De derecho a morir al deber de morir

Leo en Aceprensa que los médicos británicos no quieren que se legalice la cooperación al suicidio. Los partidarios de su despenalización argumentan que así los británicos no se verían obligados a tener que ir al extranjero a suicidarse. De hecho, unos 160 ciudadanos británicos murieron en el famoso centro Dignitas de Suiza.
Actualmente está prohibida la cooperación al suicidio, que se puede castigar con hasta 14 años de prisión. Pero desde el año 2010 no se ha acusado a nadie por este motivo.  Las nuevas directrices responden a la situación creada por la sentencia dictada el año anterior por la Cámara de los Lores en el caso de Debbie Purdy. Esta mujer, aquejada de esclerosis múltiple, quería garantías de que su marido no sería procesado si, cuando la enfermedad estuviera muy avanzada, ella decidía recurrir a él para suicidarse. Los lores accedieron a la petición. Purdy vive todavía, y el año pasado declaró que había aparcado su plan de suicidio al comprobar que su vida no es tan insoportable como ella había imaginado.
Muchos médicos no consideran el suicidio asistido como parte de su cometido, y temen que intervenir en la aplicación de la eutanasia perjudicaría su relación con los pacientes, como declaró uno a la comisión: “El servicio de salud no es el entorno apropiado para un servicio de muerte".
En esta línea, también se ha manifestado la organización Care Not Killing, que promueve los cuidados paliativos. En una declaración firmada por un representante, el Dr. Peter Saunders, advierte: “Si se aplicaran esas recomendaciones, se someterá a personas vulnerables a una presión cada vez mayor para que pongan fin a su vida y así no ser una carga para otros. Esta presión puede ser especialmente intensa en una época de recesión económica, en que las familias y los servicios de salud pasan estrecheces. El llamado derecho a morir fácilmente puede convertirse en el deber de morir”.