Dicen que son inocentes y han decidido presentarse voluntariamente para declarar ante el Supremo. Sin embargo, la decisión tiene truco. Se presentan a declarar para evitar ser imputados y tener que abandonar sus sillones de diputados. Los jueces decidirán si van a la cárcel o no, pero el pueblo los considera culpables de muchos delitos, la mayoría de ellos no tipificados, pero igualmente lesivos para la democracia y la decencia. ---
La jueza Alaya les implica en el escándalo de los EREs mafiosos de Andalucía, una operación delictiva donde altos cargos de la Junta de Andalucía se repartieron el dinero destinado a combatir el desempleo con enchufados y amigos del poder. Como son aforados protegidos por el PSOE, tendrá que juzgarlos el Supremo. Los dos se han absuelto por anticipado y afirman que no hay nada ilegal en sus actuaciones, de las que no sabían nada. La jueza aporta numerosos indicios que demuestran que es imposible que ellos no supieran que sus colaboradores estaban saqueando el dinero público andaluz.
No sabemos si el Supremo los absolverá o condenará, pero muchos ciudadanos afirman sin miedo que son CULPABLES.
Tal vez logren escapar de la condena porque son listos, se ha cuidado y tienen buenos abogados, pero eso no implica que sean inocentes porque les juro que son CULPABLES, por lo menos de haber creado un régimen en Andalucía corrompido e ineficiente, que ha mantenido a la región, durante casi cuatro décadas, en la cola del subdesarrollo español y europeo, un sistema con grietas cuidadosamente diseñadas para que el dinero se escape y caiga en manos de amigos del poder con carné o sus cómplices. El caso del ex consejero Ángel Ojeda es un ejemplo porque recibió un trato preferencial y desigual, que no está al alcance de casi ningún ciudadano: decenas de millones de subvenciones para cursos de formación que no se impartieron, sin que esas entregas fueran controladas, como era obligación ineludible de la Junta.
Pero en Andalucía hay miles de Ojedas y todos ellos han recibido dinero público sin merecerlo y sin control, ya sea directamente o mediante contratos concedidos a dedo, subvenciones arbitrarias, información vital filtrada, expedientes manipulados y cien trucos mas, aprendidos por un poder casi absoluto que lleva demasiados años mandando sin oposición y manipulando la sociedad andaluza a su antojo.
En Andalucía es casi imposible que un empresario pueda vivir sin el apoyo de la Junta. El poder socialista es denso y amplio, tan poderoso e imbricado en el tejido andaluz que habría que recurrir a las viejas repúblicas soviéticas, en tiempos de Breznev, para encontrar un poder público igual.
Chaves y Griñan son culpables, junto con otros socialistas destacados, de haber tejido una red de poder que se parece a cualquier cosa menos a una democracia. Es un poder arbitrario, interesado, complaciente para los amigos cruel para el enemigo, que gasta el dinero público como si fuera propio, sustentado en el miedo y el privilegio, hábil, injusto y dominador de múltiples recursos y trucos, capaz de dominar a jueces, fiscales, periodistas y a una legión de empresarios y profesionales, todos ellos cubiertos de baba y ansiosos de recibir limosnas y concesiones del inmenso poder político andaluz.