Cuando el monte se quema… lo queman.

Ningún monte se quema por sí mismo, por combustión espontánea, sino que siempre lo queman agentes externos a él, como consecuencia de fenómenos atmosféricos, negligencias humanas y hasta actuaciones deliberadas. Cuando el monte se quema, algo que pertenece a todos es arrebatado con la violencia del fuego por cualquiera de las causas apuntadas, ninguna de ellas naturales -salvo la primera- ni respetuosas con un patrimonio que nos pertenece. La masa forestal de nuestro país es un bien que se debe preservar, no sólo por su valor intrínseco, sino también porque influye en la calidad de vida de la población y por las repercusiones económicas, ecológicas y biológicas que tiene. Ningún incendio forestal es inocuo al interés colectivo de la población de España. Y, sin embargo, este año ha sido el más nefasto en cuanto a incendios forestales se trata, ya que la superficie calcinada ha sido un 20 por ciento mayor que la de años precedentes. ¿A qué es debido?
Las explicaciones oficiales achacan los incendios de 2015 a las altas temperaturas y la ola continuada de calor estival que se ha producido durante el mes de julio, aunque el calor, siendo un factor determinante, no hace arder un árbol. En la ciudad hace el mismo o más calor que en el campo y no arden los jardines. Se sabe que, en España, sólo el 10 por ciento de los incendios forestales obedece a causas naturales, como puede ser un rayo. El resto, la inmensa mayoría de los fuegos, se debe a la mano del hombre, bien porque los provoca intencionadamente o porque los produce como consecuencia descuidos o prácticas agrícolas, como la quema de rastrojos, barbacoas mal apagadas, colillas de cigarrillos aún encendidas, chispas de vehículos, cristales rotos que actúan como prismas, etc. También la falta de prevención y de limpieza del monte favorecen la magnitud de un incendio, al no precaver cortafuegos que limiten su propagación y permitir que la maleza seca sirva de carburante del fuego.
A todas estas causas que hacen posible un incendio forestal, hay que añadir los intereses especulativos o gremiales que inducen a un pirómano a quemar el monte. La posibilidad de recalificar zonas forestales quemadas, como permite ahora la reciente reforma de la Ley de Montes, aprobada a instancias del Partido Popular, representa un paso atrás que invita a prender fuego. Pero, con todo, mayor incidencia tienen aún los recortes en las partidas presupuestarias que dedican las distintas administraciones a la prevención, los equipos de extinción y las medidas de reconstrucción de las superficies incendiadas.
Los devastadores incendios declarados en la Sierra de Gata (Cäceres), Ódena (Cataluña) y en diversos puntos de Galicia y Andalucía, afectando a miles de hectáreas de superficie arbolada y suelo agrícola, despiertan las sospechas, si no sobre la intencionalidad especulativa, sí al menos de la negligencia y la poca voluntad de abordar un problema de enorme magnitud y gravedad. Un problema que afecta al 54 por ciento de la superficie total del país considerada masa forestal. Son 30 millones de hectáreas de suelo forestal, de las cuales dos tercios están en manos privadas: medio país que puede generar mucha riqueza para unos pocos, si se les deja “rentabilizar” el bosque.
Por eso, si se eliminan leyes disuasorias que impiden recalificar las superficies quemadas, especular con los productos forestales (madera quemada) y limitar el uso de las zonas afectadas, se está favoreciendo los incendios intencionados por intereses especulativos. O lo que es lo mismo, se está favoreciendo la transformación, mediante el fuego, de montes y masas forestales, indispensables para la vida animal o vegetal, en zonas urbanizables, aunque tal transformación suponga poner en peligro la integridad de personas y  bienes de los que habitan el monte y sus aledaños (población rural, ganaderos, agricultores). 
Este verano ya hemos contemplado los estragos que provoca el fuego, arrasando miles de hectáreas de suelo virgen y naturaleza paisajística de extraordinario valor. Pero también hemos contemplado cómo se reducen los recursos para combatir los 7.750 incendios producidos desde el 1 de enero al 26 de julio, de los cuales 4.700 eran conatos. También hemos visto las restricciones salariales, tendentes a su privatización, del personal de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), empujándolas a la huelga. E, incluso, cómo se modifica la ley para suavizar sus prohibiciones. Si a todo ello añadimos unas condiciones atmosféricas de intenso calor, no podrá extrañarnos que este año esté resultando el más destructivo en cuanto a incendios forestales se refiere. Pero que no nos digan que el monte se quema. Que digan la verdad: lo están quemando entre unos y otros.