La Plataforma de Solidaridad con Remedios García convocó el pasado 1 de diciembre un acto público de denuncia y desagravio por la injusta persecución judicial que padece esta mediadora por la paz desde hace más de tres años.
La ex senadora y representante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba Ruiz; el abogado defensor de Remedios, Enrique Santiago Romero, y el periodista José Manuel Martín Medem fueron los encargados de levantar la voz y recordar a la opinión pública que quien fue linchada repetidas veces en los medios de comunicación masivos como “terrorista” y utilizada incluso en una campaña propagandística contra el Gobierno de Venezuela, con el silencio cómplice del Gobierno español, es en realidad una víctima de una estrategia de guerra jurídica y propagandística contra los defensores de derechos humanos y quienes trabajan en favor de un proceso de paz que termine con el conflicto armado interno que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.
La guerra en Colombia, impulsada por el establishment económico y político del país con la cobertura de la “lucha contra el terrorismo” se deriva de la lucha por el control de la tierra y de los recursos naturales estratégicos que codician las transnacionales. Por eso, más allá de los choques armados entre la fuerza pública y la insurgencia, la guerra se extiende en forma de desplazamiento forzado de millones de campesinos y miembros de comunidades originarias, empujados por el terrorismo de Estado promovido desde elementos estatales y narco-paramilitares, en una estrategia que cuenta con cobertura y apoyo por parte de Estados Unidos a través del Plan Colombia y el Plan Patriota. Una pequeña muestra de las cotas de impunidad y depravación que ha alcanzado el Estado colombiano en la aplicación de esa estrategia son los miles de asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública (llamados “falsos positivos”), en las que personas de las zonas pobres son captados con engaños por miembros de la fuerza pública, asesinados y presentados posteriormente como guerrilleros “dados de baja” en combate. Hay más de dos mil casos documentados.
En Colombia a los miembros de la fuerza pública en manos de la insurgencia se les llama “secuestrados”, en lugar de presos de guerra, que es lo que son en aplicación del Derecho Internacional Humanitario que regula los mínimos de la guerra. En cambio, a los 800 miembros de la insurgencia presos de guerra en las cárceles colombianas se les llama “terroristas”, pero no se habla de ellos ni los medios de comunicación se acuerdan nunca del sufrimiento de sus familiares. Tampoco cuentan que son sistemáticamente torturados, psicológica y corporalmente, y que se les deja morir en silencio, sin las mínimas condiciones sanitarias y de asistencia médica.
Pero además de los soldados, policías y guerrilleros presos, la guerra y su lógica de exterminio y criminalización, se traduce en más de siete mil quinientos presos políticos, de los que solamente unos ochocientos son miembros de la insurgencia. La inmensa mayoría son civiles, encerradas en las cárceles del Estado colombiano bajo acusación de “rebelión” y “terrorismo”, sencillamente por su condición de líderes campesinos, sindicales, estudiantiles, indígenas o afro-descendientes; por ser incómodos y denunciar el terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas. La herramienta utilizada es un montaje judicial, con falsos testigos y pruebas fabricadas ad hoc.
El Gobierno colombiano ha exportado esta estrategia a Europa, y gracias a la colaboración de la fiscalía y las autoridades españolas, hay dos ciudadanas en España sometidas a un linchamiento mediático y a un calvario judicial, a las que se ha puesto en la picota, destrozando su buen nombre: Remedios García, desde julio de 2008 y Leyla Ordóñez, desde febrero de 2011.
Piedad Córdoba: “Participaré en todos los espacios de reconocimiento a Remedios: todo lo que le sucede proviene de haber tratado de ponerle remedio a la guerra”
Me complace mucho reencontrarme con Remedios, quien ha tenido que padecer cualquier cantidad de sucesos, todos provenientes del simple y claro hecho de haber apoyado a un país que busca la paz desde hace mucho tiempo y que, sobre todo, el hecho de haber sido una figura de procurar aliviar la vida tan difícil y la postración de derechos humanos que vive el país, se ha visto sometida a este torbellino de cosas que parecen no tener fin, incluso a pesar de que en el país se han tomado decisiones por parte de la Corte Suprema que la deberían tener ya fuera de todo tipo de investigación.
En segundo lugar, me parece muy interesante que sea en la Junta de Vecinos donde se pueda hacer esto, donde haya interés por lo que pasa en un país como Colombia y por hacer reconocimiento a una mujer que, sin lugar a duda, ha tratado de ponerle remedio a la guerra y el conflicto que vive el país, aportando un granito de arena.
Yo siempre pienso que los momentos de mayor dificultad están relacionados con la posibilidad real de que se arreglen cosas. Porque esta no es una pelea de ángeles y arcángeles. Esta es una pelea del establishment económico del país y del mundo por lograr hacerse con un país, sus recursos y sus gentes, y no ile importan las cifras de miseria, de pobreza, de exclusión, o una democracia tan frágil como la que se da en Colombia. Precisamente ese afán, ese interés, se ve reflejado en la nula voluntad política que tienen los estamentos de poder en el país de que realmente se pueda avanzar.
Cómo se solazan con la muerte
A pesar de todas las críticas y de todas las voces agoreras de mala suerte, pienso que hemos avanzado muchísimo, al menos en visibilizar la precariedad democrática que hay en el país, en mirar de todas maneras cómo se degrada cada vez más la situación de derechos humanos en el país, cómo se prefiguran unas leyes y se configuran unos escenarios que en la práctica realmente ni se pueden aplicar, ni son ciertos. Y una de las cosas que inclusive más me llama la atención y de las cuales creo que es importante procurar hablar en todos los espacios es cómo se solazan con la muerte. Como decía el Presidente de la República, el doctor Santos, cuando le da la noticia al país, cualquiera estaría pensando que encontraron otro pozo petrolero, así sea para robárselo, o que encontraron la vacuna contra el cáncer, por la forma en que se presentaron los noticieros. Y ver uno la sonrisa del Presidente de la nación diciendo: “Mi esposa es testigo de que lloré de la emoción cuando me dijeron que habían matado a Cano”.
Yo creo que eso no amerita la preocupación de nadie ni la discusión, pero sí amerita que yo haya dicho que asesinaron al comandante Cano, que lo rechazamos, que nos parece indignante que hayan asesinado a 4 soldados de la patria. 4 personas que por lo general son campesinos o personas de cualquier barrio popular de cualquier ciudad de Colombia, que al Gobierno no le importan absolutamente nada, porque lo que es importante ahí es cómo seguir sosteniendo en el país que la salida militar es la que es importante y no el diálogo, ni el debate, ni la discusión, ni la repolitización de la sociedad, ni el instrumento de la política para avanzar en los temas que requiere el país.
Colombia en cifras: 20 millones de pobres
Yo quisiera traer a colación las últimas cifras. Porque creo que lo que hay que mostrar no es “Colombia es pasión”, sino Colombia en cifras. Colombia en cifras son 8 millones de indigentes; 20 millones de pobres; 1,5 % de personas que tienen el 51% del territorio productivo del país; 4 millones de hectáreas reconvertidas al cultivo de palma de aceite, o a cultivo de caña o de agrocombustibles. O que el 6% del PIB del país se dedica a la guerra, y que solamente el 0,4% se dedica a educación. O decir que un estudiante de educación superior al país le cuesta 3 millones de pesos, cuando un guerrillero en la cárcel le cuesta 14 millones de pesos al Estado, o que le cuesta 13 millones de pesos un soldado en la guerra.
Lo que más me impresiona y me da la sensación de que incluso se está tratando de reconocer de antemano que están fracasando, y no es que están fracasando porque a mí me parezca bueno que maten o que no maten, sino porque cuando el Director de Planeación reconoce que somos un país muy desigual, que realmente los indicadores de pobreza son alarmantes, que el país no está ganando la lucha contra la pobreza. Que somos el segundo país más desigual de América después de Haití o el tercero después del Congo y Haití en el mundo… Uno se pone a pensar: pero si saben eso, y acaban de votar un Proyecto de Presupuesto, un Plan de Desarrollo de 4 años, donde los porcentajes más altos se dedican precisamente a la guerra. Y yo creo que todo eso es precisamente para decir: a pesar de que no somos capaces de construir la miseria, la desigualdad, la exclusión, pues vamos a seguir con la guerra. Es decir, de lo poquito que quede, de todas maneras necesitamos que ustedes se despojen para poder continuar en una guerra.
Pedimos una tregua de la insurgencia y del Gobierno
Cuando realmente, si existiera la voluntad política, podríamos tranquila y llanamente avanzar en declarar una tregua, que es lo que venimos proponiendo: que se declare una tregua tanto de parte de la insurgencia como del Gobierno, o generar escenarios donde se pueda conversar. Pero mientras que el Presidente va a Inglaterra y dice que tiene la llave, y llega al país y con la llave se dedica a dispararle a todo el mundo y a generar lo que se ha venido generando. De una absoluta pobreza en la argumentación y de una absoluta precariedad, sobre todo en la posibilidad de que los mismos medios de comunicación le permitan a la gente opinar.
El próximo 6 de diciembre hay una marcha, y no es solamente contra las FARC. La marcha es contra todos los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN. Así como a nadie le preguntaron que había que escuchar a los paramilitares, los escucharon, los colegiaron y sin embargo no se ha acabado el paramilitarismo. Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, que son muy difíciles, reverdecen otras cosas, como el movimiento estudiantil.
Movilización estudiantil
El movimiento estudiantil no está donde está porque de la noche a la mañana a unos estudiantes les pareció que era importante salir a marchar. Es que se vienen organizando de tiempo atrás. Es que hace tres o cuatro años apareció la FEU y la FEU comienza a llamar a los estudiantes del país. Es que hace 4 meses hicimos un congreso de la FEU y asistieron 5 mil estudiantes. Nosotros participamos apoyando a los estudiantes con toda la logística para que lo pudieran convocar. De ese evento salieron cosas tan importantes como la unidad de las universidades públicas y privadas frente a la necesidad de hacerle oposición a una reforma de la educación que se aviene al Tratado de Libre Comercio que acabaron de firmar en Estados Unidos y que tiene que ratificar el Congreso de Colombia. Y donde lo que se da es la apertura total y se legaliza la presencia de muchas Universidades de los Estados Unidos, fundamentalmente, que han comprado universidades en el país, que requieren unas exigencias de orden jurídico que les permitan realmente recibir recursos del Estado. Es que ni siquiera es llevar plata para invertir en las universidades, sino recibir recursos del Estado para supuestamente ellos prestar la educación en el país. Una educación que debería ser, simplemente, un derecho, que es fundamental además, pero que hoy se somete a la oferta y la demanda del mercado.
Esa discusión que moviliza a los estudiantes, pero que viene de tiempo atrás, conecta con los padres de familia, con los sindicatos, que han empezado a reflexionar. Porque la verdad es que todo el mundo en los sindicatos no está dispuesto a irse de ministro ni de vicepresidente, ni de embajador, porque mientras una persona se coloca, el país queda en unas circunstancias sumamente delicadas.
Ahora viene una reforma laboral que legaliza la tercerización del empleo y que además acaba con el contrato de trabajo, y se supone que tiene que tener un gladiador en la Unión Europea para poderle meter a la gente que eso es lo que requiere el país, cuando eso no es cierto. Y esos requerimientos son de los tratados de libre comercio.
Conflicto minero
Hechos como el levantamiento que ha habido en los últimos días en el Meta, en Pacífico Rubiales en Puerto Gaitán, donde el 80% de la exploración del país la hace esta empresa, y por ahí derecho se ha quedado también con la explotación, con unas condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector petrolero impresionantes. Puerto Gaitán no tiene agua, no tiene luz; como no lo tiene la Alta Guajira, que tiene a la Drummond, de donde se saca el carbón; como no lo tienen muchas de las regiones que hoy han sido arrasadas para la siembra de palma africana y como no lo tienen muchas de las regiones que hoy, ante el anuncio de la “locomotora” que hizo el Presidente. La expectativa de la explotación minera a cielo abierto no solamente ha fortalecido el paramilitarismo, sino que también ha desplazado a los campesinos y campesinas. Pero también hay que agregar que se ha modificado una legislación minera, una modificación que hicieron las multinacionales de la mano de algunos apátridas. Y hoy, ¿qué está haciendo el Gobierno? Persiguiendo a los pequeños mineros, metiéndolos a la cárcel. En Caucasia hoy hay un levantamiento de toda la región minera de Antioquia, de esa zona del Bajo Cauca antioqueño, porque a los que están metiendo a la cárcel ya hoy con el nuevo Código Minero es a los mineros artesanales, que llevan años y años en todas esas regiones, porque “hay que procurar la seguridad”.
Yo los invito a que escuchen la última intervención del Presidente, diciendo cuáles eran las condiciones de seguridad para los inversionistas. Es muy importante, es uno de los hechos más significativos de los últimos días: se aumenta el pie de fuerza y ese pie de fuerza está ubicado coincidencialmente donde están las zonas mineras: noroccidente y Sur de Bolívar, Marmato en Caldas, Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó y Antioquia, toda la zona que está rodeada de oro en Buenaventura, es decir, todas las regiones de mucho interés.
Quieren acallar la movilización con amenazas
Tal vez lo que la gente no sabe y es desalentador es ver cómo el paramilitarismo está, inclusive, yo diría peor que en los años 90, peor que en la época de Pablo Escobar. Algo inaudito. Pero en medio de toda esa cosa –decía yo- reverdecen muchas esperanzas. Florece ese movimiento obrero en Puerto Gaitán, donde han obligado a la empresa a sentarse y hablar con los trabajadores. A pesar de que en Segovia un trabajador del Gobierno anterior prácticamente se robó la propiedad de la mina, que era de los trabajadores, miembros del Partido Comunista, la escritura se la habían dejado a ellos. Se quedaron con la mina, pero la gente no se ha amilanado, la gente se está organizando. En Colombia hay una movilización, que se pretende acallar hoy con las amenazas de que todos los que no estamos de acuerdo con eso somos terroristas, o pertenecemos a la insurgencia. Y yo creo que la gente ha empezado a hacer caso omiso de ese discurso, porque la gente está llegando a las movilizaciones; está participando, está fortaleciendo un movimiento desde la sociedad civil para buscar la paz.
Creo que la enseñanza que ha sido para nosotros el oprobio o la infamia pública a la que se ha sometido a Remedios es lo que nos ha fortalecido a muchos a pensar que en muchas oportunidades, por muchas razones, quienes han llevado la bandera en lo alto, quienes han avanzado terminan o yéndose del país o siendo asesinados, que es lo más común en Colombia. O termina desprestigiado y aislado, porque la pelea es muy dura y muy desigual.
A mí me parece tan vergonzoso que el Gobierno pueda decir que utilizaron veintitantos helicópteros, no sé cuántos aviones, no sé cuántas bombas de 500 y 800 libras para asesinar a una sola persona, a Alfonso Cano, que así a ellos no se lo parezca, era un colombiano que estaba buscando la paz. Y esa desproporción en el uso de la fuerza no les parece anormal.
Yo creo que a pesar de este suceso tan doloroso de la última semana del asesinato de los 4 policías, donde creo que lo ético es que se investigue en una comisión quién los asesinó realmente. Porque el único soldado que quedó vivo, lo primero que sale a decir es: “Yo pude seguir vivo porque me escondí y me pude separar del tiroteo que había entre el Ejército y las FARC”. Entonces, como él mismo dice, los pudo haber matado o un tiro de los unos o de los otros. Ya las noticias que se presentan después son otras. Obviamente, no sólo para confundir, sino para mantenerse en el argumento de que la salida no es la política ni la negociación, sino la guerra.
Yo creo que hay que tener muchísima paciencia, para ser capaces de continuar. Por eso es muy importante que europeos y europeas por la paz, que nos invitan acá, como nos invita Mundubat, realmente sigamos haciendo este trabajo para poder contar lo que está pasando. Porque a pesar de que hoy estamos en la era de la información, como dice Manuel Castells, a nosotros nos toca estar en la era del burro y de la mula, boca a boca, con volanticos y con cosas, porque son mucho más poderosos los medios de desinformación, que además defienden intereses muy claros de los medios de los dueños de los medios de producción, que no quieren dejar abierta la posibilidad de que se acabe la guerra en el país.
Prisioneros de guerra
Hemos pedido esa comisión de investigación y hemos pedido una comisión de verificación sobre las condiciones de los prisioneros de guerra, que es un imperativo ético de quienes estamos trabajando por la paz. Es una necesidad además de que se visualice que este no es un intercambio tuerto como dicen algunos, sino que aquí hay dos partes contendientes. Y si el mismo Gobierno reconoce que hay un conflicto, ese conflicto amerita y obliga a que se apliquen los protocolos y el derecho de guerra donde, efectivamente, hay unas limitaciones, hay unas prohibiciones que son los mínimos éticos que tiene la guerra. Hablar de humanizar la guerra, como decía el mismo comandante Manuel Marulanda en su momento, es eludir la capacidad de poder terminar la guerra. Ojalá la pudiéramos terminar y no tuviéramos que llegar a eso, pero todo el mundo no razona ni racionaliza de la misma manera, ni los intereses van a dejar que esto ocurra de tan fácil manera.
Mientras tanto, nosotros a partir del mes de enero, nos vamos a ir preparando para eso. A pesar de que ya se tenía convocada una reunión, porque se tenía noticia de que llegaba la carta con alguna de las mujeres que firmaron la carta, que, de todas maneras, van a llegar a Bogotá el próximo 4 de diciembre, nosotras vamos a plantear la creación de la comisión. Vamos a plantear la creación de otra comisión que revise los procesos por los cuales han sido condenados 7.500 presos políticos, de opinión, entre los que está los mismos combatientes guerrilleros, y que han sido condenados prácticamente sin fórmula de juicio.
Fui destituida y no me he podido defender
Yo pongo un ejemplo muy concreto, para no ir ni siquiera a los que están alzados en armas: yo misma. Yo fui destituida y no tengo derechos políticos en este momento, hasta dentro de 17 años, porque va a cumplirse ya un año desde que fui destituida. Y lo que la gente no sabe es que yo no me pude defender, porque el Procurador no dejó que agotara los recursos. Y cuando se iba a llegar a un recurso me montaba otro proceso, y mientras tanto, otro proceso. Hoy me abrió una investigación –sabiendo que ya no me puede investigar más- dizque porque yo tengo un apartamento en Barcelona y tengo cédula venezolana… y la única que no sabe eso soy yo.
Entonces, lo que uno ve claro es el afán y el interés por desdibujar el trabajo que muchos hacemos. Pero además de eso, de dejar sin una defensa ética, que es la defensa que tiene que hacer la sociedad, de quienes procuramos un orden político, social y económico totalmente diferente. Y sobre todo, en la manera como ellos dan las noticias, pero fundamentalmente, en que no puedan existir los recursos.
En otro país, la Corte Constitucional, y no me voy contra ella, ya hubiera definido mi tutela. Llevo ya casi un año y tampoco sé si el pronunciamiento va a ser a favor del Derecho, porque yo no estoy exigiendo nada más. El Consejo de Estado últimamente tomó la decisión de no estudiar la suspensión provisional, que fue lo que yo solicité. Bueno, perfecto, hay una demanda que está en curso. Pero lo pongo como ejemplo no para mostrarles a ustedes que yo soy una heroína o una mártir. No. Si a mí me pudo haber pasado eso, que se supone entre comillas que hago parte de un Partido, que hoy está totalmente entregado a la Unidad Nacional, menos yo, pues ¿qué no le podrá pasar a una pobre persona que muchas veces no sabe ni por qué la detuvieron? Y que asegura que no estuvo ahí pero aparece un señor que asegura que sí estuvo ahí. Además, hay una cosa que nosotros hemos visto en los procesos. Porque yo activé mi tarjeta profesional y estoy dedicada a defender muchísima gente que está presa, porque eso sí no me lo pueden quitar, por ahora. Y uno se da cuenta de cómo han logrado montar una estrategia tan perversa que hasta uno mismo termina por creerse sus mentiras.
Montajes judiciales
Cuando fuimos a asesorar a los muchachos que detuvieron después del Congreso de la FEU en el Caquetá, que detuvieron a un grupo como de cinco o seis, la presentación que hace la inteligencia es tan sofisticada, en medios magnéticos y toda esa cosa, que yo llegué a pensar que eso era verdad. Y además yo aparecía también ahí. Yo misma decía: ¿pero yo qué estoy haciendo ahí? Y los muchachos se pusieron a llorar, diciendo que eso no era verdad. E incluso las mismas familias terminan diciendo: “Acepte, mi hijo que le pongan rebelión, acepte mi hijo”. Y los muchachos decían: ¿Pero por qué vamos a aceptar eso, si no es verdad?
Es tan sofisticado lo que han venido haciendo, que es una forma de tortura psicológica, no solamente para quien está implicado, sino también para el resto, y han logrado que muchos abogados no los defiendan y no acepten llevar ningún tipo de procesos de estos. Y a todo ese tipo de cosas hay que ponerles fin. Pero no retrocediendo, sino manteniéndose.
No nos pueden arrodillar
Yo recurro mucho a una figura española, que es Pasionaria. Yo creo que su ejemplo de vida, el “No pasarán” sigue siendo absolutamente vital en este momento. Porque no pueden pasar; porque no pueden seguir. Porque no nos pueden arrodillar. Porque no pueden lograr que renunciemos a lo que enarbolamos, que es la defensa de la libertad, la búsqueda del mínimo ético, que es poder vivir con tranquilidad.
Por eso, yo quería decirle a Remedios que en todos los actos que haya, en todos los espacios de reconocimiento por lo que ha hecho por mi país, si yo estoy aquí lo haré, y si no, desde la distancia. Porque lo necesitamos. Porque estamos convencidos de que la muerte no puede vencer sobre la vida, y que las circunstancias tan difíciles no pueden ganar ante la esperanza de vivir en un país en paz.
Colombia es un país maravilloso, con todas sus gentes. Y batallar en esas circunstancias es muy difícil. Pero más difícil es no hacer nada. Más difícil es tranquilizarse a ver morir las esperanzas, a ver morir a tanta gente, y a negarse la posibilidad de haber tenido –lo digo con toda tranquilidad- a una persona que estaba luchando con tanta certeza y con tanta responsabilidad, como se había comprometido Alfonso Cano en sacar todo esto adelante. Qué tan bueno hubiera sido poder estar discutiendo un futuro próximo con ellos, con todos los que creemos que nuestro país tiene que salir adelante, inclusive con quienes nos odian a muerte, con los que creen que el derecho es solamente de ellos y no de todos nosotros y de todas nosotras.
Yo estoy segura de que vamos a salir adelante, Remedios, totalmente segura. Aunque nos duela mucho. Pero tengo la absoluta esperanza de que vienen otras cartas; que vienen muy buenas noticias y que esas noticias son la esperanza de que Colombia pueda vivir en paz. Mil gracias.
Enrique Santiago: “Todas las acusaciones contra Remedios y Leyla Ordóñez se sustentaban en pruebas supuestamente encontradas en los ordenadores mágicos de Raúl Reyes, invalidadas por la Corte Suprema colombiana”
Es obligación ofrecer una explicación aunque sea somera de la situación en la que se encuentra ahora mismo la compañera Remedios. Creo que también es bueno hablar de la situación en la que se encuentra ahora mismo la otra compañera colombiana que se encuentra también con un procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional, la compañera Leyla Ordóñez, ambas por hechos muy parecidos, todos derivados de esta caja mágica que son los ordenadores de Raul Reyes.
El termómetro para medir la poca consistencia que estos procedimientos judiciales tienen ahora mismo es el mediático: ha desaparecido absolutamente de los medios de comunicación las noticias relativas a este procedimiento y los escándalos sistemáticos que la prensa viene organizando, especialmente entre julio de 2008, el momento de la detención de Remedios, y el último escándalo, coincidiendo con la detención de Leyla en este año 2011.
Después de eso han ocurrido cosas sumamente importantes, que la inmensa mayoría de las personas, incluso aquellas que han venido siguiendo la situación procesal de Remedios y de Leyla ignoran. La primera y más importante es que la Audiencia Nacional ha levantado el procesamiento y ha retirado absolutamente todos los cargos que había respecto a Remedios en el procedimiento que se sigue por la supuesta vinculación entre las FARC, ETA y el Gobierno de Venezuela.
Operación propagandística de difamación contra Remedios y el Gobierno de Venezuela
Fue el 1 de marzo de 2010 cuando, antes de que lo conociera Remedios o su defensa procesal los medios de comunicación, en primera página otra vez, dieron la noticia de que se procesaba nuevamente a Remedios en otro procedimiento judicial, esta vez nada más y nada menos que por ser ella el vínculo entre la organización ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige un juez que fue Director General de Justicia en el Gobierno de la Comunidad Valenciana presidido por el Sr Eduardo Zaplana, cuando la Generalitat Valenciana en el año 2000 recibió con honores políticos a Raúl Reyes.
El procesamiento de Remedios fue primero conocido por los medios de comunicación y sólo después, por la propia Remedios y su defensa. Es más, un mes después de haber saltado a los medios de comunicación toda la información sobre el procesamiento de Remedios, ella todavía no había sido notificada en ese procedimiento; un mes después no había podido declarar y no había podido defenderse. A fecha de hoy todos los cargos han sido retirados, el procesamiento ha sido levantado porque ninguno de los más de 12 testigos que supuestamente presentaron las autoridades colombianas –unos, antiguos miembros de las FARC, según decían; y otros, taxistas venezolanos que, según declaraban, iban a los campamentos de las FARC a recoger a Remedios en taxi y luego la devolvían a gasolineras donde supuestamente Remedios entregaba pasaportes delante de generales del Ejército venezolano a todo tipo de miembros de ETA que aparecían por allá- después de que todas estas declaraciones resultaran absolutamente insostenibles (ciudadanos que se presentaban como venezolanos y que en las declaraciones judiciales reconocían que eran colombianos), lo cierto es que se levantó este procesamiento y ello no fue noticia, no se publicó en los medios de comunicación. Practicamente se desconoce no solamente que Remedios no tiene ninguna acusación en ese procedimiento, sino tampoco los propios funcionarios venezolanos que fueron acusados.
¿Lo que fue un favor político solicitado por el Gobierno de España ahora es un crimen?
No voy a hablar de la situación de los presuntos miembros de ETA acusados en ese procedimiento, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en Venezuela desde hace más de 20 años a petición del Gobierno español al Gobierno venezolano. Fue un favor político que realizó el Gobierno venezolano al Gobierno español a petición del entonces presidente del Gobierno, el señor Felipe González. Luego el juez se pregunta qué hacen estos miembros de ETA viviendo en Venezuela, que por qué tienen nacionalidad venezolana, que por qué están casados con ciudadanas venezolanas. La contestación es bien sencilla: llevan 20 años viviendo en Venezuela y el Gobierno venezolano además ha garantizado al Gobierno español como parte de ese acuerdo político, que estos señores, presuntos miembros de ETA –porque la inmensa mayoría no han sido nunca juzgados- no podrían regresar a España.
Lo que es un favor político del Gobierno venezolano, en principio, del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que luego mantiene el Gobierno del presidente Hugo Chávez, esto es elevado nada más y nada menos que a la categoría de crimen o complicidad, para el presunto sostenimiento, financiación y entrenamiento de ETA. Con el silencio absolutamente cómplice del Gobierno español, que en ningún momento ha tenido la entereza o la honradez de decir que la explicación por la cual estos señores están en Venezuela es porque nosotros lo pedimos y nosotros los enviamos, al igual que se lo hemos pedido al Gobierno de Argelia, al Gobierno de Cabo Verde, al Gobierno de México, al Gobierno de Uruguay o al Gobierno de Cuba. Y además debemos agradecer que estos presuntos miembros de ETA no hayan vuelto de Venezuela, porque eso significa que el Gobierno venezolano está cumpliendo el compromiso político que nosotros les pedimos. En ningún momento el Gobierno español ha levantado la voz para dar estas explicaciones que serían de mínima honradez, no ya por ser cabales, ajustadas a la realidad, sino por mínima honradez. El Gobierno español ha mirado para otro lado mientras se organizaba un auténtico escándalo mediático que ha supuesto incluso la criminalización del Gobierno de Venezuela, que era la cabeza que se buscaba con este procedimiento, ante la comunidad internacional y justificar las acusaciones de connivencia con el terrorismo, de financiación del terrorismo, por parte del Gobierno de los Estados Unidos y adláteres.
Y ni más ni menos que la pieza clave con la que la justicia española mantuvo un tiempo tal falacia, una construcción que en la practica resultaba propagandística, era la compañera Remedios, a la que posteriormente, como digo, le fueron retiradas las acusaciones. Una vez retiradas, ¿cuál es la situación de Remedios?
Pendiente de poder defenderse desde julio de 2008
La compañera Remedios sigue teniendo una acusación que deriva del primer procedimiento que se le abrió cuando fue detenida en julio de 2008. En principio se le acusa por colaboración, no por integración, con organización terrorista, concretamente por su colaboración con las FARC. Esa presunta colaboración se supone que la ha realizado Remedios mediante actividades de proselitismo, reclutamiento, adoctrinamiento y financiación o ayuda a todas estas cuestiones.
A fecha de hoy Remedios no ha vuelto a ser citada a declarar en la Audiencia Nacional en todo este procedimiento, desde julio del año 2008. Todas y cada una de las pruebas que se han presentado contra ella han sido no muy difícilmente contrarrestadas y desmentidas, y el núcleo de las pruebas que la fiscalía española a través de la fiscalía colombiana presentaba contra Remedios era el contenido de los famosos ordenadores de Raúl Reyes que en el pasado mes de mayo de 2011 la Corte Suprema declaró nulos de pleno Derecho por ser pruebas obtenidas –como veníamos diciendo aquí, en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se han intentado utilizar por los tribunales- con violación de innumerables normas de Derecho nacional interno colombiano e internacional. Concretamente, la Corte Suprema colombiana las anula por la primera de las alegaciones que presenta en este caso la defensa del representante a la Cámara Wilson Borja. Ese ha sido el procedimiento en el que se han anulado porque ha sido el primer procedimiento sustentado en las supuestas pruebas de los ordenadores que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia colombiana.
Las únicas pruebas presentadas contra Remedios ya han sido invalidadas
Es decir, por primera vez, y a pesar de las presuntas mentiras reiteradamente mantenidas por los oficiales de policía colombianos que han declarado en el procedimiento en España –que han mantenido en todo momento que esas pruebas tenían plena validez ante los tribunales colombianos, cuando en ese momento ya esas pruebas habían sido anuladas por tribunales inferiores, que no las habían tenido en cuenta, y fueron los recursos de la fiscalía colombiana los que motivaron que llegara a la Corte suprema- la Corte Suprema las anuló por la primera causal alegada, que fue por haberse obtenido en contra de lo establecido en los Convenios Bilaterales y multilaterales de cooperacion jurídica, en violación de la soberanía territorial de Ecuador y haber sido obtenidas por agentes del Estado no investidos de autoridad judicial, concretamente por las fuerzas armadas colombianas, que intervenían sin ningún tipo de cobertura judicial para actuar en otro país distinto del suyo.
Y digo que es la primera causal, es la primera alegación la que admite la Corte, porque obviamente había muchas más. Si esa hubiera sido desestimada, la Corte tendría que haber examinado otras y, probablemente, esta primera causal es la que crea menos problemas políticos al Gobierno colombiano. Porque las otras eran ya de una índole mucho más seria, quizás no tanto en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, pero sí respecto a la actuación y la falta absoluta de respeto que las autoridades colombianas tienen respecto a los derechos humanos. Porque el resto de causales hacían referencia a la perpetración de crímenes de lesa humanidad en la obtención de las presuntas pruebas.
Es decir, como está certificado por forenses ecuatorianos y por forenses franceses traídos por las autoridades ecuatorianas, todos los supuestos miembros de las FARC que quedaron en el campamento de Raúl Reyes después del bombardeo y de la operación militar en la que se obtuvieron esos ordenadores, todos aparecieron con tiros en la cabeza o acribillados por la espalda. Es decir, ejecutados, todos y cada uno de ellos.
O que el propio cuerpo de Raúl Reyes estuviera destrozado por un uso excesivo de la fuerza, que también es un crimen de lesa humanidad: esta persona había sido bombardeada sistemáticamente.
Computadores mágicos
O luego alegaciones ya de tipo mucho más doméstico, que no dejan de llamar la atención. ¿Cómo habiéndose acreditado por las Fuerzas Armadas Colombianas las toneladas de bombas arrojadas sobre ese campamento y sobre esos materiales informáticos, cómo es posible que ordenadores laptop de uso doméstico que en los certificados de instrucciones dicen que no resisten más de cien grados de temperatura, cómo es posible que ni uno solo de esos 15 ordenadores, 80 pen-drive, y veintitantos discos duros, ni uno solo, estuviera dañado por efecto del calor después de haber soportado toneladas de bombas que cayeron sobre ellos? No es que no hubiera ninguno roto físicamente, sino que ni siquiera se hubieran dañado. Es decir, que la temperatura supuestamente no superó los cien grados, después de toneladas de bombas que cayeron sobre estos instrumentos.
La Corte Suprema colombiana lo que ha hecho es acoger la primera de las causales alegadas porque probablemente es la que causa menos escándalo político. Una vez que anulamos estas pruebas por esta causal, nos evitamos tener que entrar en las siguientes. Nos evitamos tener que entrar en el análisis de si ha habido crímenes de lesa humanidad, o nos evitamos tener que entrar en el análisis de las muchas falacias vertidas, que no son sostenibles desde el punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica, como es este misterio de la naturaleza y la técnica de ordenadores que aguantan miles de grados.
Los mismos policías colombianos que no han reconocido ante la Audiencia Nacional que estas pruebas ya estaban siendo cuestionadas por los tribunales colombianos, ellos mismos reconocen que, efectivamente, las toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de grados centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica. ¿Cómo es que ninguno, ni siquiera un maldito pen-drive había sido dañado y todos estaban absolutamente íntegros en sus materiales? Al igual que también reconocieron otras cosas sorprendentes.
Los ordenadores son incautados en una operación nocturna, tardan tres días en llegar a Bogotá, con todo un fin de semana de por medio. La operación es la noche de un viernes a un sábado, los ordenadores no llegan a la Policía en Bogotá hasta el lunes por la mañana y el sábado por la mañana, ya en varios periódicos de Colombia y de Ecuador, aparece en primera página el supuesto contenido de los ordenadores. Cuando la propia policía colombiana certifica que los ordenadores no han sido abiertos en sede policial hasta el lunes. Es decir, 36 horas antes de que esos ordenadores sean abiertos, según el informe pericial, ya aparece en medios de comunicación ecuatorianos y colombianos en primera página el contenido. Algo que tampoco han sabido explicar, no ya las autoridades colombianas, sino los propios agentes policiales responsables de esta operación que han intervenido ante la Audiencia Nacional.
Ignominiosa persecución en España contra una refugiada
El asunto es que, una vez presentada ante la Audiencia Nacional, tanto en el único procedimiento ya que se sigue contra Remedios como en el procedimiento de extradición que inician las autoridades colombianas contra la compañera Leyla Ordóñez que, obviamente, no fue ni tan siquiera mantenida en prisión, porque su estatus de refugiada política en España impide no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino que impide ser devuelta a Colombia: la compañera Leyla podría ser enviada a cualquier país del mundo para ser juzgada salvo a Colombia, porque es el único país respecto al cual está absolutamente protegida de ser devuelta por la Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección.
La compañera Leyla queda en libertad en el momento en que comparece ante la autoridad judicial, a pesar de que la fiscalía española solicitaba prisión incondicional sin fianza. Todas las pruebas que se presentan contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y materiales informáticos de Raúl Reyes.
Al margen ya de fundamentaciones de supuesto vínculo con organizaciones o actividades terroristas de Leyla, que no dejan de herir el sentido común y la honorabilidad de las personas, una de las gravísimas acusaciones formuladas por el Gobierno colombiano era que del contenido de esos ordenadores se desprendía que Leyla había constituido una organización defensora de los derechos humanos para desprestigiar al Gobierno colombiano en España, dando incluso el nombre, efectivamente, de una asociación registrada, legal en España, que ha realizado innumerables actividades en defensa de los derechos humanos. Y esto era argumentado como una fehaciente prueba por parte de las autoridades colombianas de su vínculo con organizaciones terroristas, como parte de esa llamada guerra jurídica que lleva adelante el Gobierno colombiano respecto a los defensores de los derechos humanos.
La fiscalía española y colombiana llevan seis meses sin responder
Cuando esta sentencia de la Corte Suprema colombiana se emite en el mes de mayo, se presenta tanto en el procedimiento de Leyla como en el procedimiento de Remedios en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional y se piden dos cuestiones:
-En primer lugar, que el juez español acuerde remitir esa sentencia a Colombia para que las autoridades colombianas certifiquen que esa sentencia es auténtica. Y que además es firme y no recurrible.
-En segundo lugar, que la fiscalía española, en ambos procedimientos, explique si además de los contenidos de los ordenadores de Raúl Reyes tienen alguna otra prueba que permita, una vez anuladas las pruebas procedentes de los ordenadores, sustentar alguna acusación contra Remedios o contra Leyla.
A fecha de hoy, seis meses después de haberse presentado, las autoridades colombianas no han contestado esa comisión rogatoria. Ayer mismo el juez que instruye el procedimiento de extradición de Leyla la reiteró a Colombia, diciendo que qué ocurría: que cómo es que tardan dos semanas en enviar órdenes de detención desde que supuestamente detectan en Colombia elementos incriminatorios contra personas residentes en España, pero que seis meses después de enviarse una solicitud de certificación han sido incapaces de contestarla.
A paso de tortuga también en la causa contra Álvaro Uribe por las chuzadas en España
Una lentitud de las autoridades colombianas que se repite en otro procedimiento judicial, que no tiene que ver ni con la compañera Remedios ni con la compañera Leyla, que es el procedimiento que se sigue en los Juzgados de Madrid, entre otros funcionarios y autoridades colombianas, contra el señor Álvaro Uribe Vélez, que está imputado por la justicia española por delitos de intervención de comunicaciones y coacciones por los sucesos del DAS ocurridos en España. También la jueza que instruye estas actuaciones en el mes de junio remitió una comisión rogatoria a las autoridades colombianas para que informaran sobre si los hechos investigados en España estaban siendo investigados en Colombia, y a fecha de hoy las autoridades colombianas tampoco han tenido tiempo para contestar esa comisión rogatoria, al igual que otra similar que otro juez belga ha enviado a Colombia por los sucesos de las famosas “chuzadas”, que no sólo ocurrieron en Colombia y en España, también en Bélgica fueron chuzados, espiados, coaccionados tanto refugiados colombianos en Bélgica como políticos belgas, eurodiputados de distintos países que realizaban sus actividades en el Parlamento Europeo, y a fecha de hoy las autoridades colombianas no han tenido tiempo de contestar ninguna de esas cuatro comisiones rogatorias –las dos de los procedimientos de Leyla y Remedios, la de las chuzadas del DAS en España y la de las chuzadas del DAS en Bélgica- y tampoco han tenido tiempo de autorizar una petición de la policía judicial belga que en el mes de junio solicitó a la fiscalía colombiana desplazarse a examinar ellos directamente los expedientes del DAS incautados por la fiscalía colombiana en las oficinas del DAS.
Tampoco la fiscalía española en estos meses ha tenido tiempo de indicarnos si además de las pruebas supuestamente contenidas en esos ordenadores de Raúl Reyes, existe alguna otra prueba que ellos tengan que permita mantener el procedimiento y las acusaciones que se han formulado contra Remedios o que permitan mantener vivo el procedimiento de extradición que se sigue contra Leyla. A fecha de hoy tampoco hemos tenido contestación de la fiscalía española, muy diligente cuando se trata de ejecutar solicitudes de detención pedidas por Colombia respecto a ciudadanos refugiados en España. Porque si algo es indignante es que la Fiscalía española, cuando llega una solicitud de detención de una ciudadana cuya tarjeta de identidad en España es una tarjeta de refugiado, curse inmediatamente una solicitud de detención; y no solamente eso, sino que al pedir la prisión incondicional de Leyla obvie, nada más y nada menos, que las normas contenidas en la Ley de Extradición Pasiva, en la Ley Española de Asilo y en la Convención de Ginebra. Todas esas normas la fiscalía española las desconocía por lo visto y se permitió mantener la solicitud de prisión incondicional que fue, con muy buen criterio, rechazada por el juez instructor.
Como no sabemos si van a contestar o van a dejar de contestar, si esta situación se alarga, probablemente lo que haremos será intentar acreditar ante la justicia española que esto significa un reconocimiento de la ausencia absoluta de elementos de acusación contra ambas compañeras. y, por lo tanto, se justificaría el archivo del procedimiento de extradición y en el caso de Remedios, el absoluto sobreseimiento de la causa.
Indicios
A fecha de hoy ya hay indicios que nos permiten llegar a la conclusión de que las autoridades judiciales españolas son conscientes de que probablemente no van a tener muchos elementos para abordar un procedimiento de enjuiciamiento. El primero de ellos es que hace un mes solicitamos una autorización para que Remedios pudiera viajar fuera de España y se le devolviera el pasaporte, y la fiscalía española informó favorablemente y a la compañera Remedios se le devolvió su pasaporte y se le autorizó a abandonar España. Y la segunda es que hemos llegado a la conclusión de que a fecha de hoy no tiene mucho sentido que las medidas cautelares impuestas a Remedios le obliguen a presentarse semanalmente ante el juzgado, con lo cual también hemos pedido que se sustituyan estas medidas por la obligación de presentación mensual y la fiscalía española también ha tenido el buen criterio de no oponerse, con lo cual el juez español ya ha acordado la sustitución de la medida de presentación semanal por una medida de presentación mensual. Todo esto son indicios, pero que llevan a pensar que es imprescindible mantener la presión política. El escándalo mediático que a esta señora le ha destrozado su actividad profesional y personal desde hace tres años, escándalo que fue reiterado en marzo de 2010 con la nueva construcción fraudulenta del proceso en el cual supuestamente esta señora era el vínculo, nada más y nada menos que entre ETA, las FARC y el Gobierno venezolano, requeriría – si en los medios de comunicación españoles hubiera un mínimo de decencia- no solamente dar a conocer esta situación, por la que estos procedimientos se han caído, puesto que parece ser, cada día de una forma más clara, que no hay pruebas que permitan mantener estas acusaciones, una cierta rehabilitación mediática, igual que en su día se efectuó una clarísima condena mediática respecto a Remedios. Y también respecto a Leyla, porque en su caso, otra vulneración sistemática de la legislación nacional e internacional realizada por los medios de comunicación ha sido la publicación de datos, nombres, apellidos, lugares de trabajo y fotografías de una mujer que es refugiada en España. Es algo que la ley prohíbe absolutamente. Y eso se ha hecho sin que se sepa cómo, de dónde han salido esas fotografías que, curiosamente, en el caso de Leyla, al igual que en el caso de Remedios, coinciden con las fotografías de las fichas policiales. Son las que han sido publicadas por los medios de comunicación sin solución de continuidad y escasas horas después de que ambas fueran detenidas. Es decir, la filtración está claro que viene de archivos oficiales: o bien de archivos policiales o bien de archivos judiciales.
Entrar a discutir las causas del conflicto es, ni más ni menos, que hablar de las riquezas, de la posesión de la tierra y de la acumulación insultante en muy pocas manos frente a esos 20 millones de colombianos que, según las Naciones Unidas, viven en la absoluta pobreza.
Exterminar a la dirigencia política para evitar abordar las causas del conflicto
Otra vez toneladas de bombas caen sobre un hombre que iba en compañía de muy pocas personas, con un círculo de seguridad muy reducido, y después un operativo de más de mil hombres acordonan una zona en la que, como ha dicho no precisamente alguien sospechoso de terrorismo, sino como manifestó antesdeayer el arzobispo de Cali, ¿cómo es posible que Alfonso Cano no fuera detenido por las autoridades colombianas, cuando la zona estaba cercada y había mil militares sobre el terreno buscándolo? ¿Cómo es posible que cuando lo encuentren sea ejecutado, sea asesinado, estando rodeado de mil militares, una persona –en palabras del arzobispo- mayor de 60 años, herido, ciego, porque estaba sin sus gafas, y acorralado por el ejército? ¿Cómo es posible que haya sido acribillado a balazos y qué impedimento tuvieron las autoridades colombianas para detenerlo y haberlo llevado delante de la Justicia? Evidentemente, las autoridades colombianas no tenían ningún interés en someter a Alfonso Cano a ningún procedimiento judicial ni en mantenerlo vivo, porque esto pone de manifiesto que la dirigencia de la insurgencia colombiana es fundamentalmente política, con criterios políticos, que defiende mecanismos políticos para solucionar el conflicto y, obviamente, eso cuestiona la naturaleza del conflicto y los responsables del mismo. Porque hablar sobre las causas del conflicto en Colombia es sobrepasar el límite de lo que la oligarquía puede permitir.
Y además también conviene destacar, para poner de manifiesto la falta absoluta de voluntad política del Gobierno colombiano de avanzar en un escenario de paz, cómo la estrategia de combate a la insurgencia ya no es la estrategia de combate a las fuerzas guerrilleras o de expulsar a las fuerzas de la insurgencia de las zonas que controlan, sino cómo se dirige en una política selectiva de exterminio de sus dirigentes políticos. Es decir, aquellos que desde la comandancia de las insurgencias están defendiendo la negociación política y el fin del conflicto a través de la discusión política sobre sus causas. Es decir, aquellos que están accediendo a la liberación unilateral y sin esperar nada a cambio, pese al exterminio al que están siendo sometidos los presos políticos en general y en particular los prisioneros de guerra de la insurgencia en poder de las autoridades colombianas, están siendo exterminados estos dirigentes políticos mediante un uso excesivo de la fuerza que solamente puede ser calificado como ejecución extrajudicial. Y el caso de Alfonso Cano lo pone claramente de manifiesto.
14 años sin hacer nada por la liberación de los soldados y cuando se enteran de su inminente liberación, provocan su muerte con una operación militar a sangre y fuego
Pero además quiero poner de manifiesto lo que claramente han expresado las FARC. Yo tengo aquí el último comunicado de las FARC en el que explica la ignominia con la que ha actuado el Gobierno colombiano: 14 años sin intentar el rescate de los militares en poder de las FARC. 14 años. Y qué casualidad, que precisamente cuando se enteran de que se iba a producir en breve, de forma inmediata la liberación de seis de esos militares, entran a sangre y fuego y fuerzan una situación en la que mueren. Esto acredita la consideración que el Gobierno colombiano tiene a sus propios militares, aquellos que van a defender los privilegios de la oligarquía colombiana. No tienen el mínimo decoro de facilitar la liberación unilateral y sin condiciones que habían acordado en este caso las FARC, y fuerzan que estas personas sean exterminadas. Y, como decía Piedad, ya veremos cómo han acabado con las vidas de estas personas. Porque lo que no encaja es que si estas personas, como se ha dicho, estaban encadenadas y aparecieron encadenadas con un tiro en la cabeza, cómo es que ha habido uno que no estaba encadenado y que quitándose de en medio cuando empezó el tiroteo, se puso a salvo. Son cosas que no cuadran desde ningún punto de vista.
El Gobierno Santos: discurso suavizado, pero violaciones de derechos humanos igual de atroces
Yo quiero acabar señalando la necesidad de redoblar estos esfuerzos. Porque nos encontramos ante un Gobierno absolutamente ignominioso, que no es cierto que haya cambiado. Como bien dicen los movimientos populares colombianos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, apenas ha habido un desarme de la palabra. El señor Santos parece ser bastante más inteligente y, por lo tanto, también previsiblemente más peligroso que el señor Uribe, y ha adoptado un tipo de lenguaje y forma de relacionarse con los medios de comunicación no tan soez y grosero como el del señor Uribe, lo cual puede prestarle algo más de credibilidad de lo que tenía Uribe, que mantenía un discurso irracional y cegado por el odio. Sin embargo, el Gobierno del señor Santos mantiene otro tipo de discurso, con una cobertura supuestamente más democrática y apelando a los mismos argumentos utilizados por las autoridades estadounidenses en esa famosa “guerra contra el terrorismo”. Las cifras de la situación de los defensores de los derechos humanos, de los sindicalistas en Colombia en el año y tres meses de Gobierno del presidente Santos son tan atroces o peores que las del Gobierno del Señor Uribe. Los asesinatos de sindicalistas siguen produciéndose con la misma frecuencia o más; las detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos de los defensores de derechos humanos siguen produciéndose con la misma frecuencia o más.
Urgencia de solidaridad con miles de presos políticos, sometidos a una política de exterminio
7.500 presos políticos en estos momentos en Colombia, y de ellos solamente entre 800 y 1000 son sindicados de pertenencia a organizaciones insurgentes: es decir, que estamos hablando de más de 6.500 líderes populares y defensores de derechos humanos que están acusados de terrorismo e internados en cárceles en Colombia, en una situación en la que se les está dejando morir, por la absoluta privación de derechos básicos de la persona: asistencia sanitaria, alimentación, incluso en lugares con altas temperaturas, el derecho a acceder al agua para beber, sufriendo atentados y agresiones dentro de las prisiones, de forma que se está produciendo una absoluta política de exterminio con estos prisioneros políticos, que sin duda alguna ameritan que sea uno de los objetivos esenciales del movimiento de solidaridad con Colombia en estos momentos.
José Manuel Martín Medem: “La solidaridad con Remedios es también en defensa propia”
Yo quiero hacer un pequeño comentario nada más, poniendo además un ejemplo de cómo la guerra jurídica hacia el exterior, organizada por el entonces presidente Álvaro Uribe, se está extendiendo por el continente latinoamericano. Voy a poner un ejemplo que viene de estos últimos días.
Antes contaba Piedad Córdoba de una manera muy rápida cómo fue el caso de la intervención contra ella: también bajo una acusación de pretendida colaboración con la guerrilla no había manera de proceder contra ella a través de los tribunales de justicia –o de injusticia, según sus actuaciones- y utilizaron el camino, que en Colombia es posible, contra funcionarios públicos, a través de la figura de la Procuraduría, que lo que hace es una intervención disciplinaria, que puede llegar incluso, como en el caso de Piedad se aplicó, al castigo de arrebatarle su condición de representante popular elegida a través de las urnas. Es el caso en la situación de Piedad y es, como ella contaba, lo que tiene ante el Consejo de Estado presentado como recurso, pero mientras tanto no puede ejercer el cargo para el que fue elegida libremente por los ciudadanos. Ese es el caso de una persona de mayor proyección nacional e internacional, como es Piedad Córdoba, pero también la demostración de que no han tenido, ni siquiera en esa oportunidad, pruebas para llevar a los tribunales esa causa y tuvieron que ir por la vía disciplinaria.
Exportando el modelo de guerra jurídica
El modelo de guerra jurídica del que hablaba Enrique es un modelo que se utiliza internamente para, bajo la acusación de complicidad de colaboración con la guerrilla, neutralizar, hostigar, perseguir, espiar y a ser posible, procesar, condenar y encarcelar a sindicalistas, defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, representantes de comunidades indígenas … Es decir, todos aquellos a los que la presidencia de Uribe consideraba enemigos y cómplices de la guerrilla simplemente por dos cosas: o bien porque denunciaban tanto al interior del país como internacionalmente el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos, o porque tanto dentro del país como internacionalmente, manifestaban su voluntad y llevaban a cabo sus intenciones con su trabajo diario, de facilitar el intercambio de conocimiento, la información, el abrir espacios de encuentro para poder hacer posible el diálogo, esa auténtica negociación para una solución política al conflicto armado, a la guerra civil colombiana.
Ese modelo se exportó -y antes Enrique también hablaba del procedimiento judicial que está en marcha-, se exportó a la Unión Europea y empezando por España, a través de la actuación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia que depende de la presidencia de la República, pero en el caso de Uribe fue utilizada como una auténtica policía política. Fueron agentes de ese mismo organismo de inteligencia los que en la Unión Europea, empezando por España, espiaron, acosaron, difamaron, sobre todo a miembros del exilio colombiano y de organizaciones españolas de solidaridad con el pueblo de Colombia u organizaciones de defensa de los derechos humanos que desde aquí denunciaban.
Uribe consiguió criminalizar a las víctimas y a los defensores de derechos humanos
Esa táctica de la guerra jurídica se basaba en lo que durante las últimas presidencias ha sido una auténtica política de Estado que era revertir la situación anterior, cuando había al menos una ligera presión internacional sobre los gobiernos de Colombia con la acusación de que estaban violando los derechos humanos. El doble mandato presidencial de Uribe consiguió invertir la situación, y que fuera la acusación de terrorismo contra los insurgentes y sus supuestos aliados, los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos, la oposición política, los que internacionalmente fueran desprestigiados para que no tuvieran aceptación las denuncias que ellos hacían sobre la apariencia de democracia y la realidad de terrorismo de Estado, y que la comunidad internacional se pusiera del lado del Gobierno colombiano y no del lado de las víctimas de la represión. Esa ha sido la política que tanto daño ha hecho y que, como en el caso de Remedios, la mantiene en ese cepo en el que cada vez se va demostrando la falsedad de las supuestas pruebas contra ella pero sigue en una situación en la que la han estigmatizado ante la opinión pública, le han impedido continuar con su trabajo, le han hecho un bloqueo profesional, personal, político y social, haciendo que su vida esté bloqueada y pendiente de una espada de Damocles de un procesamiento dos, tres, cuatro años, con acusaciones tan graves como la de colaboración o complicidad con banda armada o ese de ser el centro de la conspiración perfecta entre el Gobierno venezolano, ETA y las FARC.
El cinismo y la hipocresía es que esa violencia institucional sea aceptada en los tribunales españoles, se mantenga la persecución contra Remedios o contra Leyla, sabiendo como saben que en Colombia el presidente Uribe está sometido a la investigación de la Comisión de Acusaciones en el Parlamento; que la marea de las complicidades en la utilización de la policía política para el acoso a la oposición ha llegado ya hasta su secretario personal; que una de las directoras del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pidió asilo político en Panamá para no ser juzgada en Colombia, por recomendación del propio Álvaro Uribe. Es decir, un ex presidente que le recomienda a la jefa de su policía política que se asile en otro país porque no hay condiciones para ser juzgada con garantías en su propio país… cuando ya están procesados y, en algunos casos, condenados, media docena de altísimos mandos de ese mismo Departamento Administrativo de Seguridad, y donde todas las evidencias apuntan a que había una operación dirigida desde la jefatura del Estado, de quien depende esa policía política, con proyección interna y externa.
El caso de la acusación de “complicidad con el terrorismo” contra “La Jornada”
Termino porque quería explicar cómo ese modelo se está extendiendo y de qué manera tan peligrosa. Hace 7 años, en 2004, en México –donde también Uribe consiguió uno de sus objetivos al acusar de colaboración con la guerrilla a un profesor universitario que trabajaba en la UNAM y que fue directamente deportado por el Gobierno mexicano violando todas las normas del Derecho internacional y del procedimiento de extradición, llevado a Colombia y metido en una cárcel de alta seguridad, y al que han tenido también que poner en libertad después de tres años de un auténtico calvario: difamación pública, hostigamiento profesional, bloqueo político, personal, social y económico… le han destrozado la vida para luego tener que reconocer que la acusación era falsa, el procedimiento absolutamente exagerado, el tratamiento penal sin límite, etc. En México en 2004 hubo una polémica entre dos medios de comunicación: la revista “Letras Libres”, que dirige Enrique Krauze –discípulo querido de Octavio Paz e íntimo amigo de Mario Vargas Llosa- publicó un artículo escrito por el entonces subdirector de esa revista que se titulaba “Cómplices del terrorismo”, y que estaba dedicado con mucho cariño al periódico “La Jornada”, uno de los más importantes de México, al que acusaba de ser cómplice de ETA, con acusaciones tan documentadas como que tenía un convenio de intercambio de contenidos con el diario Gara; que no utilizaba la terminología “terrorista” para referirse a ETA (a lo que el diario “La Jornada” contestó explicando que es la misma doctrina que utilizan una agencia de noticias tan importante como Reuters o el servicio internacional de información de la BBC, donde no se califican a las organizaciones o a las personas sino los hechos; porque la denominación de “terrorista” es una denominación no establecida internacionalmente y por tanto sometida a interpretación subjetiva y arbitraria). Además lo consideraban cómplice del terrorismo porque utilizaba también una valoración que había hecho Savater sobre un reportaje que le parecía también apología del terrorismo… En fin, pruebas muy contundentes. Pero lo peor de esto es que una vez publicado ese artículo en el que, bajo el título de “cómplices del terrorismo” se especificaba directamente la acusación de que estaban al servicio de un grupo terrorista como ETA, el diario “La Jornada” interpuso una querella por calumnia que no fue admitida en la instancia del tribunal del Estado de México; recurrió al amparo de la Corte Suprema, y hace dos días la Corte Suprema no ha concedido el amparo con el argumento de que no se podía interpretar como una acusación de complicidad con el terrorismo porque en realidad era un ejercicio de la libertad de expresión en el escenario democrático del debate ideológico.
Que la Corte Suprema de un país diga que acusarte de cómplice del terrorismo no es una calumnia, el paso siguiente puede ser que te procesen por colaboración con banda armada. Es la manifestación más reciente de cómo esa doctrina se extiende. En resumidas cuentas, Estados Unidos, que tiene mucho más poder militar, utiliza los vuelos secretos de la CIA para secuestrar a quien luego va a torturar; o utiliza los aviones no tripulados para matar a los “terroristas” en Pakistán. El Gobierno de Álvaro Uribe lo que utilizaba eran aviones judiciales no tripulados para atacar allí donde se refugiaran sus supuestos enemigos, supuestos cómplices de la guerrilla, y desprestigiarlos, acosarlos y meterles en un cepo donde su vida se destrozaba.
Todos somos Remedios: solidaridad en defensa propia
Quería comentar esto para que entendamos la triple importancia que tiene un caso como el de Remedios, en el sentido de la injusticia que supone que le destrocen la vida con ese hostigamiento de violencia institucional utilizando los aparatos jurídicos de dos países, con la hostilidad del Gobierno de Colombia y el mirar para otro lado del Gobierno español; la importancia política que tiene la historia, en cuanto a una forma de actuar de un Gobierno que destroza la credibilidad de cualquiera, siempre que pueda, con el argumento de que eres terrorista y que eres cómplice de la guerrilla, y luego la situación de indefensión que en una democracia te puede colocar una acusación que no tiene ninguna base.
Como antes decía nuestro compañero abogado, el que se acojan las acusaciones de esa importancia, y se ejecuten detenciones, se abran procesos y se mantenga tres, cuatro, cinco años esa espada de Damocles, sin que haya nada sustancial, nos puede pasar a cualquiera. Es decir, la solidaridad con Remedios es una solidaridad en defensa propia también. Todos somos Remedios, pero también podemos serlo de verdad, es decir, nos puede pasar a cualquiera.
Remedios García Albert: “Si de algo se nos puede acusar es de haber trabajado para buscar la paz”
Quiero agradeceros a todos que hayáis venido hasta aquí, a mi abogado, que está siempre pendiente de todo, y a cada uno de vosotros.
Incluso si mi problema quedara totalmente sobreseido aquí, todo no se habría solucionado. Porque me han incluido también en una lista de terroristas internacional, y de ahí no sé cómo se puede salir. Me parece que es bastante difícil, y no sé qué consecuencias puede tener. El día que se me devuelva mi pasaporte y viaje a cualquier lugar, no sé qué me puedo encontrar, qué me puede suceder. Es una incógnita para la que no tengo respuesta. Se me ha bloqueado la cuenta corriente que tenía en un banco aquí. Un día me llamaron por teléfono y me dijeron que la iban a cerrar, sin mayor explicación. Pude abrir otra, por el momento no ha sucedido nada, pero en alguna ocasión se me ha intentado hacer una transferencia y no se ha podido, precisamente porque estoy en esas listas virtuales.
Creo que tanto el proceso de Piedad en su país, al que todavía no se ha terminado de dar respuesta, como los que hay aquí, pienso que no va a haber juicio ni respuesta, porque ellos saben que no tienen la razón, y eso sería muy evidente, y público, y creo que no les conviene. Por eso se están alargando, por eso no hay respuestas. A lo mejor me equivoco, pero tengo esa impresión. Porque además ese juicio daría lugar a que se hablara de otras muchas cosas, y sería una tribuna a la que no iban a tener más remedio que dar cobertura los medios.
Colombia es, de toda América Latina, en este momento el único país de donde nosotros estamos recibiendo refugiados. Es el único país latinoamericano que está exportando refugiados políticos a España. Entonces, lo que yo no entiendo muy bien es cómo se considera a un país con tantos refugiados políticos, que no son precisamente perseguidos por las organizaciones insurgentes. Algunos están aquí en esta sala: ¿quién los persigue? ¿por qué se han visto obligados a abandonar su país? ¿Quién los persigue? Y si es así, ¿cuál es la explicación de su Gobierno ante la comunidad internacional, un gobierno que es considerado por todo el mundo como un Gobierno democrático y ejemplar en el continente?
Yo no voy a hablar de Colombia. Mis preguntas son para este Estado nuestro, que se dice democrático, adalid de los derechos humanos y que está apoyando a un país del que hay pruebas evidentes para todo aquel que quiera verlas, de que se están violando permanentemente los derechos humanos. Creo que debemos exigir responsabilidades a nuestro país por esa connivencia. Y eso es lo que nosotros podemos hacer desde aquí por Colombia, por su pueblo. Creo que se lo merecen.
A nosotros si de algo se nos puede acusar -y yo tengo que decirlo aquí-, para lo único que hemos estado trabajando ha sido para buscar la paz. Porque no queremos guerras: ni esta de Colombia ni ninguna otra. Yo estoy convencida de que todos los que estamos en esta sala estamos en lo mismo. No queremos las guerras, estamos trabajando para que no haya guerras de ninguna clase. Para que se resuelvan los problemas por otras vías. Y esto se lo digo a los que quieran oirlo y a los que no lo quieran oir. Es lo único que hemos hecho.
E insisto, creo que desde aquí lo que tenemos que hacer es pedir responsabilidades a nuestro Gobierno por esta connivencia, porque nuestras empresas están trabajando allí parece ser que muy cómodamente, sacando muy buenos beneficios y eso posiblemente es lo que nos está llevando a que, para salvaguardar esos intereses, cerramos los ojos a todo lo que nos está sucediendo.
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