En julio de 2015, con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos, en la Asamblea Regional se eligió como presidente del Consejo de la Transparencia a José Molina Molina. Los comicios autonómicos de ese año habían deparado, por primera vez desde 1995, que el PP no contara con mayoría absoluta en la cámara legislativa. Todo apuntaba a que los grupos de oposición tendrían la sartén por el mango a la hora de marcar la pauta de la política regional. Pero nada más lejos de la realidad.
Molina se topó, nada más tomar posesión, con múltiples dificultades. La primera, carecer de una infraestructura mínima para poder poner en marcha un organismo de esas características. Al Ejecutivo regional, entonces monocolor del PP merced al apoyo implícito de Cs en la investidura, no parecía interesarle demasiado que arrancara y tomara impulso aquel órgano que se sabía fiscalizador de su ejecutoria. No es de extrañar que Molina se haya pasado estos cinco años lamentándose del continuo “torpedeo y obstrucción” a su labor. Le dieron un local discreto, un par de funcionarios y le dijeron que se arreglara con ello, al considerarlo poco menos que una suerte de Pepito Grillo.
José Molina Molina, doctor en Economía, sociólogo y auditor, tiene 83 años. Entre 1983 y 1986 fue consejero de Economía y Hacienda en el gobierno autonómico socialista, que primero presidió Andrés Hernández Ros y luego, Carlos Collado. Tengo una reveladora anécdota con él, que demuestra cuál era ya su talante, ocurrida en esos años, cuando yo presentaba un informativo nocturno en la radio. Molina tuvo un conflicto serio, que trascendió a la prensa, creo recordar por algo relacionado con los Presupuestos de la Comunidad Autónoma que estaba elaborando. El hombre andaba agobiado, hasta arriba de trabajo, recibiendo críticas y peleando con unos y con otros, y yo, un veinteañero que se abría camino en el oficio, lo llamé por la tarde para entrevistarlo. Y pasó que el entonces consejero no solo me atendió telefónicamente con suma amabilidad sino que, ante mi sorpresa, se ofreció a venir en directo a la emisora, a las nueve y media de la noche, para explicarse en primera persona, aportando abundante documentación incluso. No era habitual esto por aquellas fechas y menos si el asunto resultaba polémico y molesto para el gobernante, como era el caso. José Molina me dijo ya entonces, hablo de algo que pasó hace unos 35 años, que siempre había entendido que la obligación de todo servidor público era la de dar la cara. Y que él no iba a ser menos.
Por eso, cuando varias décadas después lo eligieron presidente del Consejo de la Transparencia, recordé aquella entrevista nocturna. Lo triste es que, en su situación, como en otros casos y circunstancias, el gobierno en minoría del PP, primero en solitario y luego con Cs, no haya sido capaz de comprender que la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a contar con un organismo de ese nivel, dotado de medios humanos y materiales suficientes, para poner negro sobre blanco en la actuación de cualquier Ejecutivo.
Es evidente que aquella oportunidad de 2015, con una balanza parlamentaria claramente desequilibrada (23 a 22) y a favor de la oposición -en la que, a pesar de todo, incluiré al grupo de cuatro diputados de Cs, tan distinto y distante del que contemplamos hoy-, se desperdició inútilmente. Y que, aún a pesar de que ya no hay mayorías aplastantes, nada parece cambiar en esta tierra, en según qué cosas y procederes. Por eso, quizá ahora se entienda con más clarividencia por qué se pretende sustituir a José Molina por un presidente mucho más cercano a las tesis del actual Gobierno autonómico -que no olvidemos conforman PP y Cs, junto al beneplácito de Vox-, con unas dependencias decentes, más funcionarios a su cargo y un sueldo como Dios manda, a costa siempre del erario.
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