Consulta Popular por la Independencia

La macromanifestación por las calles de Barcelona en la Diada destapó el tarro de las esencias de las aspiraciones independentistas de una parte significativa de los catalanes. A ella siguió la deriva de Artur Mas, su entrevista con Rajoy, que intentó ventilar el tema sin un ápice de sensibilidad ni de sagacidad política, y la posterior convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya.

Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya
(Autor: Ricardo Cugat; Fuente: elperiodicodearagon)

En las últimas semanas, muchos se han afanado en aportar presuntos argumentos en todas direcciones. Unos han intentado demostrar que la Catalunya independiente estaría en mucho mejores condiciones económicas que hoy, mientras que otros han intentado demostrar lo contrario. Unos han invocado los sentimientos identitarios, mientras que otros han llamado en su ayuda poco menos que al Santiago y cierra España. Intentando abordar el tema sin pasión, parece evidente que el siguiente paso, si el Govern de la Generalitat que se forme tras las próximas elecciones persiste en las posiciones independentistas actuales, sería convocar un referéndum popular en Catalunya. El objetivo de esta consulta debería ser el validar si existe una mayoría contrastada y verificable de ciudadanos catalanes que apoyan estas aspiraciones de independencia. Con el ordenamiento jurídico actual en España, no es posible que un Gobierno Autonómico pueda convocar un referéndum vinculante, ya que esta prerrogativa pertenece al Gobierno de España. Pero nada impide que el Gobierno de España pueda convocar, de acuerdo con el Govern de la Generalitat, un referéndum popular para los ciudadanos de Catalunya, en que estos puedan manifestar con claridad cuáles son sus preferencias de futuro para su nación. He oído tertulianos y opinadores diversos cerrándose en banda contra, incluso, la posibilidad de que Catalunya pueda plantear una demanda de secesión (lo que vendría a ser una demanda de divorcio). Que la actual Constitución no contemple esta posibilidad no impide, para nada, que se pueda iniciar un proceso en esta dirección, si existe acuerdo para hacerlo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. El primer paso, que considero ineludible y que no requeriría ninguna modificación legal, sería la convocatoria de este referéndum popular. Por imperativo legal, debería convocarlo el Gobierno de España, por supuesto. Algunos sostienen que dicho referéndum debería ser extensivo a la totalidad de España, pero esto carece de toda lógica. El motivo principal para ello es que cualquier demanda de divorcio (lo más parecido a una petición de secesión) se inicia a instancia de parte, y sólo posteriormente se determina si el divorcio puede ser amistoso y dialogado, o a cara de perro. Es por ello que una consulta popular por la voluntad, o no, de solicitar la independencia de Catalunya, debe limitarse, necesariamente, al ámbito territorial de Catalunya. Pensemos, además, en lo que podrían responder a una pregunta concreta sobre la independencia de Catalunya los ciudadanos del resto del Estado. Un cierto porcentaje podrían estar de acuerdo en que Catalunya tenga el derecho a plantear esta alternativa, pero absolutamente nadie (o solamente un porcentaje nada significativo) votaría a favor de la independencia efectiva de Catalunya. El motivo es muy simple. No creo que nadie en sus cabales pueda pensar que Españ (el país virtual que quedaría tras la secesión de Catalunya) estuviera en mejores condiciones económicas, políticas, sociales, diplomáticas e internacionales que la España actual. Y ello a pesar de que algunos mamelucos, en las charlas tabernarias, puedan lanzar improperios del estilo de estos catalanes que se vayan a tomar por el c... Creo que incluso la gran mayoría de esos indocumentados, enfrentados a una pregunta concreta, votarían en contra de que Catalunya se independizara de España. Esa consulta popular que, repito, debería ser convocada por el Gobierno de España, previa negociación y acuerdo con el Govern de la Generalitat, tendría que plantear una pregunta totalmente clara, sin ambigüedades ni falsas promesas, y debería tener concretada una hoja de ruta tanto para un resultado positivo como negativo de la consulta. En caso de respuesta mayoritariamente negativa, habría que fijar un período de carencia, es decir, el tiempo que debería transcurrir antes de que nadie pudiera plantear de nuevo un referéndum en parecidos términos (10, 15, 20 años...). En caso de respuesta mayoritariamente positiva, la hoja de ruta debería definir la realización de las modificaciones legales que fueran necesarias, y el inicio de las negociaciones entre ambos gobiernos para acordar todos los extremos antes de que esa independencia pudiera llegar a ser una realidad. En esa negociación debería acordarse, entre muchas otras cuestiones, el reparto entre ambos estados de los correspondientes activos y pasivos. No me valen ni la cerrazón del Gobierno de España en torno a la Unidad proclamada en la Constitución (que ya tiene 34 años, no lo olvidemos), ni el realizar una pregunta sobre si el ciudadano quiere que Catalunya se convierta en un nuevo estado de Europa, porque contiene una promesa que nadie puede asegurar estar en condiciones de poder cumplir.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió
Democràtica de Catalunya, integrada en CiU.
(Fuente: abc)

Todo ello si no fuera que la propia Convergència i Unió está siendo confusa en sus manifestaciones. Podría ser que obtuviera mayoría absoluta en Catalunya en las elecciones de Noviembre, por lo que su opinión es relevante. Duran i Lleida (el líder de UDC, una de las fuerzas integrantes de la coalición) ya ha hablado de una solución confederal alternativa a la independencia, y el propio Artur Mas habla estos días no de una independencia completa, sino de dotar a Catalunya de los mecanismos propios de un estado, pero con dependencia (o relaciones muy especiales) con el Estado español en algunos temas (he leído, por ejemplo, que sobre Defensa y Seguridad Social). Alguna prensa catalana ya acusa a Mas de jugar a la puta i a la Ramoneta, que es una forma muy catalana de decir que se navega entre dos aguas, o de que se apuesta a rojo y a negro para no perder en la ruleta. Para cualquier ciudadano que pudiera votar en ese referéndum, debería quedar totalmente claro que el voto negativo significa enterrar el problema durante un par de décadas, por ejemplo, y que el voto afirmativo significa manifestar su voluntad de que ambos gobiernos inicien una negociación para la secesión de Catalunya, de resultado final no predecible. Nadie debería iniciar nunca un proceso de divorcio con la convicción de que podrá quedarse con la casa, el coche, la tele de plasma y la custodia de los niños. Sólo es lícito iniciarlo por el convencimiento de que la convivencia resulta ya imposible, y el divorcio es la única alternativa posible. Negociación y diálogo son la única fórmula para que este fuego no consuma a las dos partes. JMBA