El desespero de las lacras del Chavismo Venezolano los hace buscar testaferros en el Sur de la Florida. Para ello las personas ideales son los cubanos recién llegados a los EE.UU quienes abren empresas a su nombre con dinero arrebatado al pueblo de Venezuela.
Los testaferros son personas que suplantan, encubren y disfrazan legalmente los delitos prestando su nombre e identidad en este caso a empresarios interesados en el lavado de dinero.
Autoridades de EE.UU arrestaron a los propietarios de una supuesta empresa exportadora de equipos de la construcción en el estado de la Florida, acusados de transferir al menos unos 100 millones de dólares de negocios principalmente venezolanos a cuentas bancarias de funcionarios del chavismo. Dichas cuentas fueron localizadas en los EE.UU y otros países.
Luis Díaz Jr, de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, fueron acusados en la corte federal de Manhattan por conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Ambos hombres, que manejan Miami Equipment & Export Co, fueron arrestados en Miami. El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano.
Según la denuncia, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de cientos de transmisiones de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
También transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano sin nombre, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitan.
En 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de Shell de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia recibió una cuota de 87 218 dólares.
Según el informe de la corte se trata de un caso con presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
Con información de Reuters y Cubanet.
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