Los ciudadanos sin poder político están sometidos a tres clases de corruptos que utilizan los cargos políticos o técnicos para enriquecerse, crecer y multiplicarse: los locales, los autonómicos y los nacionales.
España es un país de gente fácilmente corruptible, como reflejan su literatura clásica, la contemporánea y, ahora, los tribunales.
Clientelismo y endogamia han contaminado todo, y cuanto más cercano estén el político o el funcionario, más explota al ciudadano.
Siglos de pícaros recaudadores de impuestos, servidores reales y eclesiásticos que contagiaban al pueblo, y este se añadía al impudor: todos ladrones, tú me robas, yo a ti también.
Hay que pagar a mucho técnico municipal para que apruebe un proyecto, a los que enchufan a nuestros hijos en alguna Diputación, que es el criadero de polluelos del partido dominante, o al compañero sindicalista que nos mete en el ERE de una empresa en la que nunca hemos trabajado.
Añadamos los corruptos de la Comunidad, modelo Palau de la Música en Barcelona, luego los de Génova y Ferraz, y, finalmente, los del Estado.
España era el país donde “más fácil se hace uno rico”, que decía el ministro Solchaga en los primeros 1990. Por eso, todos decidieron tener casa, coche, yate y mujer (u hombre) nuevos.
Y como los sueldos no son muy altos, extorsionamos al ciudadano, que entra en la máquina corruptora esperando poder corromperse también.
Para obtener sus nuevas riquezas los corruptos más lejanos del ciudadano, los estatales, explotan a las grandes empresas; los autonómicos a las mismas empresas y, además, a las pymes, y los vampiros locales, al ciudadano medio: usted.
Cuantos más corruptos de los escalones cercanos desaparezcan, mejor para la ciudadanía: por eso son preferibles los corruptos lejanos que propone la reforma de la Administración Pública.
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