Los socialistas que comienza a dirigir Pedro Sánchez acaban de anunciar que acudirán al Tribunal Constitucional para que revoque “el pucherazo” que permite la reducción de 16 diputados autonómicos de Castilla-La Mancha, de 49 a 33, impuesta por la presidenta María Dolores de Cospedal.
La también secretaria general del PP aprovechó su mayoría absoluta autonómica y la de su partido en el Congreso de los Diputados para imponer esa reducción en un nuevo Estatuto castellanomanchego.
Previamente, Cospedal, que ganó para el PP por mayoría absoluta las elecciones regionales de 2011 tras 28 años de gobiernos socialistas, ya había eliminado los sueldos de los diputados regionales para pagarles solamente dietas.
Simultáneamente sometió a la región, de 2,1 millones de habitantes y que es casi la sexta parte de España en superficie, a sensibles reducciones de gasto público para reducir el déficit del 7,3 por ciento.
Si los socialistas hubieran querido reconquistar la región podrían haber propuesto la reducción del número de políticos alegando, como ella, que eran un despilfarro, que había que ahorrar y reducir lo que después el partido de las casta chavista y castrista Podemos le llamó “La Casta”.
Cospedal se anticipó a esa formación y consiguió hacer atractivos sus recortes, pese a que algunos afectaron a la asistencia sanitaria. Y se los perdonaron solamente porque redujo la clase política.
Y así, en las elecciones europeas de 25 de mayo Cospedal obtuvo el 37,73 por ciento de los votos, el PSOE el 28,7, mientras que los sorprendentes chavistas, se quedaron en el 6,35 por ciento, quintos, por debajo de UPyD.
Seguramente el fenómeno Cospedal no responde a su frugalidad, sino que supo vender sus supuestos ahorros, mientras que las izquierdas tradicionales aparecen como extractoras de dinero público para sus crecientes aparatos burocráticos.
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