Al contrario, su aplicación despierta incertidumbre y desconfianza entre los gremios. En el contenido de la norma se plasma la habitual indiferencia que gobierno tras gobierno le han dado a una industria que pareciera crecer más por los principios de la inercia que por la atención oficial.
La primera voz de alerta surgió ante la disposición asumida de destinar los recursos parafiscales del Fondo Nacional de Turismo para atender los pasivos pensionales y laborales del sector hotelero. Frente al rechazo de Cotelco, el Gobierno suavizó la polémica al explicar que los dineros utilizados serán tomados a título de préstamo y se devolverán en el transcurso del tiempo al Fontur para dedicarlos a su verdadera destinación: la promoción turística. La tajada de arranque será un anticipo superior a los $6.000 millones, dirigido al rescate del emblemático Hotel El Prado, en Barranquilla.
Allanada la controversia, tras el compromiso del Gobierno, quedan sobre el tapete otros dos artículos que igualmente prenden luces rojas y, en consecuencia, tampoco producen aromas de tranquilidad para los empresarios. En reglamentación de uno de ellos, modificatorio de la Ley 1558 de 2012, sobre la composición del Comité Directivo del Fondo, entidad que cumple la función principal de recaudar, administrar y ejecutar los recursos de promoción, el MinComercio, sin mayor dilación, acordó ya su nueva estructura y sacó de un solo tajo a cuatro de los seis representantes gremiales.
El empujón dado para sacarlos del Comité, donde tenían asiento voceros provenientes de esa disímil amalgama de subsectores que conforman la industria turística, deja, en consecuencia, a varios de los principales aportantes por fuera de la mesa de las decisiones.
La otra disposición marcha por igual camino. El PND le concede al Ministerio, o en su defecto al Fontur, la facultad de ejecutar los recursos del Presupuesto Nacional para infraestructura turística, promoción y competitividad, así como el recaudo del impuesto al turismo, y ordena transferirlos al patrimonio autónomo. Con la suma de ambas medidas, los miembros privados de la industria, que conocen de primera mano sus problemas y tienen el ojo experimentado para sugerir prioridades, habrán de limitar su participación a seguirle el paso a su esquiva pareja gubernamental, que con el Plan de Desarrollo, sancionado por el presidente Santos, reitera la poca importancia que se le otorga al turismo en sus estrategias y políticas públicas.
Esta industria es hoy en día la primera productora de divisas del país, le aporta casi 6 puntos al PIB y participa con más de millón y medio de plazas laborales. El papel del sector privado en el contexto de la misma resulta positivo. Se ha comportado como buen gregario para apalancar su desarrollo e impulsarlo como motor de la economía. La ministra de Comercio, que pareció entrar con tantos bríos a liderar el sector y a hacer buenas migas con la contraparte, debería escuchar la voz de los empresarios para construir y multiplicar con su ayuda las fuerzas creadoras del mercado.
En estas épocas de solidaridades, y cuando tanto se convocan los esfuerzos público privados, resultaría conveniente multiplicar experiencias conjuntas para articular intereses diversos. Sacudir las relaciones con los gremios turísticos, que en muchas de las decisiones de la industria, como se registra en los planes de desarrollo, han sido, ni más ni menos, que “convidados de piedra”.
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