Controladores, más

El dilema hamletiano, ése de ser o no ser, es tan genial porque dentro de él cabe todo y lo digo porque esta mañana me ha acometido, otra vez, la tentación de colgar la pluma, digo el teclado, y refugiarme en los que, probablemente, sean mis últimos cuarteles de invierno.Y es que todo lo que he leído hasta ahora me ha llevado a la desoladora conclusión de que todo lo que hago es inútil, y el esfuerzo que tengo que realizar es demasiado duro para un pobre viejo.He leído un montón de artículos y de comentarios sobre lo de los controladores y  he estado cerca, muy cerca, de caer en la perplejidad. Porque he visto a colectivos, que indudablemente están a la izquierda de todo el espectro político, hacer proclamas que parecen impecablemente formuladas a favor de los controladores y comentarios de simples ciudadanos que me han puesto los pelos de punta. Y como, tal como ya tengo dicho, soy un ferocísimo discípulo del rey de la duda metódica, no he tenido más remedio que dudar de si todo lo que yo vengo diciendo al respecto es verdad.¿Es verdad que, por el mero hecho de cobrar cantidades astronómicas, un trabajador por cuenta ajena pierde ésta su condición?Ser o no ser, he ahí el problema. Si los controladores son efectivamente trabajadores asalariados por cuenta ajena, todo lo que llevo escribiendo sobre este conflicto está totalmente equivocado y debo de retractarme de mis ataques. Si lo que me dice mi intuición es realmente la verdad, mis ataques a estos individuos no sólo no son erróneos sino que han resultado más bien leves, es decir, que mi crítica a su actuación ha sido demasiado comedida, tenía que haber empleado  más dureza.Como sabéis algunos de los que me leéis, he pasado 50 años de mi vida actuando ante los tribunales y aquí, en este modestísima tribuna desde la que grito lo que pienso, he dicho muchas veces que la sociedad no podría sostenerse sin la ley y que por tanto “dura lex, sed lex”, que, más o menos, quiere decir que la ley puede, a veces, parecer muy dura pero es la ley.Pero, precisamente por mi larguísima experiencia judicial, sé también que una cosa es la legalidad y otra, a veces, muy distinta la justicia y que el aforismo jurídico que, para mí, resulta absolutamente decisivo es ése que dice “fiat iustitia et pereat mundus”, o sea, hágase la justicia y que el mundo, si es preciso, se vaya a la mierda.Estamos de nuevo, pues, ante un conflicto entre la justicia y la ley.La ley dice, no se me oculta, como me atribuía ayer un estimado, de verdad, comentarista que llegó a llamarme “ciego jurídico”, que trabajador es aquel que presta sus servicios por cuenta y dependencia ajena, según el artículo 1º del Estatuto de los Trabajadores, de donde se deduce que, con la simple aplicación mecánica de dicho artículo, los controladores no son ni más ni menos que unos asalariados cualquiera, ya que no cabe duda de que, aparentemente, prestan sus servicios a un sólo patrón, Aena o el Estado, que no lo sé muy bien porque no lo he estudiado, porque me parece secundario este aspecto,  siendo indiferente para dictaminar su condición profesional la cuantía de la remuneración que perciben.Escrito que ha sido todo esto, yo debería de pacificarme y dejar el agua correr y decir aquello tan manido pero efectivo de “doctores tiene la Iglesia”, en este caso, los tribunales de lo social españoles, que estoy completamente seguro que atribuirían, si no lo han hecho ya, a los controladores la condición de asalariados.¿Entonces?Es una mera cuestión de instinto que voy a intentar racionalizar.El escollo que me impide asentir con todas mis capacidades a la jurisprudencia en este caso, es el mismo que me hace disentir del Tribunal Supremo cuando imputa a Garzón por prevaricación. Efectivamente, según el Código Penal, este juez, cuando abrió diligencias como consecuencia de una serie de escritos que se le presentaron por deudos de asesinados y desaparecidos en la Guerra Civil española, sabía perfectamente que no podía hacerlo por prohibírselo un par de leyes españolas, la que se denomina de Amnistía y la llamada de Memoria Histórica, la 1ª de las cuales prohíbe legalmente cualquier investigación jurisdiccional en dicho sentido, y la 2ª que establece precisamente el trámite judicial para ello, aparte de constarle claramente que todos los posibles culpables de los delitos que pretendía investigar habían fallecido, que es la manera más absoluta que existe de extinguir la responsabilidad penal.¿Es por ello que, como pretende el TS, Garzón, ha prevaricado? No, simplemente porque el propio artículo punitivo dice que se comete dicho delito dictando, a sabiendas, una resolución injusta, e injusto no es pretender  investigar los crímenes horrendos del franquismo, digan lo que quieran las leyes, la actuación de Garzón será, en todo caso, ilegítima pero no injusta.Es lo mismo que sucede en el caso de los controladores. La ley, el Estatuto de los Trabajadores, en su art. 1º, puede cantar misa, pero unos señores que ganan al año, por promedio, de 100 a 200 millones  de pesetas no son asalariados porque un salario no es nunca una retribución de esa cuantía. Y no es necesario para ello siquiera recurrir a su etimología que deriva de la cantidad de sal que percibían los soldados romanos por la prestación de sus servicios, basta con comparar su importe con las cantidades que perciben los  funcionarios de élite de la Administración, jueces, notarios, registradores, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, etc., todas ellas, por supuesto, inferiores a las percepción media del cuerpo funcionarial al que nos referimos.Si se nos permite realizar la función de abogado del diablo, si un controlador realiza para el Estado, o ente que lo sustituya, la función de asegurar la fiabilidad del tráfico aéreo, un notario o un registrador tienen también encomendada la función de asegurar la fiabilidad del tráfico comercial, y perciben seguramente una cantidad de dinero menor por ello, pero, se me dirá, ambos funcionarios notario y registrador, perciben dicha retribución directamente de los prestatarios de sus servicios, mientras que los controladores la perciben de un único prestatario, o Aena o el Estado.Pero yo creo que puedo responder que esto no es sino una más de todas esas ficciones jurídicas que nos rodean.El “salario” de los controladores lo paga, en realidad, el usuario de los servicios de navegación aérea, y llega a ellos a través de un intermediario, Aena o el Estado, que, en realidad, no pagan nada como contraprestación al servicio que prestan los controladores porque ellos no son los receptores auténticos y directos del beneficio que supone el trabajo profesional de dichos funcionarios, sino que  tan sólo son los administradores y los aseguradores de dicha percepción.O sea que sostener que los controladores trabajan en última instancia para Aena o el Estado no es sino una ficción jurídica más de las tantas que soportamos todos los justiciables, contra las que yo, por lo menos, me rebelo.