Cuarenta años de derogación nos contemplan

Tras cuarenta años derogando activamente algunos artículos de la Constitución de manera impune y sin mecanismo democrático alguno que permita a los ciudadanos defenderse del abuso de las autoridades, va siendo hora de actualizar la citada Constitución para que refleje verdaderamente los logros legislativos de estas cuatro décadas. Por lo tanto sería necesario sólo modificar unos pocos artículos para que esta vez sean veraces y acordes con la realidad española, quedando el texto de los mismos como sigue:

Artículo 35

Los españoles NO tienen derecho al trabajo, NI a la libre elección de profesión u oficio, NI a la promoción a través del trabajo NI a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso No pueda hacerse discriminación por razón de sexo o edad.

Artículo 39

Los poderes públicos NO aseguran la protección social, NI económica NI jurídica de la familia.

Los poderes públicos NO aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, NO iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, NI de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad, o NO.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Los niños NO gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que NO garantice la asistencia NI prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
Artículo 47
los españoles NO tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos NO promoverán las condiciones necesarias NI establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, NO regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad NO participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Y así se puede ajustar el texto a la realidad. Para saber quienes han legislado basta con ver quienes son los perjudicados y quienes los que han conservado sus privilegios blindados. Los que realmente se la dieron a sí mismos. Los mismos que gane quien gane, ganan ellos. Resumiendo, el texto tras su interpretación, un mojón.