Cuando el Gobierno es un títere de las compañías eléctricas.

  Antonio Moreno Alfaro, creador de la web estafaluz
Antonio Moreno Alfaro, ingeniero industrial jubilado creó la web estafaluz, en donde se cuentan las más de 9.000 reclamaciones recibidas y la total impunidad de las grandes eléctricas con pagos por parte de los usuarios de 12.000 millones de euros por servicios inexistentes y subidas continuadas de las facturas. Un incremento que, a lo largo de este año que termina, ha subido más del 28 por ciento. Según cuenta Moreno, la denominada mafia del kilowatio “está formada por dos familias principales: la familia política, integrada por el PSOE y el PP, que aporta el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la protección de la Administración Pública y el Congreso, y la familia financiera, formada por las cinco grandes compañías integradas en Unesa, que actúa de capo y marca las directrices a la familia política. Hay una tercera familia, formada por las empresas multinacionales fabricantes de contadores de energía eléctrica, pero su importancia es secundaria, ya que está subordinada a las compañías eléctricas, debido a que éstas adquieren al menos el 90% de su producción y forman parte de los consejos de administración de dichas empresas. Si los ciudadanos fueran conscientes de la impunidad  que el Gobierno ha permitido a las eléctricas, habría una revuelta popular”.
Moreno Alfaro inició la lucha en 1994. Desde entonces ha conseguido reunir documentos oficiales que demuestran de forma fehaciente e irrebatible que el Gobierno colabora activamente desde 1984 en dos delitos, en connivencia con las compañías eléctricas y las multinacionales fabricantes de contadores de energía eléctrica. “Hay verdaderamente un vacío legal con importantes consecuencias. Primera, los usuarios llevamos pagados casi 12.000 millones de euros a las compañías eléctricas por un servicio inexistente, y segunda, los 13 millones de contadores electromecánicos que aún no han sido sustituidos por contadores telegestionables carecen por completo de fiabilidad, marcando casi la totalidad de ellos más kWh de los realmente consumidos por los usuarios. La protección dada por la familia política a la familia financiera permite a ésta actuar con total impunidad, pues dicha protección paraliza u obstaculiza la investigación de todos los delitos que denuncio, incluso a pesar de las numerosas pruebas documentales existentes y de que algunos de ellos hayan sido reconocidos por escrito por sus autores y queden al descubierto mediante una simple multiplicación de dos números”.
Antonio Moreno cree que los ciudadanos no son conscientes del poder de corrupción que tiene la mafia del kilowatio y del perjuicio económico que les ocasiona dicha corrupción. “Si los ciudadanos lo fueran, habría una revuelta popular. Desde el nueve de junio de 2008, en que abría la página web, he recibido más de 9.000 consultas, de las cuales he atendido unas 6.500, sin contar las de respuesta inmediata.  Desde principios del mes de octubre no atiendo casi ninguna consulta, por estar dedicado principalmente a redactar y documentar las tres denuncias de las que hablé antes. La información que me han facilitado las personas que me han consultado me ha permitido reunir una extensa documentación que pone claramente de manifiesto tanto la planificación con la que las compañías eléctricas cometen sus abusos como la colaboración activa o pasiva de la Administración Pública, colaboración sin la cual dichos abusos serían imposibles”.
El motivo de que los españoles tengamos uno de los precios más altos del kWh doméstico es debido, según cuenta  Moreno Alfaro, “a que el Gobierno es un títere de las compañías eléctricas. Y ello hasta el extremo de obedecer al pie de la letra las directrices marcadas por Unesa y de copiar dichas directrices, incluidas comillas y faltas de ortografía, en documentos oficiales, aunque el documento oficial sea el BOE y la medida ordenada por Unesa sea el encubrimiento de la estafa en los precios de alquiler de los contadores electromecánicos, con objeto de continuar cometiendo legalmente dicha estafa tras haberla puesto yo al descubierto con documentos oficiales requisados por inspectores de la Comisión Europea”.