Cuba no puede tolerar el tráfico de seres humanos

Por Vincenzo Basile

La noticia publicada hace unos días por todos los medios cubanos acerca de la sentencia dictada contra siete personas vinculadas a un plan de salida ilegal del país, en el que murieron de forma violenta cuatro personas, pone el acento sobre una cuestión pendiente en Cuba y un tema quizás escasamente abordado por los medios de la Isla: el tráfico de seres humanos.

Se trata de un fenómeno cuya exacta magnitud es difícilmente calculable. Índices indirectos, como la emigración ilegal, pueden quizás dar un imagen del potencial cubano para desarrollar este mal. En el último año fiscal, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, 22.162 cubanos lograron llegar, por cualquier vía, a Estados Unidos. Y durante el mismo período, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado en el mar a 2.111 cubanos. Es decir, sin considerar las cifras exactas, inaccesibles, de personas que hayan podido morir en el intento de cruzar el estrecho de la Florida, estamos hablando de más de 24 mil personas que salieron ilegalmente de Cuba en tan solo 12 meses.

En este sentido, debido a la considerable cifra, sería ingenuo e imprudente por parte de las autoridades cubanas – y tal vez es lo que en parte está ocurriendo –,  considerar que este suceso específico pueda ser un caso aislado dentro de un más extenso escenario de emigración ilegal. Al contrario, las autoridades y las más altas esferas del Gobierno de la Isla, tienen el deber y la responsabilidad imperiosa de asumir una automática presunción del delito de tráfico de seres humanos a la hora de tratar el delicado tema de la emigración ilegal, y actuar como si cada salida ilegal del país podría estar escondiendo un más amplia actividad ilegal de tráfico de personas.

Aunque el código penal de Cuba, en su título XV, tipifique el delito de “tráfico de personas”, la experiencia vivida en muchos países de frontera entre el Norte y el Sur del mundo, aconseja que la aplicación de una pena severa (incluso de la pena de muerte, como sugiere la periodista Yadira Escobar) no es de por sí suficiente para detener tales actividades, y que se necesitan otras y más profundas medidas. Las leyes penales, y sus sanciones, deben ser acompañadas por más intensivos controles de la Guardia Costera de Cuba y, sobre todo, por más eficaces investigaciones internas, que involucren un conjunto de policía y fiscalía, dirigidas al descubrimiento y a la prevención de semejante plaga.

Al ser una nación pobre del llamado “tercer mundo”, emisora natural de flujos migratorios, y un país sometido a una belicosa ley norteamericana que trata de estimular por cualquier vía las salidas ilegales, Cuba debe esforzarse más profundamente contra este fenómeno; Cuba debe poner más énfasis en la prevención y menos en la sanción; Cuba no puede tolerar ni actuar débilmente frente a todo tipo de acción que esté dirigida a la promoción del tráfico de los seres humanos.

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