En apenas una semana, Cuba presentará por tercera vez en Ginebra, Suiza, un informe para el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos, área en la que la isla muestra resultados inalcanzables para muchos países.
La mayor de las Antillas acudió antes en 2009 y 2013 al mecanismo establecido a raíz del surgimiento en 2006 del Consejo de Derechos Humanos, órgano que sustituyó a la Comisión de igual nombre, que por décadas estuvo rodeada de críticas por la selectividad y el doble rasero utilizados en su seno contra naciones del Sur empeñadas en labrar su propio destino.
El EPU implica la revisión cada cuatro años y medio de la ejecutoria en materia de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU, que se presentan en igualdad de condiciones al examen, prestos a escuchar recomendaciones del resto de la comunidad internacional.
Cuba llevará por tanto a Ginebra los resultados del último lustro, en sintonía con las recomendaciones que aceptó en 2013 y en el contexto de la actualización de su modelo socio-económico y de la vigencia del bloqueo que por casi 60 años le ha impuesto Estados Unidos, cerco al que la isla califica de principal violación de los derechos humanos de su pueblo.
En una reciente intervención, el embajador cubano ante la sede de Naciones Unidas en la ciudad suiza, Pedro Luis Pedroso, reiteró el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos.
‘Alcanzar una mayor justicia social y bienestar para todo nuestro pueblo, en el ejercicio de las más amplias libertades reconocidas por la Constitución y las leyes, es uno de los objetivos que persigue el proceso en curso de actualización’, aseveró.
Una de las cuestiones a mostrar con orgullo en el EPU es la prioridad que el Estado otorga al tema, ilustrada en aspectos como el presupuesto en ejecución este año.
Del total de gastos programados, el 55 por ciento están destinados a la actividad presupuestada, en la que sobresalen las esferas de educación y salud.
Dicha prioridad constituye un paradigma de justicia social y de protección de los derechos humanos, inalcanzable hoy para muchos países y en particular para nuestra región geográfica, afirmó al respecto la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza.
Según lo aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Cuba invertirá este año alrededor de ocho mil millones de pesos (con paridad al dólar) en educación y cerca de 10 mil 400 millones en salud pública y asistencia social, para asegurar servicios universales y gratuitos a su población.
La Ley del Presupuesto del Estado para 2018 incluye gastos en educación básica para garantizar la matrícula de la totalidad de los niños y jóvenes en los niveles correspondientes a preescolar, primaria y enseñanza media, estimados en un millón 775 mil alumnos.
También abarca la presencia en las universidades del país caribeño de unos 185 mil estudiantes.
Por su parte, la partida dedicada a la salud ampara la prestación de más de 200 millones de consultas médicas, los gastos de los pacientes ingresados, así como el funcionamiento de los servicios de estomatología y el desarrollo de salas especializadas.
Particular atención reciben el programa materno-infantil y los procesos inversionistas en distintas instalaciones, incluidos hospitales y policlínicos.
Los resultados a presentar en el EPU explican por sí solos el éxito de semejante visión.
Cuba cerró 2017 con una mortalidad infantil de 4,0 por cada mil nacidos vivos, cifra inédita en su historia y alcanzada por pocas naciones, mientras que en junio de 2015 fue reconocida como el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH/Sida y la sífilis.
Además, eliminó 14 enfermedades infecciosas y logró que otras nueve no constituyan un problema, al presentar tasas inferiores a 0,1 por 100 mil habitantes.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La mayor de las Antillas acaba de culminar las elecciones generales 2017-2018, las cuales llevaron a las urnas el 11 de marzo a unos siete millones 400 mil ciudadanos, alrededor del 86 por ciento de los inscritos en el padrón, al que se accede de manera automática al cumplir los 16 años.
Fruto de ese proceso fueron electos 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), cerca de la mitad de ellos propuestos en reuniones de vecinos, en los barrios de las 15 provincias.
Los legisladores instalaron el 18 y 19 de abril la IX Legislatura de la Asamblea, escenario en el cual eligieron por voto directo y secreto al ingeniero electrónico de 58 años Miguel Díaz-Canel como presidente del país con un mandato de cinco años.
El nuevo Parlamento constituye además expresión de la participación política y el empoderamiento de las mujeres, ya que el 53,22 por ciento de los diputados electos son féminas, presencia solo superada en el planeta por Ruanda (61,3).
Con orgullo podemos decir que la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular quedó instalada con 322 mujeres entre sus 605 miembros, lo que ratifica que las cubanas seguirán haciendo historia en un país de dignidad y justicia social, afirmó en declaraciones exclusivas a Prensa Latina la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle.
La Cancillería de la isla manifestó recientemente que al EPU en Ginebra se acudirá con mucho que mostrar en materia de derechos humanos y con plena disposición a escuchar recomendaciones constructivas.
En ese sentido, ratificó que Cuba rechazará, como hizo antes en 2009 y 2013, las posturas claramente dirigidas al cambio de régimen o las sustentadas sobre la base de la politización del tema, la injerencia, la tergiversación y la mentira.
(Tomado de Isla Visión)
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