Consenso para la prostitución: Prohibido prohibir

Parece necesario un acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, con un amplio consenso, y las editoriales, para poner veto, fin, o limitaciones, a los anuncios de contactos en la prensa. La primera parte es simple, pues da la sensación de que todos los partidos opinan de forma similar, y resultará más dificultoso convencer a los medios de perder unos sustanciosos ingresos.

En España es posible el matrimonio homosexual, lo que me parece muy bien por proteger la orientación sexual de un porcentaje significativo, aunque menor, de la población española. Sin embargo, el promiscuo, cuya tendencia en las relaciones íntimas es igualmente respetable, también representando una proporción menor respecto a la normalidad, ve cercenados sus derechos al no tener conocimiento directo de los servicios a los que puede acceder para obtener el placer sexual. Que el Estado prohíba las relaciones a cambio de dinero, no solamente es absurdo, sino que además, representa una injerencia intolerable en la libertad del individuo; del varón, habitualmente, para la contratación del servicio, y de la mujer, por otra parte, que presta libremente su cuerpo a cabio de su correspondiente estipendio. Este modelo de Estado intervencionista es el mismo que prohíbe los toros en Cataluña, las chucherías en los colegios, el alcohol a cierta distancia de los centros educativos y defiende una de las leyes antitabaco menos permisivas de esta Europa occidental. Parece suficiente con que un colectivo, más o menos numeroso, se sienta molesto con alguna actividad que interesa una población muchísimo más amplia, para que se desencadenen los mecanismos que, en aras de la defensa de una significativa minoría, impidan o limiten los derechos de otra no menos significativa mayoría. Los burdeles, pisos de contactos y la Casa de Campo, están llenos de meretrices que ofrecen sus servicios a cambio de dinero, muchas veces de poco dinero; la labor estatal debería consistir en regular la legalidad de las profesionales, ofrecer una asistencia sanitaria adecuada, perseguir el proxenetismo, la trata de blancas y la utilización de menores, y regular este tipo de comercio que mueve muchos millones de euros al año. Prohibir por decreto la prostitución o su publicidad, además de ser una suerte de dictadura, va a resultar un sonado fracaso.