La astucia de la que presumía Artur Mas para librarse de un severo castigo judicial al convocar su pseudo-referéndum tenía poco secreto: sabía que la Junta de Fiscales catalanes haría todo lo posible para no acusarlo ante el Tribunal Superior de Justicia catalán al menos por desacato y malversación de fondos.
La posible querella contra el presidente de la Generalidad se discutió durante toda una semana y se discutirá aún este lunes entre los nueve miembros de esa Junta, que aunque dependen del Fiscal General del Estado y del Superior de Cataluña, varios pertenecen al entorno físico e ideológico del encausable.
Ahora es cuando influye negativamente en la justicia la cercanía, la familiaridad, la relación social o amistosa, y el agradecimiento por haber contribuido al nombramiento, junto con la ideología “patriótica”.
El paisanaje es una endogamia positiva entre quienes se encuentran lejos de su tierra y quizás aislados, entre gente extraña, pero entre cercanos facilita la corrupción.
Uno de los problemas de la justicia española, aparte de sus pocos medios, es la tendencia creciente a que quienes deben juzgar a sus cercanos no sean desconocidos sin interés posible en las causas.
Aceptar esta proximidad endogámica amparándose en su eficacia en países donde los jueces son electos de sus vecinos es un error aplicándola a España.
El juez o fiscal español lo es por oposición o “por méritos” frecuentemente políticos (cuarto turno), por lo que puede pensar que no se debe a todos, Estado y ciudadanos, e interpretar la ley subjetivamente, como ahora los fiscales catalanes.
Este paisanaje corrompe la democracia, como los jueces y fiscales sicilianos que nunca encausaban a los jefes mafiosos.
Y esto no es justicia, y menos aún ante el posible desmembramiento, “astuta” pero inicuamente programado, de una magnífica España.
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