Criminalizar la protesta para que los manifestantes sean considerados delincuentes y justificar la represión serán la principal arma del nuevo gobierno de EPN, al estilo de los anteriores regímenes priistas.

Criminalizar la protestaAurelio Contreras, Agenda mx. 05 12 12
Los actos vandálicos del pasado 1 de diciembre siguieron un guión perfectamente estructurado, planeado y dirigido. A como diera lugar, había que mostrar como violentos delincuentes a los inconformes con la asunción al poder de Enrique Peña Nieto, para de esa forma justificar su represión.
Es una novela que ya hemos visto antes. Está incluso en los libros de Historia de México. El uso de grupos de choque al servicio de “quién sabe quién” para infiltrar manifestaciones y reventar movimientos es harto conocida, desde las protestas de ferrocarrileros en el sexenio de Adolfo López Mateos, las de doctores y estudiantes en el diazordacismo, y por supuesto, el “halconazo” de tiempos de Luis Echeverría. Baste recordar que se reconoció la existencia del Batallón Olimpia y de los Halcones sólo al paso de los años, cuando los delitos habían prescrito o los responsables habían muerto. 
En todos esos casos, la disidencia fue tachada de violenta e intolerante en los medios de comunicación, gracias a que esos grupos de choque “les hacían las chamba” para presentarlos así y que la sociedad justificara que se les reprimiera con lujo de brutalidad.
Con las debidas y muy marcadas diferencias, lo sucedido el sábado pasado fue la repetición de una película muy vista, pero que el público sigue viendo como si fuera nueva. La actuación de los provocadores, de los grupos de choque, fue visible, está documentada, es hasta obvia. 
Nadie puede creerse que un estudiante del #YoSoy132 o cualquier activista con dos neuronas funcionando supusiera que destruir comercios, monumentos y bancos le ayudaría en algo o que recibiría apoyo popular. Ni el más radical alumno de Filosofía y Letras de la UNAM se aventaría la jalada de grafitear “San Marx” en una pared mientras marchaba, por lo ridículo que suena.
Pero los autores intelectuales de los disturbios lograron su objetivo. Prensa, radio y televisión “masacraron”, mediáticamente hablando, a los participantes en las protestas, quienes además fueron metidos en el mismo saco que los verdaderos delincuentes y repelidos a macanazo limpio, balas de goma y gas lacrimógeno a discreción. 
Varios de los detenidos el 1 de diciembre, que sólo ejercían su libertad de expresión y su derecho a disentir, se enfrentan ahora a la posibilidad de ser condenados hasta a 30 años de prisión por el simple hecho de estar ahí, cuando los atacantes capturados por la policía han reconocido expresamente que recibieron dinero por hacer desmanes. La ley se debe aplicar con justicia y castigar a quien sí haya delinquido. Nada más, pero nada menos.
Criminalizar la protesta para justificar la represión es una táctica de gobiernos rancios, podridos y autoritarios. Si Enrique Peña Nieto quiere de verdad construir una administración y una nación moderna, ésa que delinea en su Pacto por México, debe enmendar el camino y escuchar a todas las voces. La estrategia salinista del “ni los veo, ni los oigo (pero los madreo)” no puede ser el eje de la gobernabilidad en el México actual.
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