Quienes son de pueblos pequeños saben que José Blanco será considerado inocente por muchos españoles de lugares así, pese a estar acusado de tráfico de influencias, y quizás después de otros delitos por supuestos favores a los amigos.
Inocente, aunque el Tribunal Supremo lo condene e inhabilite como político.
La España de las recomendaciones y del amiguismo, del vecino del que se depende, porque “hoy por ti, mañana por mí”, no debería cambiar la tolerancia tradicional a los pecadillos por el severo puritanismo centroeuropeo que están imponiendo aquí.
Blanco vivió 37 de sus 51 años actuales entre su villa, Palas de Rey, de 3.600 habitantes, y Lugo, a 35 kilómetros.
Esos números señalan a un hombre de pueblo pequeño, y de ciudad tampoco muy grande, pues la capital de provincia tiene 98.000 habitantes.
En lugares así toda la gente se conoce. Unos y otros se deben favores.
Las acusaciones contra Blanco lo relacionan con lucenses, con personas de sus orígenes, sin que aparezcan de momento redes corruptoras.
Usando el lenguaje local, Blanco vive en Las Rozas, zona madrileña "cool" y "trendy", perenne feudo del PP, a donde fueron a residir muchos dirigentes socialistas de gustos burgueses: el sur obrero es menos "chic", más "tacky".
Los acusadores afirman que un amigo lucense le compró y/o reformó su chalé allí a cambio de conseguirle que un ayuntamiento socialista, Sant Boi, le permitiera construir un almacén en Cataluña.
Un simple favor entre amigos, una mínima picardía en este país de Bárcenas y los ERE de los compadres andaluces, unos 1.200 millones de euros.
Siempre hemos perdonado esas recomendaciones, esos jamones al gobernador, y ahora nos hacemos escrupulosos, tan luteranos como Merkel.
Es injusto. Estamos destruyendo nuestra truhanería tradicional persiguiendo a alguien cuyo único pecado podría ser intercambiar favores con los amigos.
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