Cuando el poder se torna rutina

¿Verdad o mentira?  Ambas, pues conviven en la misma moneda de canto estrecho, dependiendo de la oportunidad del momento y de la sutileza y subjetividad de cada mente, aprendidas o inducidas por reiterados mensajes de opinión al respecto; veamos, en el caso del ex-honorable Pujol,  fue respetado durante decenios y declarado enemigo público número uno recientemente, sin intermedios, y yo me pregunto:  ¿no fue antes el oscuro caso de banca catalana y el delito fiscal que la concesión del molt honorable?, ¿desde cuando se le conocen irregularidades fiscales?, ¿fueron las corporativas “altas razones de Estado” las que motivaron el maquillaje y ocultamiento legal de su ahora publicado fraudulento comportamiento, permitiendo que “disfrutara” de  la molt honorabilidad?
¡Cuán efímeras y mutables, amén de interesadas, son las razones de Estado!
Pillerías y picarescas punibles aparte, desde hace algunas elecciones  los partidos políticos dicen haber escuchado el mensaje de la urnas, que deben rectificar y cambiar sus comportamientos y el de sus miembros respecto a la sociedad, a los ciudadanos……pero parece que vence el afán electoralista de mantenerse en el poder; por ejemplo, a finales de julio hemos oído que los asesores de Rajoy le aconsejan que promueva un adelanto electoral para ganarle la partida a Sánchez, Iglesias y Más, con el objetivo de mantener el máximo el apoyo electoral, NO PARA lograr un gobierno fortalecido interna y externamente que favorezca la posición del Estado y permita aprobar políticas sociales que alivien el sufrimiento del pueblo soberano (empleo, sanidad, educación, igualdad etc.etc.), NO, sino para seguir ejerciendo el poder de manera rutinaria, por mantenerlo.
La posibilidad de remover el pasado priorizando el interés electoralista sobre el de representación y defensa de los intereses públicos y problemas de los ciudadanos (que debería presidir la actividad pública) es un atentado contra la esencia de la democracia, además de desacreditar la legitimidad de los acusadores (dueños todos de un pasado tan sujeto a reconsideración como el de Pujol, ojo) por la manifiesta arbitrariedad negligenteen la elección de tiempos y objetivos que ello supondría.
En Extremadura, hemos asistido hace unos días a la descalificación política del diputado Miguel Bernal por presuntas irregularidades en la concesión o justificación de subvenciones concedidas a Aeceo y Foro Empleo, con bombardeo mediático de noticias al respecto; cabe interpretar que la finalidad fuese electoralista, pues si el objetivo fuera otro, bastaría con poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que evaluara la existencia o no de delito y actuara en consecuencia ¿no creen?, en lugar de tantas ruedas de prensa involucrando a terceras Instituciones, no personadas y calladas ¿y si luego se demuestra que no hubo trampa ni cartón? ¿quién restituye el daño causado en la honorabilidad personal? ¿quién exige responsabilidades a quienes lanzaron sombras contra la responsabilidad profesional de las Intervenciones de estas Instituciones? La Asamblea Regional  no ha avalado, de momento, la presunción de inocencia en este caso, como habría sido de esperar en coherencia con el reciente intento de penalizar los comentarios en las redes sociales respecto de sus diputados.
Todo es revisable, y seguro que alguien hubiera hecho esto o aquello de otra manera, mas o menos eficiente según gustos, pero la posibilidad subjetiva de resultados distintos en el pasado no implica la existencia obligatoria de conductas sancionables, por lo que habría que regular normativamente el procedimiento, objetivos y  responsabilidades de la revisión política del pasado y su publicitación, cuyos alcance, efectos y consecuencias  deberían garantizar su consideración positiva como lecciones aprendidas, exclusivamente en beneficio del interés general, no como arma arrojadiza para quitar del medio a los jugadores de otros equipos de la liga y seguir ejerciendo el poder como rutina de poder.
Haber cuando entendemos que la Transparencia y Buen Gobierno no sólo afectan al manejo de los fondos públicos, sino al porqué y para qué de todos los SERVICIOS, INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PUBLICAS, cuyas competencias no son patrimonio usufructuario de élites ni de grupos de poder.
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