El Partido Animalista, PACMA, históricamente defensor del ejemplar taurino seleccionado cada año para ser sacrificado por amor a la tradición en este municipio vallisoletano, se ha llevado el gato al agua al presentar la solicitud de suspensión del festejo ante quien la Fiscalía decía que había que presentarlo. En la mañana del viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León daba a conocer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo accedía a la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista contra el maltrato animal. Y acordaba la suspensión de la ejecutividad de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente que declaraba la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo al decreto de la Junta que prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León.
PACMA, según la Sala del TSJ, alegó que la suspensión “no afecta a los intereses generales ni de un tercero, ya que se trataba de un festejo, y debía primar la protección de un interés más vulnerable, evitando la horrorosa muerte del toro Manjar que le deparaba la ejecución del festejo”. La solicitud de PACMA incluía la opinión de un veterinario que afirmaba que “la nueva Base Reguladora del Torneo de la Vega, al admitir el uso de hasta 7 divisas, instrumentos cortantes y punzantes que se clavarían en los músculos del toro, evidenciaba la existencia de maltrato: dolor, heridas y contusiones”. PACMA sostiene que, durante muchos años hasta 2016, alancear al toro hasta la muerte en el evento taurino del Toro de la Vega ha sido causa de amplio rechazo social, superado desde hace seis años, cuando cambió la normativa.
Asimismo, con la celebración del Toro de la Vega, estaba en entredicho el cumplimiento de la Ley 17/2021, de modificación del Código Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, en cuyo preámbulo se señala que la reforma introducida busca sentar el principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, y que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.
La Sala consideró al titular de la Consejería de Medio Ambiente y al alcalde de Tordesillas, responsables “personal y directamente” de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la medida cautelar adoptada. Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, y el torneo tiene la fecha fijada para hoy, martes, día 13.
La petición fue presentada por la Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, y por Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030. En el documento, los representantes del Gobierno reclamaron que la Fiscalía actuase de manera cautelar para impedir que este festejo basado en el maltrato al toro se paralizase. “Es un caso de gravedad extrema y de maltrato animal que no se debe seguir dando”, dijo Verstrynge tras presentar el escrito. “La propia Agenda 2030 de la ONU dice que tenemos que ir a un paso de sintonía con el mundo animal y este es un momento perfecto para decir que la tauromaquia no puede ser patrimonio cultural. Nuestro deber es proteger a los animales y por eso estamos aquí”.
Verstrynge considera que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ha intentado “trampear” el reglamento para poder celebrar el evento. Desde el Ministerio dirigido por Ione Belarra aseguran que el apuñalamiento del toro también va contra las normas taurinas de Castilla y León por lo que el evento no debería celebrarse. “Unas fiestas felices y populares pueden serlo sin maltrato animal”, zanjó. Tras presentar el escrito en la Fiscalía, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cargó contra el Gobierno, concretamente contra “la parte de Podemos” que, a su juicio, solo quiere “prohibir” y “buscar el enfrentamiento entre los españoles”. La política conservadora exigió al Ejecutivo que se “proteja y respeten” las “traiciones culturales” como el Toro de la Vega. Hoy veremos si PACMA consigue detener el torneo o todo sigue como antes.