Con “protección” y sin control, hay un prostíbulo por cada cuatro colegios

En la Ciudad hay 2.683 escuelas y se estima que más de 600 burdeles o casas de citas. Los vacíos legales y la complicidad del poder dificultan su erradicación.

Por Marina Pagnutti

No hay margen para dudas. La ley 12.331, en sus artículos 15 y 17 expresa la prohibición de establecimientos que ejerzan la prostitución, y “a quienes sostengan, administren o regenteen la actividad, con multa o con prisión, en casas de tolerancia”. Sin embargo, el oficio más antiguo, sigue funcionando y la clausura de los prostíbulos porteños se mantiene estancada.
Ni la última resolución 99/09 dictada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, pudo completar el allanamiento y clausura de 41 prostíbulos denunciados, sobre un total de 613 identificados, donde se presume la explotación sexual de mujeres. La cifra de prostíbulos responde a un relevamiento realizado por la cooperativa La Alameda, con vecinos y diputados de distintas fuerzas políticas.
La lista es extensa: a los 613 burdeles o casa de citas se suman 178 líneas telefónicas y más de veinte páginas web que ofrecen servicios sexuales. Funcionan en la city sin control y a toda hora, en locales, hoteles, “bares” y departamentos privados. Entre las zonas más elegidas están el Microcentro, Recoleta, Retiro, Montserrat, Flores, Constitución, Once, Villa Crespo, Caballito y Devoto.

La habilitación. Al liberado escenario, se suma la facilidad de instalar un comercio. La ciudad cuenta con 200 locales clase C habilitados. Una categoría que con sólo presentar los planos del lugar y reunir las normas de seguridad e higiene, posibilita el inmediato funcionamiento del negocio. Por lo general, son espacios habilitados para shows en vivo, expendios de bebidas, que funcionan como bares, restaurantes o confiterías. Pero es en esta categoría, donde ingresan las especulaciones y algunos establecimientos se convierten en cabarets.

“Los permisos que otorgamos son para locales clase C. Pero si tienen chicas trabajando, ni siquiera podemos controlarlo. No tenemos poder de policía”, explica Eduardo Hulton, vocero de la Agencia Gubernamental de Control, entidad que otorga los permisos. Por semana realizan 180 inspecciones y por fin de semana, unas veinte clausuras se suman por incumplir las normas de seguridad. Una zona gris que excede el control de la agencia porteña y roza la competencia del área de Contravención de la ciudad.
Mientras vecinos de distintos barrios y asociaciones luchan contra las redes de prostitución y venta de drogas; del negocio participan proxenetas en complicidad con el poder y la Policía, sin respetar resoluciones, ley de profilaxis, ni Código Contravencional.
“Identificamos más de 600 lugares, con números de teléfonos y direcciones. Si sumamos las Webs, podrían llegar a los 800. No hay dudas de que la Policía Federal y la Metropolitana trabajan juntas, están en el negocio y no preservan la Ley de Profilaxis”, dice Lucas Schaerer, vocero de la cooperativa La Alameda.
Schaerer, a su vez, menciona que la protección policial tiene una tarifa, y que se eleva según el barrio. “Notamos que en Constitución, Monserrat y Once, la ‘tasa’ de protección policial en concepto de seguridad se elevaba. Allí, por mes, la Policía cobraba un aproximado de 500 mil pesos, por ser un radio más inseguro”.
Se estima que en Capital Federal, trabajan un mínimo de cuatro mujeres por prostíbulo, con un piso tarifario de 150 pesos. Desde la cooperativa sostienen que el total de la recaudación de un local, una parte es para el regente y la otra se “reparte entre la brigada, los comisarios y los jueces correccionales”.
Para Fabio Basteiro, secretario general de la CTA y presidente del bloque Proyecto Sur, “es evidente que los locales y departamentos funcionan bajo el amparo del Poder Judicial, político y policial. Es una combinación de roles que permiten negocios rentables para ellos y no para las trabajadoras”. Además, agrega que “no sólo les aplican multas a las meretrices por protegerlas, sino que los departamentos están pagados por el comisario de la zona y algún juez con un interés económico”, denuncia.
Sonia, de 45 años y ex prostituta, confirma la complicidad policial y afirma que “de los privados y saunas, la poli recibe como mínimo 1.500 pesos por semana. Les cobran coimas a los albergues y a los hoteles familiares. Todo se arregla entre el fiolo y el policía. Por no tener uno, me llevaron presa varias veces. Nunca vi un cana honesto”, exagera.

Qué dicen las leyes

La vigente Ley 12.331, comenzó su aplicación en enero de 1936. Está destinada a la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y al tratamiento sanitario en todo el territorio de la Nación.
En los artículos 15 y 17, se prohíben las casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Y el castigo a quienes sostengan, administren, o regenteen los establecimientos, con una multa de hasta 25 mil pesos. En caso de reincidencia, prisión de uno a tres años. Pocas veces se cumple.
La resolución 99/09 de la PGN, establece la investigación de los delitos de trata de personas, delitos conexos –vinculados con la facilitación, promoción y explotación de la prostitución ajena–, y el allanamiento de los lugares. Hasta el momento no fue aplicada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), a cargo de Marcelo Colombo.
Capital Federal cuenta con 304 locales habilitados por la Agencia Gubernamental de Control: 104 son Clase A y 200, Clase C, pero no se puede ejercer control de policía sobre sus actividades

“El 70% de la Metropolitana son ex Federales

Otro baja se suma a la Policía Metropolitana. Se trata de la desvinculación del Jefe de Investigaciones, Miguel Angel Colombo, ex agente de la Federal involucrado en una causa que investiga la protección a prostíbulos en la Ciudad. La decisión tomada por el jefe de la fuerza porteña, Eugenio Burzaco, es por el proceso judicial que atraviesa Colombo, por presunto delito de amparar la actividad en prostíbulos de la zona de Retiro, cuando pertenecía a la Federal. Burzaco pretende alejarlo el tiempo que dure la causa iniciada en 1999, que investiga el fiscal José María Campagnoli y conduce el juez Alberto Baños. Pese al antecedente, el ex agente fue designado como Comisionado del área de Investigaciones de la Metropolitana en mayo del 2009. Con su alejamiento, ya son cuatro los ex policías que dejan la fuerza: Jorge Palacios, Osvaldo Chamorro y Ciro James.
De los 750 efectivos que integran la actual Policía Metropolitana, el 70 por ciento viene de la Federal. Cien de ellos, son ex agentes del área de inteligencia.
En la actualidad, 450 cadetes se encuentran en formación. Egresarán del Instituto de Seguridad Pública en julio. Allí la Metropolitana sumará 1100 efectivos. El Gobierno espera llegar a los 2000 a fin de año.

Ver nota Perfil.com
Autor: MP
Fuente: Diario Perfil 27/03/10