Defensa repatría a restos de la División Azul, mientras olvida la exhumación de republicanos.

Un funcionario municipal de Alicante cambia la placa de Plaza de la Igualdad por la de Plaza de la División Azul.
El viernes de la semana pasada, el PP se escudó en la falta de presupuesto para vetar una iniciativa del PSOE que contemplaba la exhumación de los más de 100.000 cuerpos que se encuentran en fosas comunes. El mismo día Europa Press publicó que el Ministerio de Defensa había destinado un total de 23.300 euros, desde el año 2003, para la repatriación de los restos de 29 miembros de la División Azul, que lucharon junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Estado también ha subvencionó a la Fundación Francisco Franco y paga un alto precio por el mantenimiento del Valle de los Caídos, el monumento que ensalza al dictador.
“El Estado se siente cómodo con un pasado e incómodo con otro”, indica Emilio Silva, el presidente para la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, al diario Cuartopoder. Los familiares de las víctimas del franquismo quedaron desamparados con la llegada del PP al Gobierno. Gracias a la Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, recibían una escasa subvención para la localización y exhumación de cuerpos en las fosas comunes, pero Rajoy eliminó de los Presupuestos Generales del Estado toda aportación económica a dicha norma. El propio presidente se jactó de ello: “La dotación presupuestaría ha sido cero, es cero y fue cero todos los años”. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, indicó que “algunos se habían acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”. Y Pablo Casado, que en tono burlesco se refirió a las personas de izquierdas como aquellos que están “todo el día con la guerra del abuelo, la fosa de no sé quién, la memoria histórica”.
“Los muertos de la División Azul han tenido una oficina a la que acudir, algo que nunca han tenido los desaparecidos de la dictadura”, explica Silva. Las familias de los soldados de la División Azul han reclamado los cuerpos de sus familiares a la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) del Ministerio de Defensa, que cuantifica en 800 euros el coste medio por cada una de las repatriaciones. “Las víctimas en las fosas son crímenes contra la humanidad, mientras que los soldados de la División Azul fueron voluntarios de organizaciones que lucharon contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial, haciendo un juramento de lealtad a Adolf Hitler”, critica el presidente de Foros por la Memoria, Arturo Peinado.
Al margen de la División Azul, el Estado sostiene otras entidades insignia del franquismo. José María Aznar —“que, en su juventud, militó en una organización falangista”— subvencionó a la Fundación Francisco Franco con 150.000 euros entre el año 2000 y 2003. A día de hoy, las víctimas de la dictadura califican de “vergüenza” que se subvencione indirectamente a la entidad, que goza de los beneficios fiscales que tienen las fundaciones. Por otro lado, el Valle delos Caídos cuesta al Estado 1,8 millones de euros, según la respuesta que dio el Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet. Además, desde el año 2012 a 2017 se invirtieron otros 1,8 millones de euros “extra” en distintas mejoras. “El informe que Zapatero hizo sobre el Valle de los Caídos llegó en 2011, cuatro años después de que aprobaran la ley, Habían tenido tiempo para responder sobre el monumento”, rememora Silva.
“Organismos internacionales como la ONU –escribe María F. Sánchez, en Cuartopoder – han reprendido en varias ocasiones a España por sus deberes pendientes con los crímenes de lesa humanidad y el desamparo de las víctimas. La Ley de Memoria Histórica impulsada por el PSOE, según Arturo Peinado (Foros), tuvo dos grandes fallos: el PSOE no hizo un reglamento para que se pudiera aplicar y el PP la ha dejado sin financiación. La propuesta de los socialistas para modificar dicha ley, vetada por los populares el pasadojueves en la Mesa del Congreso, promovía la nulidad de los juicios celebrados por el franquismo –abría así las puertas a las reclamaciones de patrimonio de las víctimas–, la localización y exhumación de los cuerpos de las fosas, y sanciones a instituciones que no retiraran la simbología franquista. El Gobierno ha rechazado la iniciativa por motivos económicos, como viene haciendo de manera habitual en la legislatura. Ha estimado que la medida supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213 millones de euros.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, el problema no reside tanto en la ley, sino “en la falta de voluntad política” de los sucesivos gobiernos a lo largo de todo este tiempo. Recuerda que el Gobierno vasco ha realizado un trabajo ingente con las fosas, la digitalización de miles de documentos, los homenajes a las víctimas del franquismo o la recopilación en vídeo de testimonios de cientos de supervivientes. “Ellos no tienen ninguna Ley de Memoria Histórica, así que queda claro que ni siquiera es necesaria”, sentencia.