más vulnerables.
Los cambios con la nueva factura de la luz
La nueva factura eléctrica introdujo una serie de cambios en su composición. Por un lado, desagrega los peajes anteriores y pasa a tener información concreta de la cantidad destinada a "peajes" y a "cargos".
Por otro, unifica todas las tarifas domésticas, de menos de 15 kWh, en una sola para la que establece tres tramos horarios: punta, llano y valle, a lo largo del día.
Los nuevos precios de la electricidad serán sustancialmente diferentes en función del tramo. Por ejemplo, si tomamos de referencia los costes del año 2020, podemos estimar que en el tramo más caro (punta) el coste se elevará a más de 0,20 € el kWh. El tramo valle sería el más barato (unos 0,07 €/kWh) y el llano tendría un coste intermedio (0,11 €/kWh).
El tramo de menor coste, "valle", tiene lugar entre las doce de la noche y las ocho de la mañana, así como durante todo el fin de semana y los festivos.
Por su parte, el tramo de mayor coste, "punta", estará activo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Finalmente, el tramo "llano" ocupará las franjas restantes.
Consecuencias de la nueva facturación
Si una cosa refleja claramente la nueva factura de la luz es que los horarios del consumidor tienen un gran protagonismo en el precio final de su recibo. Aunque el precio de la parte fija de la factura disminuye, los nuevos tramos horarios pueden condicionar y penalizar al consumidor, de manera elevada.
El cambio de tarifa incluye también a aquellos hogares beneficiarios del bono social.
Los hogares acogidos al bono social triplicaron su número y pasaron de 449.267 a 1. 311.662 entre los meses de abril de 2018 y de 2020 (en plena pandemia), según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica.
Desinformación y falta de accesibilidad
Durante 2021, 133 000 hogares (lo que supone aproximadamente un 10 % del total) perdieron su derecho al bono social por no renovarlo. Fruto de la desinformación y la falta de accesibilidad a las gestiones administrativas.
Los costes de la electricidad dependerán de a qué hora se usa la energía. Para evitar un mayor gasto, el usuario tendrá que adaptar sus hábitos de consumo. Por ejemplo, aquellos electrodomésticos que supongan mayor gasto (hornos, lavadoras, vitrocerámicas, radiadores eléctricos, etc.) deberían usarse durante la noche o el fin de semana.
Esa es la teoría que nos han explicado, pero, ¿cómo es posible que una familia trabajadora adapte sus horarios de tal forma que solo haga uso de los electrodomésticos durante la noche o el fin de semana?
Tarifa social: Posible solución ante este despropósito
Una de las mayores deficiencias que encontramos en el mecanismo del bono social es precisamente su dificultad de acceso.
El bono social no puede aplicarse de forma automática, sino que ha de ser solicitado por los propios afectados, precisamente por aquellas personas que tienen mayores dificultades a la hora de realizar trámites burocráticos y/o administrativos y a quienes la información les llega también con más dificultad.
Si empezamos a ser conscientes de que el uso de energía no es un lujo, sino un bien básico que nos permite alcanzar unas condiciones de vida dignas en la sociedad actual y que como suministro esencial debería ser considerado un derecho y un servicio público. Cuando conocemos las dramáticas cifras de la pobreza energética y previsiblemente, irán en aumento debido a la crisis económica derivada de la pandemia y a la creciente brecha social. Si conocemos las graves consecuencias para la salud y entendemos que es una injusticia social supeditar la esperanza de vida a nuestras condiciones económicas. Y si, además, conocemos de antemano las causas por las que se produce la pobreza energética, solo nos queda trabajar para erradicar esas causas, porque sí, la solución existe.
Garantizar el acceso de todas las personas al suministro eléctrico
El objetivo de crear una tarifa social es facilitar y garantizar el acceso de todas las personas al suministro eléctrico. Si entendemos la energía como un derecho: convertir un contrato de suministro básico en una herramienta que proporcione la dignidad que todas las personas necesitamos para sentirnos plenamente integradas y participar en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho.
Se evitaría así la necesidad de engancharse de manera ilegal a la red eléctrica, ya que se puede acceder a ella en la misma forma que cualquier usuario o usuaria, sin ningún tipo de discriminación.
Lograr poner punto y final a esta práctica ilegal es un beneficio para la sociedad en su conjunto, por el grave peligro que supone para todos y todas y porque permite también acabar con la estigmatización de quienes son más vulnerables.
El bono social, que es la única herramienta pública de apoyo a los más vulnerables no es más que un mecanismo de descuento fijo, del 25% o del 40%, en el mejor de los casos. Una tarificación accesible para todas las personas garantizaría un consumo mínimo para unas condiciones de vida dignas y materializaría, de manera efectiva, el derecho a la energía.
La necesaria reestructuración del sistema eléctrico para adecuarlo a la transición energética nos brinda una oportunidad única, para introducir una tarifa social que nos permita reducir la creciente desigualdad de la población.
El concepto de bono social en sí mismo es una medida asistencialista y estigmatizante. Se aplica según unos mínimos niveles de renta y sobre una factura cuyos conceptos, opacos por un sinfín de regulaciones, ni siquiera están optimizados.
No es ni será una solución, sino solo un mecanismo que sirve de justificación a la administración pública para acreditar que se está actuando frente al problema. Pero con graves carencias que se irán parcheando de manera puntual.
El concepto de tarifa social, por el contrario, es inclusivo e integrador
Por eso, no solo consideramos necesaria la reestructuración del sistema eléctrico y del sistema tarifario. Sino también la eliminación o transformación del concepto actual del bono social, para introducir una nueva tarifa social que permita el acceso al suministro energético. El cual es necesario para garantizar unas condiciones básicas para una vida digna y saludable a todas las personas, sin que el nivel de renta sea un condicionante para ello.
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