Cuando el sueldo municipal baja...

Fachada del Ayuntamiento de San Agustín de Gaudalix.

José Luis Pérez Balsera, con Esperanza Aguirre.
Miembros de la nueva alcaldía de San Agustín de Guadalix.

La crisis económica ha provocado desastres, pero es en el terreno político en donde más se notan las rebajas o los vanos intentos por mantenerse. Viene esto a cuento por lo sucedido en el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix (11.300 habitantes) en donde, a principios de mayo, Amalia Gutiérrez, concejala popular de Servicio Sociales, apoyaba, con su voto, la propuesta del PSOE de rebajar el sueldo del alcalde, del PP, y de los miembros del equipo de gobierno. “He sido, soy y seré toda mi vida del PP –comentaba entonces Amalia–. Pero, he votado con el PSOE porque estoy de acuerdo con la propuesta que hizo. ¿Por qué voy a rechazar algo que mi conciencia me dice que está bien aunque no haya sido propuesto por mi grupo?”. Con esta iniciativa aprobada por la oposición y rechazada por el PP, el sueldo del alcalde pasaba de 62.000 a 50.000 euros al año. El de los tenientes de alcalde, de 36.000 a 21.000, mientras que los ediles con dedicación exclusiva, de 32.000 a 27.000. La moción también incluía reducir las líneas de teléfono móvil, limitar los gastos de protocolo con otras administraciones públicas y permitir a los ciudadanos que pagaran sus impuestos en 12 mensualidades.
Seis semanas más tarde, en el pleno del sábado pasado, un grupo heterogéneo de seis concejales de la oposición –dos ex socialistas, dos ex populares (uno de los cuales era la misma Amalia Gutiérrez) y tres del partido local Agrupación Independiente de San Agustín–, presentaba una moción de censura contra el regidor, José Luis Pérez Balsera (PP). El “rifirrafe” político fue de órdago. Simpatizantes de ambos partidos cruzaron insultos, amenazas y algún conato de agresión, lo que obligó a la Policía a desplegarse para evitar que la sangre llegara al río. El nuevo alcalde, Jesús Sainz, (ex socialista) recibió aplausos y abucheos por parte de más de 300 personas que acudieron a la sesión, pese a las llamadas al orden de Amalia Gutiérrez, presidenta de la mesa.
Balsera señalaba que “la situación financiera del municipio era una de las mejores de la Comunidad de Madrid” y que, a final del año pasado, la corporación no tenía deudas “con los bancos ni a nivel nacional”. “Rechazo –aseguraba– con toda rotundidad los argumentos de la oposición”. Pero Sainz, alcalde entrante, defendía la necesidad de la moción “por la situación de desgobierno que existe” y por la mala gestión y los “incumplimientos” de Balsera”. La calificaba de “prolongada y costosísima película de serie B” en la que el alcalde “no ha hecho prácticamente nada de lo que prometió, sino despilfarrar. Su etapa ha estado compuesta por 1.903 días de Gobierno autista. Se ha burlado de este pleno al no hacer nada de lo prometido. Nulo diálogo, que ha tenido paralizada a esta ciudad durante tres años”. Prometía mayor participación de los ciudadanos y anunciaba que el nuevo equipo de Gobierno se bajaría su sueldo. “Ni las comidas, ni las cenas de los concejales volverán a pasarse al Ayuntamiento. Y de los 62.000 euros que ganaba el anterior alcalde, voy a pasar a ganar 46.500”.
Con ésta son ocho las mociones de censura que han prosperado en la Comunidad de Madrid desde las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. Cinco de los ocho alcaldes desbancados son del PP (Leganés, Hoyo, Pinto, Villarejo y San Agustín), dos del PSOE (Galapagar y Velilla) y uno de una plataforma independiente (Villalbilla). “En el PSOE –sostenía Balsera– se expulsa a quien incumple el pacto antitransfuguismo; en el PP se les permite seguir y, en determinados casos, como en el del señor (Eduardo) Zaplana, se puede llegar a ser ministro”. Asistió a este acto el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granado, sin decir ni pío. Luego, declaraba que la moción había sido “una gran estafa” de un grupo de concejales contra los ciudadanos de San Agustín, con lo que echaba más leña al fuego. A su juicio, lo que había ocurrido era la “reedición” del caso de Benidorm.