Defensora de los derechos humanos amenazada de muerte en Colombia

Nancy Fiallo Araque, defensora de los derechos humanos e integrante de la Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz, caminaba el 8 de febrero por las calles de Bogotá, en Colombia, enfundada en una chaqueta roja, cuando sonó el teléfono.

-Doctora Fiallo, le queda muy bien esa chaqueta roja, se ve bonita. Lástima que se la tengan que comer los gusanos.- escuchó decir a una voz desconocida.

Nada más concluyó de efectuar la amenaza, la voz misteriosa se apagó y el interlocutor colgó el teléfono. No era la primera vez y tampoco sería la última.

Casi un mes antes, el 18 de enero, una voz muy parecida la había advertido desde el otro lado del auricular: “Doctora Fiallo, no vuelva a la Corte, no meta su carita donde no la llaman o nos toca matarla. Ya está advertida”.

Las amenazas telefónicas, según Amnistía Internacional, se vienen produciendo desde el 11 de octubre de 2010. Siempre son llamadas anónimas y voces parecidas que repiten frases más menos parecidas y después cortan inmediatamente la línea.

Desde esa fecha, Nancy, junto a otras integrantes de la Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz y del Colectivo de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, comenzó a mantener una presencia permanente en calidad de observadora en las vistas judiciales en las que decenas de ex miembros del Congreso colombiano y otros políticos estaban siendo juzgados por sus vínculos con los grupos paramilitares.

Las mujeres desarrollan allí una labor de vigilancia del desarrollo de los procesos y de recopilación de la información que los paramilitares desmovilizados, a menudo altos mandos, proporcionan como testigos en la causa que en Colombia se conoce como el “escándalo parapolítico”.

Entre quienes prestan testimonio se encuentran también ex gobernadores, altos mandos del ejército y la policía y empresarios. Las organizaciones de derechos humanos utilizan esa información como apoyo para su trabajo sobre otros casos relacionados con los derechos humanos.

Ese trabajo en los tribunales es la causa de que las amenazas telefónicas y los seguimientos por las calles sean una constante en su vida desde entonces. En varias ocasiones, a ella y a otra integrante del Colectivo de Mujeres por la Paz y Contra la Guerra las han seguido hasta el tribunal. En alguna de ellas, las dos mujeres se enfrentaron a sus seguidores y les preguntaron qué querían. No recibieron ninguna respuesta.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos están expuestos a amenazas y homicidios en los últimos años. La mayoría de dichos ataques son atribuidos a los grupos paramilitares y a los grupos guerrilleros, que los consideran una amenaza para sus intereses.

En ese tiempo, la Corte Suprema de Justicia ha investigado a decenas de miembros del congreso por sus presuntos vínculos ilegales con grupos paramilitares y muchos de ellos han sido declarados culpables y enviados a prisión. Los Magistrados de la Corte Suprema encargados de estas investigaciones también han sido amenazados, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de protección física para ellos.