En España, hay 10.000 aforados cuyas posibles causas penales o civiles no pasarán por los tribunales ordinarios sino que irán directamente al Supremo para ser juzgadas.
De ellos, todos, menos los del PP, rechazan concederle igual trato legal al rey Juan Carlos I, que renunció a su inmunidad constitucional al abdicar en su hijo, Felipe VI.
Que los 62 aforados de Bilbu y Amaiur en los parlamentos vasco, navarro, español, y en el senado rechacen que el Rey tenga iguales derechos es lógico, aunque otro atentado, al sentido común.
Pero es agraviante que los 110 diputados nacionales del PSOE, que gobernó 22 años colaborando con el Rey, se abstengan ante la demanda gubernamental de su aforamiento.
Y es lavarse las manos cual Pilatos que la diputada de UPyD Irene Lozano se oponga con su grupo porque el aforamiento, afirma, es un vestigio del pasado que debería desaparecer.
Tiene razón, pero para eliminarlo debe enmendarse la Constitución (CE): sus artículos 71,3, y 102,1 envían al Supremo las causas que atañen a diputados, senadores y gobierno, aunque ahora ya hay esos escandalosos 10.000.
Esta situación, inédita en el mundo, se debe al temor de que cualquier juez justiciero se ensañe con algún político: encausando al viejo Rey un neogarzón sería una estrella supergarzónica, primera plana mundial.
Sí, todos los aforamientos deben desaparecer. Y los ciudadanos debemos retar, o mejor, exigirle a los 10.000 aforados que renuncien a ese derecho en un acto individual, uno a uno, para que sepamos quiénes son los que quieren seguir explotando sus privilegios.
De esa manera no hay que enmendar la CE y sólo así podrán justificar su negativa con Juan Carlos I.
Pero seguramente no lo harán: sobran resentidos para afrentar al antiguo Rey, y llegan nuevos caraduras, aprovechados, como Pablo Iglesias Turrión y su casta de otros cuatro nuevos aforados por ser europarlamentarios.
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