Seguramente, quienes han llegado a esta página por curiosidad o por casualidad, ya han oído hablar en otras partes de los nueve millones de personas que viven en nuestro país bajo mínimos; es decir, que malviven, que buscan un resquicio para salir del túnel; que tienden la mano desdesperados, aunque tanta desconfianza desatada por todos lados venga a situarlos a menudo en el vagón de la duda de nuestro pensamiento. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en nuestro país, ya lo advirtió en el Documento. "Derechos a la intemperie". En un informe hecho público en nuestro diario, a finales del pasado mes de abril, Beltrán resumió bien la situación: la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son "ejemplos de violaciones de los derechos humanos" del mismo calado que la falta de libertad o de expresión. Mientras el euribor sigue subiendo y los banqueros no dejan de arrojar cifras de resultados plenos, apoyados por unos políticos equivocados que los protegen con subvenciones públicas y con leyes de todo tipo, contrarias a lo que siempre prometieron, la pobreza se extiende, vuelve la maldición a caer como un rayo sobre el débil que, sin tiempo para recuperarse de una tragedia, debe asumir otra mayor, el desahucio, con lo que ello implicará ya para el futuro de sus vidas. A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Navarra, ratificaba la decisión de un juez que se negó a que el BBVA, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continuáse reclamando la deuda restante a la familia. Ahora el juez de primera instancia de Sabadell, Guillem Soler, ha elevado al Tribunal Constitucional la normativa sobre desahucios, considerando que vulnera principios constitucionales, donde se cita el margen prácticamente inexistente para plantear alegaciones. Es evidente que la usura no conoce límites. Y que no se dan pasos firmes que impidan este ladrocinio de cajas y bancos, porque la entidad bancaria nos concede un préstamos por el valor del bien hipotecado. Y punto. Entregamos las llaves o nos las quitan si no podemos pagarlo. Y punto. Pero no nos quitan el bien y seguimos debiendo íntegramente la cantidad que nos prestaron. Eso es robo. Y punto.Artículo publicado hoy enDiario Palentino, sección del autor "La Madeja"OrígenesCuriosónChupitos
Miles de familias en riesgo de perder su casa
- Desde el estallido de la crisis económica, se han practicado 270.000 embargos a familias.
- La dación es una posibilidad que la Ley Hipotecaria permite si las partes así lo acuerdan, pero que, en la práctica, ningún banco acepta.
- Miles de familias que no pueden pagar la hipoteca buscan ayuda asambleas como la que hace unos días celebraba ADICAE en la que se lucha por legalizar la dación en pago o lo que es lo mismo, saldar la deuda hipotecaria a cambio de la entrega de la vivienda.
- Sostiene Naredo que "La situación actual pide a gritos políticas que propicien la rehabilitación frente a la construcción nueva, la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como inversión, o la vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad".
- En Madrid se ejecutan 48 desahucios al día. Hasta final de 2012 medio millón de familias se habrán quedado en la calle por impago de la hipoteca.
- Cada ejecución hipotecaria no afecta a un individuo, sino a una familia y su entorno; "hablamos de millones de personas perjudicadas”, señala Ada Colau desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, creada en Cataluña en febrero de 2009.
- "Las consecuencias sólo las está pagando la parte más vulnerable e indefensa, mientras bancos y cajas reciben millones de euros en ayudas públicas sin ninguna contrapartida”, insiste Colau.
- El coordinador general de IU, Cayo Lara puso de manifiesto que "si hoy hubiéramos tenido una banca pública en España que nunca se debió suprimir, muchas pymes y autónomos no hubieran tenido las dificultades del crédito que tienen en estos momentos, ya que la banca pública hubiera atendido lo que es esa economía productiva".
- Una anciana de Sabadell, pensionista, planteó ante el juzgado de Soler un recurso ante la ejecución del desahucio de su piso debido al impago de un crédito por valor de 157.000 euros. Un crédito que contenía una cláusula por la que debía ser devuelto íntegramente en solo un año.