El Gobierno cubano refutó las acusaciones del país vecino sobre su responsabilidad en la crisis del país petrolero, en una extensa declaración oficial en la que condenó las nuevas medidas de presión anunciadas por Washington, entre ellas la activación del título III de la ley Helms-Burton y nuevas restricciones a las remesas y los viajes.
La Habana insistió en que EE.UU. "miente descaradamente al alegar que Cuba mantiene en Venezuela a miles de efectivos militares y de seguridad, influyendo y determinando lo que ocurre en ese país hermano", el principal aliado del país caribeño en Latinoamérica.
En el texto, publicado en las portadas de los principales diarios del país, la isla acusó a la administración estadounidense y sus aliados de aplicar sanciones concebidas para "asfixiar económicamente" a Venezuela y "generar sufrimiento en la población".
"Washington llega al extremo de presionar a Gobiernos de terceros países para que intenten persuadir a Cuba de que retire este supuesto e inverosímil respaldo militar y de seguridad, e incluso para que deje de prestar apoyo y solidaridad a Venezuela", indica el comunicado.
Según el Estado cubano, los servicios de inteligencia estadounidenses tienen "evidencias más que suficientes, seguramente más que ningún otro Estado, para conocer que Cuba no posee tropas ni participa en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela".
"Si bien, es un derecho soberano de dos países independientes determinar cómo cooperar en el sector de la defensa, lo que no le corresponde a Estados Unidos cuestionar", subrayó el Gobierno caribeño, que recordó que los cerca de 20.000 colaboradores cubanos en Venezuela solo prestan "servicios sociales básicos".
Para La Habana, "debe quedar absolutamente claro", que la "firme solidaridad" hacia Venezuela es un "derecho de Cuba como Estado soberano".
"Ninguna amenaza de represalia contra Cuba, ningún ultimátum ni chantaje del actual Gobierno estadounidense va a desviar la conducta internacionalista de la nación cubana", señala la declaración.
Cuba reafirmó además su "firme determinación" de enfrentar la nueva "escalada agresiva" de Washington, en respuesta al endurecimiento de las sanciones de la Administración del presidente Donald Trump contra la isla.
El Gobierno de EE.UU. anunció ayer miércoles que, a partir del próximo 2 de mayo, activará por primera vez en más de 20 años los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, aprobada en 1996.
La medida que más polémica internacional ha provocado ha sido la reactivación del título III, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. bienes expropiados tras la Revolución, lo que podría propiciar miles de demandas contra compañías extranjeras asentadas en el país caribeño.
El título IV impediría la entrada a territorio estadounidense de directivos y familiares de las empresas que invierten en propiedades nacionalizadas por Cuba después de 1959.
De acuerdo con el Gobierno cubano, estas son acciones que tienen como "fin fundamental imponer la tutela colonial" sobre la isla.
"El Gobierno Revolucionario repudia también la decisión de volver a limitar las remesas que residentes cubanos en los EE.UU. envían a sus familiares y allegados, de restringir aún más los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, y la de aplicar sanciones financieras adicionales", destaca la declaración. EFE
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