Es para
oponerse: la futura ley de Garantía de la Unidad del Mercado anulará parte de
la vocación legislativa de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) e inhabilitará
las 6.000 normas que elaboraron desde 1981, cuya creación y aplicación es la
razón de ser de las propias autonomías.
Los
gobiernos de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco acaban de anunciar que
no respetarán la ley, todavía proyecto.
Es
comprensible: fueron ellos y sus parlamentos los que, para diferenciarse de
otras CC.AA., elaboraron más regulaciones autonómicas que morirán con el
mercado único.
La creación y aplicación de esas normas diferentes en cada comunidad sobre máquinas lavacoches, envasado de frutas, seguridad en los ascensores o en los autobuses, por ejemplo, le cuesta a los españoles 1.500 millones de euros anuales, y alcanzará el 1,5 por ciento del PIB en diez años, según el Gobierno.
Los políticos
autonómicos ya no podrán seguir legislando normas redundantes sobre los mismos
bienes, productos y actividades, es decir, que sus elefantiásicos parlamentos
autonómicos deberán reducirse al tamaño de pequeños felinos.
Quedará
también sin función buena parte del entramado autonómico, incluyendo millares
de funcionarios de cada comunidad, buena parte nombrados a dedo, que son los encargados
de vigilar y ejecutar la práctica de las normas autonómicas diferenciadoras.
La
futura ley, además, es maquiavélica, de una descentralización centralizadora,
valga el oxímoron.
Porque
al validar en toda España cualquier regulación autonómica, es decir, que la
castellano-leonesa de autobuses sea igualmente válida en Cataluña, o que una
licencia de caza valenciana sirva en Galicia, rompe las diferencias de las que
viven decenas de millares de políticos y servidores del espíritu de la
desigualdad.
Las CC.AA. deberían levantarse contra Rajoy, por incitarlas a robarse entre ellas sus poderes legislativos, gubernativos y moralmente discriminatorios.
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