El 14 de febrero de este año Tito Flores escribió un interesante post en el portal PoliticaPublica.cl sobre la fortaleza regulatoria chilena a la luz de la negativa del Tribunal de la Libre Competencia para aceptar la fusión de D&S y Falabella, que habrían creado una mega empresa (para el mercado chileno) del retail. En esa ocasión comenté el texto por la otra mirada, no la del consumo, sino la de la economía nacional. Esto, a propósito de la vulnerabilidad de las empresas chilenas frente al mercado global de adquisiciones. Hoy esa mirada se ve contrastada positivamente en la lamentable forma en que Wal Mart llega a chile, comprando y no invirtiendo. Puede parecer raro que un progresista socialdemócrata como yo sienta el impulso de defender empresarios que han dado muestras más de alguna vez de su conservadurismo ultraderechista, sin embargo, la política pública se diferencia de la política a secas justamente por ser capaz de mirar más allá del beneficio político inmediato y preocuparse por los beneficios para el país a largo plazo. Además, en este caso salimos de las brasas para caer al fuego, con el agravante de que si surgen problemas estará el embajador estadounidense llamando a la Moneda. Más allá de este caso, que ya está casi resuelto, lo importante es plantearse cuál ha de ser la mirada de Estado que debemos tener frente a la creación y mantención de la gran empresa. Plantearse, por ejemplo, por qué en Chile las pequeñas y medianas empresas casi nunca se convierten en grandes empresas, como sí ocurre en el mundo desarrollado. Por qué cuando una gran empresa chilena comienza su expansión en América Latina, en un porcentaje importante, termina adquirida por empresas globales. España, Alemania, Italia o EEUU actúan de manera muy diferente cuando se trata de sus empresas. Cuando las automotrices se ven en riesgo de ser adquiridas, como ahora, surgen estas grandes ayudas que son estatizaciones encubiertas con promesa de devolución, con cláusulas que impiden el ingreso de inversionistas no nacionales. Esos casos se han repetido en compras fallidas por la intervención estatal famosas como Alitalia, Endesa España, Boing y seguro que hay muchos casos más. El Estado chileno debe dejar de ser un mero espectador pasivo frente a los movimientos de las grandes corporaciones internacionales y debe proteger e incentivar la internacionalización de las empresas chilenas. Si esto no sucede, pronto se acabará con las pocas grandes empresas chilenas, con la importante baja de recaudación de impuestos que esto significará y la merma en la capacidad de controlar el mercado del empleo, que, de paso, cuando se quiera proteger significará ceder ante presiones internacionales que no considerarán las necesidades del mercado nacional.
Revista Sociedad
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