Declaracion. LOS MÉDICOS, PSIQUIATRAS, PSICÓLOGOS, ASISTENTES SOCIALES Y PERSONAL DE SALUD ANTE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DEL DIÁLOGO. 10septiembre 1999

Tlahui-Politic. No. 8, II/1999

Médicos emiten declaración ante la Mesa del Diálogo
CODEPU Valdivia: La armada posee antecedentes sobre los desaparecidos

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 10 de Septiembre, 1999. Chl – Profesionales médicos emiten una declaración pública ante la Mesa del Diálogo.

LOS MÉDICOS, PSIQUIATRAS, PSICÓLOGOS, ASISTENTES SOCIALES Y PERSONAL DE SALUD ANTE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DEL DIÁLOGO.

Ante la creación de la denominada Mesa de Diálogo, y conocida sus finalidades y objetivos, los médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y personal de salud en general que, desde pocos días después del golpe de Estado en Chile, hemos atendido profesionalmente a numerosas personas, familias y niños afectados por la violencia política en Chile, nos sentimos en la obligación ética y moral de hacer pública la siguiente Declaración:

Hemos conocido muy de cerca en toda su magnitud los graves y profundos trastornos provocados tanto, en la esfera física y mental como a nivel de las relaciones familiares y afectivas en cientos de chilenos y chilenas que pasaron por la experiencia de la prisión, la tortura, el desaparecimiento y ejecución de uno o más de sus familiares. Igualmente, hemos atendido a miles de exiliados, exonerados y retornados al país, todos los cuales en diversos grados, han presentado importantes trastornos individuales y grupales, destacando las rupturas familiares.

Respetando el secreto profesional y fieles a la confianza depositada en nosotros por aquellos que fueron y son nuestros pacientes, queremos dar testimonio aquí de la profundidad de sus duelos y sufrimientos, de las enfermedades orgánicas y psicosomáticas, de los trastornos familiares, y en fin, de las severas repercusiones a nivel físico, psicológico y social, determinadas directamente por los hechos represivos de que fueron víctimas.

Pese a que la Comisión de Verdad y Reconciliación (más tarde Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación) dejó al margen innumerables casos de violaciones a los Derechos Humanos, en particular los miles de sobrevivientes de la tortura, reconocemos el mérito de dichas Comisiones al certificar que en Chile se cometieron graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, causados por agentes del Estado, -cuyos nombres fueron omitidos- entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Hoy vemos, con dolor y sorpresa, que la Mesa de Diálogo se ha constituido con la finalidad fundamental de saber donde se encuentran los restos de los detenidos desaparecidos, pero sin manifestar ninguna voluntad de esclarecer los hechos criminales y hacer pública la identidad de sus autores. Esto ha provocado impotencia, desestabilización, confusión e incluso dolor en las Agrupaciones de Familiares quienes sin embargo, han reaccionado con claridad y valentía, reafirmando sus históricas demandas.

No apreciamos ningún avance en la que debiera ser la tarea central en materia de Derechos humanos: establecer la verdad de lo ocurrido entre 1973-1990. Ya las Comisiones de investigación que sobre las violaciones de los Derechos Humanos impulsó el propio Estado con posterioridad a 1990 no hicieron públicos los nombres de los responsables, pese a que los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos les hicieran entrega de dicha información. Como queda dicho, somos testigos directos del trauma humano causado por los agentes del Estado, al que se ha sumado la impunidad. Ella, como lo hemos demostrado a través de documentos avalados científicamente constituye una nueva agresión a la Salud Mental de todo el país.

Finalmente queremos enfatizar el hecho de que en Chile se cometieron Crímenes de Lesa Humanidad y al decir crimen estamos obligados a identificar los dos aspectos fundamentales que lo define: quién fue el agredido y quién fue el agresor. Es esta última figura la que nos preocupa, porque en ella se concretiza la etiología de estos trastornos. Los relatos de nuestros pacientes informan de conductas del agresor desprovista de toda ética y que van desde el abuso de poder hasta el ensañamiento y la bestialidad, lo que nos obliga a prevenir en el futuro este tipo de comportamiento humano. Es por tanto una obligación, para nosotros, para los agentes del Estado que fueron responsables y para todo el país, conocer la integridad de la Verdad y la transparencia absoluta de la Justicia.
Santiago, septiembre 9 de 1999.

FIRMANTES:

Paz Rojas Baeza Médico Neuropsiquiatra – Ramiro Olivares Médico – María Inés Muñoz Briceño Psicóloga – Katia Reszczynski Padilla Psquiatra – María Soledad Espinoza Cuevas Asistente Social – Sergio Pesutic Pérez Médico – Patricia Barceló Amado Psiquiatra – Rosella Baronti Barella Psicóloga – Alfredo Estrada Larraín Médico Terapeuta Familiar – Emilia Beniscelli Troncoso Asistente Social – Natalia Alfaro Miyaki Psicóloga – Eduardo Pérez Arza Psiquiatra – Max Santelices Kinesiólogo – Vivianne Freraut Contreras Psicóloga – Laura Moya Díaz Psiquiatra – Sergio Pescio Suau Médico – Yolanda Muñoz Psiquiatra – Carlos Madariaga Psiquiatra – Margarita Mondaca Terapeuta Ocupacional – Mónica Díaz Terapeuta Ocupacional – Alejandro Guajardo Terapeuta Ocupacional – José Miguel Guzmán Asistente Social – Laura Millas Kinesióloga – Beatriz Brinckmann Educadora en Salud y Derechos Humanos – Simona Ruy-Pérez Educadora en Salud y Derechos Humanos – Luis Schlack Poblete Médico Neurólogo – Pedro Rodríguez Meneses Médico Traumatólogo – Patricia Herreros Mediavilla Enfermera – Elena Galvez Médico – Liliana Fajardo Dentista – Abelina Cisternas Médico – Ema Acuña Médico Ginecóloga – Miguel Vergara Médico Pediatra – Álvaro Reyes Bazán Médico Traumatólogo – Mónica Gómez Ramírez Médico General – Raúl Erazo Corona Médico Pediatra – Vilma Armengol Neirotti Médico Terapeuta Familiar – Ana María Labarca Oyanedel Edmundo Camus Mario Psicóloga – io Médico Traumatólogo – Ramón Rojas B. Médico Traumatólogo – Patricio Bustos Streeter Médico – Fanny Pollarolo Médico Psiquiatra – Diputada Cristina Arancibia Caballero Tecnólogo Médico – Eliana Ortiz Letelier Asistente Social – María Angélica Fuenzalida Tobar Asistente Social – Joel Espina Sandoval Psicólogo – Marión Cortés Asistente Social – Viviana Heller Gutiérrez Asistente Social – Mirtha Ossandón Vuskovic Dentista – Rosa Lizama Leiva Asistente Social – Claudio de la Fuente Pizarro - Psicólog-Terapeuta Familiar y de Parejas – Edgardo Condeza Vaccaro Médico – Patricio Cid Palacios Médico – Ana Vega Pais Médico – Max Roppert Contreras Médico-Psiquiatra – Ivania Blanco Gómez Médico-Psiquiatra – Karla Pellegrini Friedman Médico – Francisco Rivas Larraín Médico Neuropsiquiatra – Luz María Gómez Droguett Médico – Laura Bahamóndez Moya Psiquiatra – Mario Villanueva O. Médico – Carlos Zúñiga Soto Psiquiatra – Manuel Zúñiga Gajardo Médico-Epidemiólogo – Marta Rojas Esquivel Enfermera – Patricia Morgado Alcayaga Enfermera Matrona – David Villena P. Médico – Jaime Sepúlveda S. Médico – Estefanie Fleddermann Psicóloga – Lilian San Román Figueredo Psiquiatra – Juan Manuel Gálvez Villarreal Psicólogo – José Manuel Cárdenas Castro Psicólogo – Marcela Estrada Vega Psicóloga – José Ancan Morales Asistente Social – Alicia Varela Hidalgo Licenciada Psicología – Nayaret Saud Costa Licenciada Psicología – Ricardo Ernst Montenegro Licenciada Psicología – Carmen Gloria Acuña Asistente Social – Norma Rojas Cuéllar Asistente Social – Irma Rojas Moreno Enfermera – Ada Álvarez Campos Asistente Social – Graciela Castañeda Sánchez Asistente Social – José Quiroga Fuentealba Médico – Eduardo Troncoso Psicólogo – María Teresa Aránguiz Asistente Social – Karin Berkhoff Médico.

CODEPU VALDIVIA AFIRMA QUE LA ARMADA POSEE ANTECEDENTES SOBRE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS.

La armada si posee antecedentes sobre detenidos desaparecidos ya que fue ejecutora directa a algunas acciones que terminaron con personas desaparecidas, como es el caso de Lago Ranco. Así que a diferencia de lo que dijo el Almirante Alex Waghorn, en la Mesa de Diálogo, lo inverosímil es que esta institución armada diga que no tiene mas información que la ya proporcionada por el Informe Rettig.

Ejemplo de ello es la desaparición de 4 personas en el Lago Ranco en la X región, desde una embarcación de la Gobernación Marítima de Valdivia, a cargo de miembros de la Armada. El 16 de octubre de 1973 fueron detenidos por personal de Carabineros, en sus domicilios en Lago Ranco, Cardenio Ancacura Manquián, Teófilo Gonzalez Calfulef, Manuel Hernández Inostroza y Arturo Vega Gonzales, todos militantes socialistas. Luego de estar detenidos en la Tenencia de Lago Ranco fueron subidos al Vapor “Laja” de la Armada de Chile, donde fueron ejecutados y desde ahí hechos desaparecer en el lago.

La Armada perfectamente puede entregar antecedentes sobre los miembros de esta institución u otras que participaron de este operativo, ya que habiéndose realizado la acción a borde de una embarcación difícilmente no pudieron saber quienes estuvieron presentes y los ejecutores y que paso con los cuerpos de estas cuatro personas. Con ello harían un valioso aporte a la verdad de una de los casos de desapariciones ocurridas la X región.

Incluso si el Almirante quiere analizar el contexto histórico en que se dieron las violaciones de derechos humanos, ello no le permitiría justificar acciones de este tipo. Porque deberíamos conocer la trayectoria de estos dirigentes, conocer los motivos que llevaron a su detención luego del Golpe de estado, porque no se les hizo un juicio si consideraron que pudieron haber delitos, quienes dieron las órdenes y quienes de la Armada actuaron en la desaparición de estas personas. Con estos antecedentes si la Armada quiere puede perdonar la acción de su personal, pero no puede pedirles lo mismo a los familiares de estas víctimas, cuando ni siquiera han hecho un gesto mínimo de apoyo al esclarecimiento de este caso.

Para la Armada, como a las otras ramas de las FFAA no les queda sino el paso de reconocer su participación institucional en las graves violaciones de derechos humanos, y que como el caso de Lago Ranco y otros miles no fue producto de soldados que “violaron las normas”, ya que, al contrario, ellos cumplieron con las normas que la propia institución les había dado para la represión política. Proteger la acción de los miembros de las FFAA en acciones criminales bajo la ley de amnistía no va a limpiar al imagen que ya las FFAA tienen ante la sociedad. Porque ya nadie les cree que no saben nada o no tienen ninguna información. El primer aporte a la verdad es justamente reconocer la gran responsabilidad institucional que si tienen en las violaciones cometidas durante la dictadura militar.

José Araya Cornejo.
Secretario Ejecutivo – Codepu
Valdivia, 9 de septiembre de 1999.

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