Este derecho significa que las Instituciones y órganos de la Unión Europea están obligados a tratar cada asunto de forma imparcial y con equidad, sin demorarse demasiado en el plazo de respuesta.
Pero también implica una serie de factores: el derecho a ser escuchados cuando un asunto nos afecta negativamente, pero también a acceder a la información recogida en el expediente del caso; el derecho a que se compense el daño causado por las decisiones adoptadas en las Instituciones europeas, generalmente mediante una indemnización; y que si escribimos en una de las lenguas oficiales de la Unión Europeo las instituciones europeas nos deben contestar en la misma lengua.
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