Demandas de jubilados contra el estado

Se suspendió la recepción de trámites por 3 semanas

La Corte Suprema dispuso que la Cámara Federal de la Seguridad Social suspenda la recepción de expedientes hasta el 22 de noviembre próximo para los juzgados de primera instancia de la Seguridad Social números 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que sean cumplidos.

El motivo para que la Corte declarara “inhábiles judiciales” a los días comprendidos entre el 28 de octubre y 19 de noviembre, se fundó en la resolución firmada por la Cámara Federal de la Seguridad Social solicitando “feria judicial con concurrencia a los lugares de trabajo” para los diez juzgados de primera instancia del fuero de la Capital, fundando su pedido en “la situación de la estructura edilicia del Edificio Anexo -que es sede de los juzgados números. 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

Estos juzgados son los que se encuentran radicados en Marcelo T. de Alvear 1840. Los mismos contarán con la concurrencia de los empleados a los lugares de trabajo. En ese lapso deberán reorganizar la distribución de las altas pilas de expedientes para evitar el peligro de derrumbe. El informe del Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones del INTI, recomendó disminuir la sobrecarga originada en la acumulación de expedientes en determinadas dependencias”.

Según explicara a LA NACION la jueza Lilia Maffei de Borghi, presidenta de la Cámara:

“Los jubilados podrán continuar iniciando juicios y se hará el sorteo para determinar en qué juzgado recae el trámite. Pero los que ayer entraron en período inhábil no recibirán los expedientes -para comenzar a trabajar en ellos- hasta el 22 de noviembre.

La justicia previsional tiene habilitada la posibilidad de que los abogados ingresen las demandas vía Internet. Justamente, por la enorme y creciente cantidad de reclamos de jubilados, el fuero de la Seguridad Social fue el primero en ingresar en un plan de digitalización. Sin embargo, según aclaró Maffei, cada causa requiere aún un expediente en papel”.

Sólo entre febrero y septiembre de este año se iniciaron 72.196 juicios. Es más del doble de los que se habían tramitado en igual período tan sólo dos años atrás, y un 242% más respecto de ese lapso de 2005. A partir de 2006, el número de causas comenzó a elevarse en forma significativa: en agosto de ese año la Corte le ordenó al Gobierno dictar un régimen de movilidad para todas las jubilaciones, lo que implicaba dejar de lado la política oficial de recomponer, frente a los efectos de la inflación, sólo los haberes mínimos. Hacia fines de 2007, y ante la falta de respuesta del Gobierno, los jueces dictaminaron que entre 2002 y 2006 los haberes de todos los jubilados debieron haber subido según un índice de evolución del salario promedio de los trabajadores. Para ese período el aumento requerido resultaba del 88,6%, mientras que cientos de miles de pasivos habían recibido apenas 11 por ciento.

El retraso que sufrieron los haberes en esa época no fue luego corregido por la ley de movilidad previsional. Y eso elevó aún más la litigiosidad, que también tiene una de sus causas en el deficiente cálculo del haber de inicio de quienes se jubilan.

La diferencia entre la “feria” que habían pedido los jueces y la declaración de días “inhábiles” es que bajo esta última situación podrán presentarse trámites vinculados con las demandas, aunque no se le dará trámite a nada hasta el vencimiento de la resolución. Así lo explicó el juez Luis Herrero, integrante de la Sala II y el único que se opuso al pedido de suspender la actividad por tres semanas.

“Se producirá una gran acumulación de causas, así que no le veo ninguna practicidad a este criterio”, opinó Herrero, consultado por LA NACION. Según agregó, la solución a la sobrecarga de expedientes “debería estar a cargo de personal de refuerzo, designado por la Corte o el Consejo de la Magistratura, que se ocupe del traslado o reubicación [de los papeles] pero sin afectar el normal desenvolvimiento de los juzgados”.

Fuentes: Iprofesional.com y La Nación.

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