Por LaCol (@lacolarq)
El Decreto Boyer dará el golpe de gracia a negocios
centenarios ya de por si afectados por la crisis.
La ley permitirá expulsar el comercio de proximidad de modelo familiar de
nuestros barrios para dejar paso a cadenas multinacionales.
Los últimos meses estamos asistiendo a un goteo de noticias
como: «La mítica libreria Canuda cierra y se instalará una tienda Mango» (Vilaweb
04.06.2013, en catalán) o «El jazz se apaga en el Café Central» (elmundo
18.10.2014). Estos hechos no son ni producto de la crisis económica ni noticias
puntuales. Al contrario, ocuparán cada vez más las páginas de nuestros diarios
a medida que nos acerquemos al 1 de enero de 2015. Forman parte de una ley
aprobada hace casi treinta años y que, como suele ocurrir aquí, parece que
nadie se encargo (ni antes ni ahora) de ver el efecto real que tendría sobre
las personas, las ciudades y su economía.
En el estado español desde 1920 la ley protegía al
arrendatario con la prórroga forzosa de su contrato. En 1985 el conocido como
Decreto Boyer suprimió esta obligación aunque algunos contratos lo seguían
practicando de forma voluntaria. Pero en 1994 la nueva Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) acabó con esta prórroga poniendo como fecha de caducidad máxima
el 31 de diciembre de 2014 a todos los contratos de locales comerciales (no
afecta a las viviendas). Esto incluye a los que voluntariamente así se pactaron
a raíz de una sentenciadel Tribunal Supremo de finales del 2011.
El efecto que esto tiene sobre el comercio es fácil de
imaginar pero no somos conscientes de la magnitud de la tragedia. Según el Indicadorde Comerç de Barcelona (ICOB) afectará el 35,3% de los comercios de
Barcelona, casi la mitad de los del Eixample. Los ejes comerciales más
afectados son los de Sant Antoni y Sant Andreu, con un 64% de los comercios.
Esto es especialmente preocupante ya que son barrios basados en el comercio
tradicional e inmersos en procesos de transformación urbanística (como la
reforma del Mercado de Sant Antoni o la modificación delplaneamiento del Nucli Antic de Sant Andreu) que a día de hoy provocan
menos ingresos a los tenderos pero alimentan las ansias especuladoras de
algunos propietarios.
El efecto económico
La voluntad de la ley es clara: sacar al mercado libre
actual (un mercado muy diferente al año 1985, todavía hoy hinchado por la
burbuja inmobiliaria) locales cuyos alquileres sólo habían actualizado en el
IPC. De esta forma se pretenden aumentar los beneficios que pueden conseguir los propietarios,
sobretodo los grandes grupos inversores que los últimos años se han adueñado de
los ejes comerciales de nuestras ciudades.
Alguien podría pensar que es justo y
legítimo, pero debemos pensar que es lo que hace que ese local tenga el valor
que hoy tiene. La responsabilidad del propietario, básicamente el mantenimiento
de la construcción física del edificio, no es lo que más influye en este
precio. Lo que condiciona el precio del metro cuadrado de un local es su
situación, y lo que diferencia que una situación sea más atractiva que otra es
la construcción colectiva con la que todos hemos colaborado (poniendo nuestras
viviendas alrededor, construyendo transportes y equipamientos con nuestros
impuestos…), y en gran medida las mismas tiendas creando ejes comerciales, cuyo
valor ahora no se podrán permitir el lujo de disfrutar. La calle de Sants ya no
es la vía de entrada de la ciudad de Barcelona que era antes de ser anexionado
y que fue el motivo de su auge al ser lugar de paso. Su potencial hoy en día se
basa en la sinergia comercial más que en un tema de movilidad (y lo mismo
podríamos decir de Portal de l’Àngel, la Rambla del Poblenou, Major de
Sarrià,...). De esta manera los grupos inversores buscan el lucro a través de
lo que se conoce como “renta de monopolio”, obteniendo beneficios de la
manipulación y explotación del entorno político y económico, en vez que obtener
beneficio aportando valor añadido a los productos.
Nuestros gobiernos están defendiendo los intereses de un
sector que quiere vivir del valor que genera la ciudad y la sociedad, sin
atender al efecto que tendrá sobre estas, expulsando negocios familiares que
ofrecen productos básicos a la población y crean lugares de trabajo más dignos
que las cadenas de alimentación rápida y de ropa Made in Bangladesh.
El modelo de ciudad
Esta ley tiene una consecuencia directa sobre la forma en
que vivimos y disfrutamos nuestras ciudades. El efecto de la norma no hace más
que acelerar la destrucción y banalización de nuestras ciudades, abandonando lo
que las ha hecho únicas y especiales. Tanto para las personas que las habitamos
como para las que nos visitan, que pasarán menos noches cuando hayan visitado
los monumentos de rigor y vean que lo que pueden encontrar aquí es lo mismo que
hay en la terminal de cualquier aeropuerto internacional; los no-lugares.
Y en realidad esto no es lo más alarmante. Hace ya más de cincuenta años que Jane Jacobs demostró como este comercio de proximidad
es uno de los factores más importante para mantener nuestras calles vivas y
seguras. Es difícil imaginar el gerente o el trabajador de una cadena de ropa
durante su jornada laboral ayudando a subir la compra a la vecina de arriba,
orientando a los visitantes o evitando atracos y peleas como acostumbran hacer
los tenderos de nuestros barrios.
Sorprende el silencio que estamos viviendo al respeto, sin
ningún debate al respeto, desconocido por la mayoría de la población. No
sabemos si ya es tarde para que las administraciones busquen una solución ha
este problema para proteger nuestro modelo comercial e ir más allá de poner una
placa de hierro o publicar libros que recuerden que Barcelona un día fue (como pregona eslogan poco
afortunado) “la mejor tienda del mundo”.
LaCol es una cooperativa de
jóvenes arquitectos del barrio de Sants (Barcelona) que trabajan desde la arquitectura para la transformación social
http://www.lacol.org
Creditos de las imágenes:
Imagen 1: La mítica librería Canuda dará paso a una tienda
de Mango en Barcelona (fuente: flickr: Stoned59)
Imagen 2: Tras 30 años, el Café Central en Madrid podría
cerrar (fuente: panoramio: Llara)
Imagen 3: El Palacio del Juguete se trasladará al no poder afrontar el nuevo alquiler (fuente: flickr:davidefuchi)
Revista Arquitectura
Decreto Boyer: Una bomba programada hace 30 años amenaza nuestras ciudades
Por Paisajetransversal @paistransversalSus últimos artículos
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