Decretos-Ley como sentencias de muerte

Foto F. Díaz. 

Decía Vázquez Montalbán en un documental sobre Franco que el dictador firmaba las sentencias de muerte justo después de comer. Con la modorra de la siesta, una a una, las órdenes de ejecución pasaban de la bandeja de entrada a la de salida. Así, casi sin darle importancia a la vida de una persona, el legislador absoluto tomaba el mazo de su justicia y decidía la fecha del fin de la vida de las personas.Este era un acto, que aún asignando los peores y malignos sentimientos al dictador, se podía realizar por la protección que un sistema tiene frente a la moral individual de cada uno de nosotros. Es el sistema el que ejecuta, el verdugo legislador no conoce a su víctima y por tanto no padece moralmente por ella. Y el verdugo ejecutor, aquél que dispara el gatillo, sólo se siente un engranaje más de una sociedad con un objetivo marcado. La moral de todos, la vida diaria, es protegida así por la condición moral de un sistema que, cuando se rompe, podemos asumir que era él el corrupto, y no cada uno de nosotros. Nadie mejor que Berlanga y su Verdugopara escenificar todo esto.Con el fin de la dictadura se acabó la legitimación de las políticas de acción directa. No más muertes directas autorizadas bajo firma del legislador. No más violencia directa realizada por el sistema. El sistema se rompió y la violencia sistémica residual se reconvirtió en omnipresente. Ahora la violencia se ejerce desde diferentes engranajes y los responsables de la misma están más camuflados por la moralidad democrática del mismo. Ya no se forma parte de un proyecto de unos frente a otros (periodo franquista), sino en el supuesto proyecto de todos (democracia), y por tanto la voluntad del individuo queda refugiada en la masa electoral y la decisión de las élites, que haberlas haylas. El estilo de hoy día no es firmar sentencias de muerte. Sin embargo Rajoy parece conceder el mismo derecho de réplica a cada una de las voces que ahoga con sus Decretos Ley que el que concedía Franco a sus sentenciados a muerte. Así es el sistema, así se han de decidir las cosas y no se puede permitir el lujo de reflexionar sobre su huida hacia adelante. Y para que todos vean su elevada confianza en el tino de sus decisiones, así como Franco firmaba sus sentencias de muerte a la hora de la siesta, Rajoy firma las suyas antes de irse al fútbol.De esta manera, los Decretos Ley se han venido convirtiendo en los primeros siete meses de vida de este Gobierno del PP en una sentencia de muerte, literal, para muchas personas. Concretamente el Decreto Ley 16/2012 sobre "medidas urgentes para garantizar lasostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad yseguridad de sus actuaciones”. Esta norma urgente, que modifica cuestiones reguladas incluso por Ley Orgánica, está tomando una forma cada día más tétrica. El enrevesado tecnicismo de su lenguaje –propio de cualquier ley- no es si no otro escudo más que la sociedad se ha buscado para separar el ejercicio de la sentencia de la ejecución.Con sólo un Decreto Ley de apenas 35 páginas España ha dejado de ser un país en donde el Derecho a la Salud estaba garantizado. Esto que parece tan etéreo no es baladí. A partir de ahora para acceder a atención médica es necesario pertenecer a la comunidad local. El forastero que venga sediento marchará sin saciar su sed en caso de no llevar el papel del color adecuado. Morirá en el desierto, y será por nuestra culpa.El Decreto expulsa de los centros de salud de este país a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que por el hecho de no poder disfrutar de una tarjeta de identificación adecuada se verán expuestos a la muerte directa. Una persona sin el papel adecuado no tendrá derecho a un trasplante de riñón, o de corazón. Estos órganos son nuestros, de nuestra comunidad, dice el Decreto, y no van a venir de fuera a quedárselos por mucho que su fuerza de trabajo esté contribuyendo a la economía nacional (sumergida).Por no parar allí la sentencia, el Gobierno de Rajoy también ha querido dar por finalizado el derecho de todo ciudadano con el papel adecuado a pagar sólo una vez sus medicamentos. Una nueva sentencia, aunque esta vez no de muerte directa sino de pequeña incidencia personal en la base más pobre de la sociedad. Desde que se inició la política del repago –denunciada por la Generalitat de Catalunya en el Tribunal Constitucional pero impuesta por la misma Generalitat en su territorio según sus normas- todos debemos volver a pagar los medicamentos. Tres pagos, uno directo hacia el laboratorio y la farmacia; otro directo hacia el Gobierno y el último indirecto también hacia el Gobierno (hip-hip-hurra). El sobrecosto de los medicamentos dificulta el acceso a ellos de miles de pensionistas de este país. Y aunque la neolengua jurídica admita la posibilidad de exenciones y demás artilugios para no pagar, lo cierto es que se criminaliza al enfermo –sobretodo el de edad avanzada- y se le persigue para su expulsión del sistema sanitario público. Váyase a morir a otra parte, que aquí molesta hombre. Y no me tosa encima.Desde que a finales de 2007 estallara la crisis económica, son estos pensionistas ahora atacados los que con su exigua pensión sostienen a su familia –abuelos, padres e hijos bajo un mismo techo. Sin otra alternativa que la de resistir con la pensioncita, el dinero extra que se quiere sea destinado a los medicamentos irá dirigido hacia la irremediable manutención del resto de la familia, provocando el fin de la gallina de los huevos de oro –el pensionista. La política consiste en el desprestigiado arte de decidir a quién favorecerán las decisiones que el político toma. No hay decisión política ninguna que pueda beneficiar a todo el mundo sin excepción. Siempre habrá unos perjudicados y unos beneficiados. Por eso se suele decir que ninguna política aguanta un café con los afectados por ésta. La clave para cualquier político resulta, pues, con quién quieres tomarte ese café.
La fotografía que ilustra este artículo la tomé yo mismo en el Museo de Historia Política de San Petesburgo. Se trata de una urna donde los visitantes podían votar a favor o en contra de la pena de muerte en una exposición -pretendidamente objetiva- sobre la misma.