Revista España
Decía el pasado sábado 14 el Ministro de Industria, José Manuel Soria, después de amenazar a Argentina por la intención de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de nacionalizar YPF, la filial en el país sudamericano de la multinacional petrolera Repsol, que “las cosas parecen que se encauzan”. Bien, pues como si las amenazas se trataran del pito de un sereno, sólo 48 horas después la presidenta argentina comunicaba, en medio de un show mediático exagerado, que nacionalizaba el 51% de YPF, de la cual es accionista mayoritario Repsol.
Acto seguido el gobierno español monta en cólera, reaccionando a lo que ellos consideran una agresión a España y a todos los españoles. Obvian que Repsol ya no pertenece a España. Hace tiempo ya que los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar entregaron Repsol a capitales privados, así como tantas otras empresas pertenecientes al sector energético, acabando por desmantelar uno de los sectores estratégicos básicos de España, y dejando a estas empresas sin patria ni bandera. Obvian que más de la mitad de las acciones de Repsol están en manos de capitales extranjeros. Obvian que Repsol sólo declara en España el 25% de todos sus beneficios como multinacional. Obvian que además lo hacen a un tipo impositivo mucho menor al que tributa el asalariado medio español. Obvian que, como multinacional que es, utiliza paraísos fiscales para beneficiarse de menores cargas fiscales. Obvian, en definitiva, que los intereses de Repsol son optimizar los beneficios y los negocios de sus accionistas y de otros individuos privados, de la nacionalidad que sean, sin importarles para nada el bienestar de los españoles. Aún así el propio Ministro Soria y el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparecen, esta vez sí en persona y no mediante una nota de prensa como la que anunciaba el tijeretazo en educación y sanidad, para decir que la medida que ha tomado Argentina “se trata de una decisión hostil contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español”.
Queda meridianamente claro para quienes gobiernan Rajoy y los suyos, y no es precisamente para el interés de los ciudadanos españoles, sino para el interés de grandes empresas, banca y el resto de poderes financieros. Y yo me permitiré el lujo de explicar al Gobierno español qué es una decisión hostil contra España y todos los españoles. Decisión hostil es considerar que sean los mercados los que dirijan el rumbo de un país. Decisión hostil es aprobar una reforma del mercado de trabajo que dinamita derechos laborales que con tanto sufrimiento se llegaron a conseguir. Decisión hostil es presentar unos Presupuestos Generales cargados de recortes en servicios públicos esenciales. Decisión hostil es que, diez días después de esta presentación, anuncien un nuevo tijeretazo precisamente en educación y sanidad. Decisión hostil es proponer a las Comunidades Autónomas que los pensionistas tengan que pagar por los medicamentos que tanto necesitan. Y decisión hostil es mentir y engañar a toda la ciudadanía incumpliendo sistemáticamente lo que habían prometido durante la campaña electoral.
El Gobierno español ha anunciado medidas “claras y contundentes” como respuesta a esta situación, y el pito del sereno vuelve a relucir. La medida que ha tomado Argentina es perfectamente legítima y conforme a las reglas del juego si consideran que la estrategia empresarial de Repsol YPF no se corresponde con el desarrollo económico argentino y con el interés nacional. Lo que preocupa es que esta medida no tenga continuidad con otros sectores estratégicos, y tan sólo sea una maniobra política cargada de populismo de un gobierno en dificultades abocado a desalojar la Casa Rosada. Si esto fuera así, la medida únicamente serviría para asestar un nuevo golpe al verdadero socialismo.