Desde que en España estalló el escándalo por el valor de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, sobre todo a raíz de lo ocurrido con el Sovaldi del laboratorio Gilead, el mundo comenzó a cuestionar el modo que tiene la industria farmacéutica de ponerle valor a los medicamentos innovadores. Ahora es en Argentina donde reclaman que el país rechace la patente de Sovaldi por considerar “exorbitante” su precio.
Una de las formas de aumentar los precios de estos productos es perpetuar las patentes y así frenar la posibilidad de producir genéricos de estos fármacos, que podrían salvar millones de vidas. Ante esta situación, especialistas argentinos vienen reclamando una nueva política en materia farmacéutica. En el caso de los tratamientos para la hepatitis C, la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) ha pedido a la Oficina de Patentes de Argentina que no entregue a la exclusividad al fármaco de Gilead en Argentina.
En España tras la gran campaña mediática de la Asociación de Afectados por la Hepatitis C, las comunidades autónomas dieron el visto bueno definitivo, por unanimidad, al plan gubernamental para tratar, al menos, a 52.000 enfermos de hepatitis C con los nuevos y costosos fármacos antivirales.
Ahora denuncian que el plan no tiene financiación y están volviendo a salir a las calles.
A todo esto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), publicó el informe de posicionamiento terapéutico (IPT) del último medicamento oral aprobado para la hepatitis C en España, el daclastavir, de nombre comercial Daklinza, que fija las condiciones de uso en pacientes en combinación con otros antivirales directos.
La noticia es que no está probada su eficacia, como el Ministerio reconoce y sólo se ha aprobado su comercialización en España porque reduce las semanas de tratamiento. No está mal pero ¿y si resulta que no es efectivo?
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