Las constituciones democráticas otorgan a las fuerzas de seguridad y al ejército unas responsabilidades especiales, básicamente la defensa de la democracia y de la seguridad nacional, como mecanismo de garantías ante la posible deriva antidemocrática, tiránica o corrupta de los gobiernos. La función principal de esas garantías o poderes especiales es la defensa de un pueblo cuando es maltratado por su gobierno.
Otra de las defensas del ciudadano frente a una posible corrupción y degradación del poder es el sistema de Justicia, que debe ser independiente y funcionar libremente, al margen de los demás poderes del Estado.
Pero esas garantías no funcionan porque los poderes ejecutivos y, mas concretamente, los todopoderosos partidos políticos han logrado neutralizarlas controlando la Justicia y sometiendo a control férreo a policías y militares, lo que deja al pueblo indefenso ante una posible degeneración del sistema y los desmanes de gobernantes injustos y egoístas, que anteponen sus propios intereses al interés general.
Si algo ha quedado claro en todo el mundo y, de manera especial, en países como España, Venezuela y algunas falsas democracias de América, África, Asia y el mundo árabe es que los controles que establecen las democracias para limitar el poder político han saltado por los aires y que esas falsas democracias se han convertido, realmente, en dictaduras camufladas que patrocinan la injusticia, amparan la corrupción, marginan e, incluso, aplastan a sus respectivos ciudadanos.
¿Deben, en esas circunstancias, las policías y ejércitos mantener la obediencia ciega al poder o deben colocarse del lado del pueblo, en vista de que el sistema ha sido trucado y ha quedado degradado?
De la respuesta a esa pregunta depende el futuro del mundo porque en el presente se está librando una verdadera guerra entre los ciudadanos y sus clases dirigentes, rechazadas, repudiadas y combatidas por unos ciudadanos que se sienten marginados, explotados y mal gobernados.
El caso de la Justicia es diferente, aunque mantiene similitudes con los de la policía y el ejército. La Justicia, si es capaz de ser justa, representa el mayor freno para los sinvergüenzas, corruptos y saqueadores, pero si está politizada y bajo control de los políticos, deja también de ser garantía del sistema para convertirse en mecanismo de opresión y de tiranía.
Las lealtades tienen que ser revisadas y deben surgir en el seno de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia procesos de reflexión que les lleve a discernir sobre el gran dilema: si defienden a gobernantes que, por haber sido elegidos en las urnas, se consideran legítimos, a pesar de que violan las reglas del juego y, con sus gobiernos, llenan de oprobio a la nación, o si se colocan del lado de la ciudadanía sufriente, convencidos de que el sistema ha sido violado y que los derechos fundamentales del ciudadano han dejado de respetarse.
Es un debate fascinante y difícil que tiene mucho que ver con la concepción de la democracia. Si se considera que democracia es solo la eleccion de gobiernos en las urnas, entonces la lealtad de los policias y militares puede estar justificadamente del lado de la autoridad, pero si se cree que la democraica es mucho mas que un sistema de elección de gobernantes y que existen reglas inviolables que generalmente se violan, como son el respeto al ciudadano, la separación de los poderes y la independencia de la Justicia, entonces la lealtad de esas fuerzas, sin las cuales los gobiernos inicuos no podrían sostenerse, debe colocarse del lado de la democracia y de la ciudadanía.