En este país en el que las adolescentes menores de 16 años pueden abortar legalmente sin conocimiento de sus padres ya no quedan controles sociales ni morales, ni siquiera el derecho de las familias a imponerles disciplina.
El caso de Marta del Castillo, la menor de 17 años asesinada y violada por, al menos, su exnovio y por sus amigos cómplices, permite recordar que la ausencia de vigilancia sobre su mundo facilitó que cayera en las redes de esos malvados, con los que se fotografiaba mostrando intimidad para después colgar las imágenes en las redes sociales.
No hacía nada extraordinario ni distinto a lo de tantos chicos jóvenes de su liberada generación: si sus padres se lo prohibieran podrían acusarlos ante policías, jueces y la Junta de Andalucía de crueldad y de abuso de autoridad.
Porque el llamado progresismo zapaterista impuso la plena libertad a los menores retirándole coercitivamente la patria potestad a los progenitores, como demuestran la ley del aborto y las numerosas denuncias de adolescentes contra los padres estrictos.
Mientras, en colegios e institutos se da por correcta cualquier conducta. Se premia rehuir el esfuerzo, la disciplina y la voluntad de trabajo.
Los alumnos superan cursos con numerosas asignaturas suspensas, y si no quieren estudiar, se propone pagarles para que lo hagan.
Las noches son para divertirse con las drogas y el botellón, que aunque se prohíba se tolera, y para las relaciones sexuales promiscuas, para las que las autoridades reparten preservativos y píldoras abortivas gratis, e imparten más cursos sobre las formas de obtener todo género de placer que sobre materias lectivas.
Han creado numerosas sociedades de jóvenes hedonistas, y sin códigos morales algunos experimentan incluso con la muerte de los más inocentes.
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