De nuevo, una marcha atea denegada, en Semana Santa.

  Una de las marchas ateas, celebradas en Madrid.

Luis Vega, presidente de Amal.   AMAL, asociación madrileña de ateos y librepensadores que solicitaba una marcha contra los “privilegios” y las subvenciones a la Iglesiapara este Jueves Santo, en el barrio madrileño de Lavapiés, recibió de la Delegación del Gobierno de Madrid la negativa de la misma. Luis Vega, presidente de dicha asociación, tuvo que soportar la negativa del Gobierno que se excusaba en que la petición se había realizado fuera de plazo. AMAL defendía que la decisión de la Delegación era “errónea”, puesto que “según se aprecia en el fax”, la petición se produjo a las 10.00 horas del 19 de marzo, por lo que sobrarían “algunas horas” con respecto a la convocatoria, a las 20.00 horas de día 28 de marzo. Además, AMAL recalcaba que su prioridad era que la marcha se celebraría en esa misma fecha, puesto que el día 28 es “un día donde la iglesia católica invade nuestras calles, prohibiendo y recortando el derecho a otras expresiones ciudadanas”. Esta era la tercera vez que solicitaba la autorización de una marcha el día del Jueves Santos, cuyo lema de este año era: “Ningún privilegio para las iglesias. Sin subvenciones a las iglesias, tendríamos la mejor enseñanza del mundo. Enseñanza pública y laica”. En los dos casos anteriores, la Delegación del Gobierno denegó la autorización porque “coincidía con manifestaciones y podría generar problemas de orden público”, por lo que instaba a los convocantes a llevarla a cabo en otra fecha. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los convocantes tuvieron que celebrar la convocatoria en días posteriores a la Semana Santa.
AMAL recurrió la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no autorizar la celebración y había asegurado que seguiría adelante con la protesta, a pesar de no tener permiso. “Entendemos –aseguraba el presidente, Luis Vega–, que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación están por encima de argucias administrativas de las Instituciones políticas para seguir favoreciendo a la Iglesia Católica”. Vega reprochaba a esta institución “seguir utilizando argucias para impedirlo”. “No se entiende que la Delegación prohíba una manifestación, como han hecho otras veces, porque pase por calles con nombres de Santo o porque, según ellos, no se convoque a tiempo”, se quejaba Vega.
Crisitina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, aseguraba el lunes pasado que la marcha 'atea' no se hubiera autorizado incluso si sus promotores lo hubieran comunicado dentro del plazo previsto, al suponer una grave alteración del orden público. Cifuentes incidió o en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de la Delegación en las dos ocasiones anteriores. Según Luis Vega, con sus declaraciones, Cifuentes podría incurrir en un presunto delito de prevaricación, si se demostrase que “existe una connivencia entre la justicia y la política. Es muy serio, porque con esas declaraciones se cierran totalmente todas las vías para que cualquier colectivo se manifieste en Semana Santa”. Dijo que la Delegación lleva a cabo una “estrategia de criminalización” y de “represión” por la que podrían multarles o incluso acusarles “de ser filoetarras”, en referencia a las declaraciones de Cifuentes sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca(PAH)..
Vega se mostraba reticente a la presentación de un recurso ante el TSJM porque los dos años anteriores se falló a favor de la Delegación y supondría “meterse en un callejón sin salida”, además de que podría condenarles a pagar las costas del proceso, cosa que no hizo en las ocasiones anteriores aunque lo pidió la Fiscalía. Por su parte, Europa Laica, colectivo que apoyaba la “marcha atea”, consideraba “intolerable” que, “en un Estado de derecho, se prohíba la libre manifestación pacífica de ciudadanos que defienden unas determinadas ideas que se atienen escrupulosamente a la legalidad vigente, en base a su libertad de conciencia y de expresión, mientras que una determinada ideología religiosa invade calles y plazas con el respaldo e incluso participación de las fuerzas de seguridad y orden público y de algunos políticos”. Y Europa Laica sostiene que esta actitud demuestra que España no es un Estado aconfesional, sino “un Estado confesional católico” y que “hay una doble vara de medir que atenta contra el principio de igualdad” que expresa la Constitución.
Finalmente, los colectivos que apoyaban la marcha atea, decidieron desconvocarla en asamblea “para no caer en las provocaciones de Cristina Cifuentes” y posponer unas semanas su celebración. Por su parte, Izquierda Republicana, integrada en IU, critica la confusión “político-profesionales” de estas fechas y saca un comunicado que ha sido reproducido en “Diario Progresista”. En los párrafos más destacados, se señala que, por desgracia, han comprobado que “la pretendida aconfesionalidad proclamada por la vigente Constitución de 1978 será incumplida por autoridades civiles y militares que asistirán a los eventos confesionales, ejerciendo su cargo, y no, como debiera ser, como ciudadanos particulares, con perfecto derecho a manifestar su fe”. Lo que consideran un sometimiento de los poderes públicos incompatible con la pluralidad de las creencias de los ciudadanos. Tampoco se escapan de las diatribas los militares, policías y guardias civiles, igualmente tan habituales en las procesiones, algo que IR estima incompatible “con un Estado laico”, sobre todo porque las religiones no deben formar parte de ningún colectivo de autoridades y debe quedarse en el ámbito privado de cada uno de los individuos.