De la imparable tendencia centralizadora

La riada de Valencia está abriendo un nuevo debate sobre la vigencia y utilidad del Estado autonómico, afirma en La Vanguardia [La furia centralizadora, 12/11/24] su director adjunto Enric Juliana. Es casi inevitable a la vista de lo ocurrido. Una de las peores tragedias registradas en Europa en los últimos años ha dejado en mal lugar al Estado español y ha dado a conocer la ineptitud del actual gobierno regional valenciano. Los principales medios de comunicación internacionales se han hecho eco de ambas realidades. Durante unos días ha regresado la España trágica y pintoresca. Una tormenta descomunal en el Mediterráneo y un presidente regional perdiendo el tiempo en un ventorro.

La indignación es mayúscula. Lo ocurrido estos días puede reforzar la tendencia a la concentración en la toma de decisiones. La presión para que el Centro tome el mando en Valencia es fuerte y al Gobierno le está costando explicar por qué no lo hace.

La coalición gobernante en España mantiene intactas las competencias de la Generalitat valenciana, pero en la práctica está tutelando su actuación con un comité de emergencias paralelo y el constante envío de ministros. La declaración de emergencia de interés nacional, que no debemos confundir con el estado de alarma, está prevista por la ley del Sistema Nacional de Protección Civil del 2015. El estado de tutela no figura en el ordenamiento jurídico y es el que realmente se está aplicando. Si Pedro Sánchez hubiese tomado el control por decreto ahora le estarían acusando de ‘dictador’. Podemos estar seguros de ello. Mucha gente sospecha que la dirección nacional del Partido Popular, ante la manifiesta incompetencia de sus correligionarios valencianos, quiere traspasar la conducción del drama al presidente del Gobierno,  aun a costa de desautorizar al desacreditado Carlos Mazón. Sánchez a su vez se escabulle apelando al autonomismo.

El Boletín Oficial  del Estado (BOE) ha publicado hoy la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón. Esta declaración viene acompañada de un paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros destinado a paliar los efectos de la DANA. Según cifras oficiales, solo en la provincia de Valencia, la zona más castigada por la gota fría, hay por el momento 199 muertos y 93 desaparecidos.

La ciudadanía asiste perpleja a esos forcejeos. No se puede pedir a la gente afectada por una terrible riada que tenga nociones de derecho administrativo y derecho constitucional para distinguir en medio de la desgracia a quién le corresponde enviar a los bomberos, a las ambulancias, a la Unidad Militar de Emergencias, a los camiones de desatasco, o discernir a quién le corresponde dar consejos sobre el consumo de agua potable. Los ciudadanos tenemos incumbencias, no competencias. Las competencias son del Estado, sea este autonómico, federal o rigurosamente centralizado.

En primer lugar hay que preguntarse sobre la profesionalidad del personal político. ¿Cómo se recluta el personal político? No es de recibo que la consejera de Interior de la Generalitat valenciana desconociese la tarde de autos, según ella misma reconoció, la existencia de un dispositivo de envío masivo de alertas a los teléfonos móviles, ya probado en otras autonomías. ¿Es normal que la Generalitat valenciana haya tenido tres responsables de Protección Civil en dieciocho meses? En el anterior mandato, ese servicio se hallaba adscrito a la Presidencia. (Ximo Puig). En la nueva legislatura pasó a la consejería de Interior tras el pacto entre el Partido Popular y Vox, grupo al que fue asignada esa cartera. Regresó a la esfera del PP cuando el pasado mes de julio, Vox rompió el pacto con los populares. El actual secretario autonómico de Protección y Emergencias, Emilio Argüeso, es un antiguo miembro del aparato de organización de Ciudadanos repescado por el PP. Hace unos días el periodista Jaume V. Aroca señalaba en La Vanguardia que España es uno de los países europeos que cambia más escalafones de su Administración cada vez que cambia un gobierno, citando un estudio de los politólogos Víctor Lapuente y Carl Dahlström (Organizando el leviatán. Deusto, 2018).

“Para que nos entendamos -escribía Vallés Aroca-, los responsables de Protección Civil valencianos llevan en el cargo desde el pasado mes de julio, cuando la ruptura del Gobierno de coalición con Vox llevó al presidente Carlos Mazón a nombrar a nuevos responsables de las emergencias en Valencia. Como mínimo se nombraron a cuatro políticos en puestos clave de los departamentos que han responder en la gestión de emergencias. Por muy competentes que sean, con apenas tres meses de experiencia es imposible que puedan gestionar esta descomunal crisis humanitaria”.

Una enorme bolsa de cargos públicos a disposición de los partidos está envenenando la política. Un abusivo reparto de cargos de libre designación fomenta el clientelismo y acentúa la aspereza de la vida partidista, aspereza que a su vez ahuyenta de la política a personas con buena formación, puesto que no todo el mundo está dispuesto a inmolarse o a quemar una carrera profesional en las luchas de partido. Esa cucaña aumenta la ferocidad de la pugna entre partidos, de la cual España hoy es un ejemplo cruel.

No nos engañemos. La política es conflicto y confrontación de ideas e intereses. No podemos soñar con una nueva Jerusalén en el siglo XXI, ni con una política seráfica e inmaculada mientras tantas cosas crujen. Pero España se ha situado en el otro extremo y figura en estos momentos como el cuarto país más polarizado del mundo después de Estados Unidos, Argentina y Colombia, por delante de Sudáfrica, Suecia, Japón, Italia, Brasil y Reino Unido, según un estudio de la consultora Edelman presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en 2023.