Constitución española. ¿La estamos cumpliendo?

Fue el premio Nobel Camilo José Cela el encargado de revisar gramaticalmente la Constitución española, y parece ser que para ello fue nombrado senador por el Rey en las primeras Cortes convocadas en plena Transición. No sé yo si una simple corrección ortográfica daba para tanta prebenda. Dijo Cela por aquel entonces: «Como es de cajón, ignoro cómo acabaré portándome en el Senado, porque esto es algo ajeno al buen deseo. Yo tengo pocas ideas, pero claras, y pienso exponerlas mientras me dejen. Lo malo es que, a lo mejor, me acojono y me quedo más callado que un muerto. No creo que suceda, pero, por si acaso, cumplo con advertirlo a la afición».

La Constitución española sigue prácticamente inalterable

Constitución española con corrección ortográfica a cargo del señor Cela

Es cierto que a pesar de los años transcurridos, la Constitución española sigue prácticamente inalterable, pero ¿es porque sigue vigente o porque simplemente se incumple lo que ha quedado obsoleto sin más consecuencias? Yo más bien pienso que es esto último; se ha preferido mantener el texto frente a todo en lugar de entrar a trapo en una modificación o actualización.

A continuación destacaré algunos párrafos que chirrían un poco cuando se comparan con la realidad reinante:

«Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

No sé hasta qué punto esa democracia dentro de los partidos existe.

«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios».

Escándalos de corrupción aparte, que han acabado salpicando también a los sindicatos y no solo a los partidos políticos, parece claro que la «utilidad» de los sindicatos en la actualidad ha quedado muy desfasada.

«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Destaca Amnistía Internacional: «la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos».

«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». 

¿Es correcta entonces la casilla de la renta donde se da opción a su mayor financiación sin tener en cuenta otras confesiones?

«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial». 

Últimamente han aparecido numerosas noticias relacionadas con esta falta de secreto.

«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». 

Muchas veces he hablado en este blog sobre lo injusto que es el sistema tributario, sobre la prepotencia de Hacienda y sobre la manera de interpretar qué es confiscatorio y qué no lo es. Para Hacienda nada parece ser confiscatorio.

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». 

«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo». 

Ya no digo lo de libre elección de profesión y oficio, cosa totalmente utópica por mucho que siga estando en la Constitución española. Me conformaría con que se respetara «el derecho al trabajo».

«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».

Esto también parece estar de capa caída.

«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». 

¿Subiendo el IVA cultural al 21%?

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». 

¿No deberían hacer algo más para evitar las consecuencias fatales de los desahucios?

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

¿Qué está ocurriendo con la ley de Dependencia?

«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».

¿Cuáles están siendo las consecuencias de la reforma de las pensiones?

«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». 

Otra gran mentira.

Ramón Cerdá

Constitución española. ¿La estamos cumpliendo? was last modified: diciembre 7th, 2014 by Ramón Cerdá