“De la Sota no quiere ninguna convivencia”

“De la Sota anunció el reemplazo del Código de Faltas por un Código de Convivencia; poco se sabe del proyecto pero lo que se sabe alcanza para rechazarlo de plano. El gobernador quiere a través de un código inconstitucional prohibir derechos constitucionales, como es el derecho de huelga, en los llamados servicios esenciales. ¿Es una respuesta a la policía, denunciada por sus lazos con el delito, que se le amotinó? Bajo ningún punto de vista. El objetivo son los trabajadores de la salud que luchan contra el vaciamiento creciente de los hospitales públicos en función de la mercantilización de la salud; el objetivo son los trabajadores del transporte que se levantan contra el vaciamiento de los empresarios que viven de los subsidios del Estado y de las altas tarifas que pagamos los usuarios, o los docentes que además de reclamar por sus salarios denuncian el derrumbe de la educación pública en beneficio de la privada. El objetivo de De la Sota, además de inconstitucional, es reaccionario; quiere ahogar a las manifestaciones que salen en defensa de las condiciones de vida de los cordobeses”, declaró Eduardo Salas, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

“Con el código de convivencia, la policía que se sublevó y que según el propio gobernador estaría implicada en los saqueos, tendrá más poderes discrecionales. De la Sota hace caso omiso a las propias denuncias de las mujeres de los policías en el sentido de que, Código de Faltas mediante, la orden que se baja es detener a la mayor cantidad de personas, sobretodo jóvenes; el objetivo declarado es 'hacer número', mostrando una actividad ante los reclamos de la población contra la inseguridad, mientras la policía se entremezcla con el 'delito mayor'. Esta orden ya había sido llevada a la justicia por algunos agentes que denunciaron que se les imponía detener sin causa”, continuó el dirigente del Partido Obrero.
“El Código de Faltas, inconstitucional además, es responsable del gatillo fácil, de que el 40% de los jóvenes cordobeses tenga 'antecedentes' y de que policías recluten mano de obra barata para sus delitos. Es una aberración inconstitucional que pudre la vida de los cordobeses; lo que corresponde es su total derogación, como lo establece el proyecto que presentó el FIT en septiembre del año pasado”, concluyó Salas.