Ante el comienzo del debate por parte de la Legislatura Provincial del proyecto de ley de “lucha” contra la trata de personas enviado por el gobierno de De la Sota, desde el Plenario de Trabajadoras decimos que la iniciativa estatal se encuentra muy lejos de dar una respuesta a la creciente repercusión social que tiene este flagelo, que se vio reflejada en las calles del centro de la ciudad el pasado 10 de mayo cuando familiares de Yamila Elizabeth Cuello y organizaciones se movilizaron exigiendo su aparición inmediata; por el contrario, la referida iniciativa legislativa refuerza las redes mafiosas que actúan impunemente en la provincia.
El proyecto de ley en cuestión, que prohíbe whiskerías y cabarets y sanciona con arresto por 60 días a quienes los regenteen porque encubren el funcionamiento de prostíbulos, no es otra cosa que una impostura por parte del gobierno, desde que estos establecimientos, encubiertos o no, están prohibidos hace más de 80 años, y el ilícito está tipificado como delito, contando con penas más elevadas que las que aquí se quiere imponer. La calificación de “falta” del regenteo de prostíbulos, legalmente favorece la trata y el negocio de la explotación de la prostitución ajena. En Córdoba, como en todo el país, esos locales funcionan a la vista de todos y con habilitación oficial, incluso pagando impuestos. Sólo para la justicia y la policía se encuentran “encubiertos”.
Por otra parte, en el mismo sentido se establece la creación de una división especial de la Policía y una Secretaría de Prevención de Trata (con la misión de “difundir” la existencia del flagelo), por cuanto no dispone ni una sola medida que apunte a la participación policial en el delito organizado, manteniendo intacto al aparato de seguridad partícipe y cómplice de estos viles negocios.
El caso Marita Verón ha desnudado que la complicidad del estado es necesaria para la existencia del delito de trata, y De la Sota va en ese camino. En la provincia tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre, sobre los cuales el gobierno todavía no ha dicho una sola palabra.
De esta forma, desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos las medidas oficiales como un reforzamiento de las redes de trata y del negocio de la prostitución. Asimismo, levantamos un programa independiente que termine con este flagelo. Impulsamos un gran movimiento de lucha contra la trata, el narcotráfico y la impunidad. Planteamos una investigación independiente, a cargo de familiares de las víctimas, organizaciones de mujeres y organismos de DDHH, sobre cada comisaría, para establecer la ruta de la coima que permite el libre funcionamiento del negocio de la esclavitud sexual.
PLENARIO DE TRABAJADORAS