Demandas sanitarias

El 12/enero supone un nuevo revés de la administración hacia los sanitarios: la Generalitat valenciana recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar con hasta 49.180 euros a 154 demandantes, por las carencias en seguridad (de mascarillas, EPIs...) y la desprotección que sufrieron durante la primera ola pandémica.  

Eso sí, en lo que parece una pura contradicción, Ximo Puig reiteró sus "disculpas a los profesionales que no tuvieron suficiente cobertura". Aunque sus excusas no parecen bastar a los miembros de su oposición, quienes gustan de recordar que durante esta etapa los sanitarios tuvieron que escuchar y soportar que su consellera (Ana Barceló) les dijese que "se contagiaban por irse de fiesta". 

Y resulta curioso, por casual y porque hasta donde recuerdo, la valenciana es la comunidad con el mayor número de sanitarios contagiados, algo que es y fue así desde los inicios de la pandemia. Y es que la Generalitat no reunió material médico hasta el 17 de marzo pese a los avisos... 

El señor Puig quien, para conseguir tan honorífico posicionamiento, debió de descuidar muy mucho la cuestión, persiste ahora en la actitud de seguir descuidando a quienes les cuidan... No obstante, por aquello de pasar la patata caliente, el presidente de la Generalitat valenciana culpó a Salvador Illa, por la falta de ese material, en la demanda que perdió ante el juzgado de Alicante. 

El sindicato agrupó a los trabajadores en cuatro categorías de afectados, por un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A saber:  

1) 5.000 euros: por prestación de servicios sin contagio ni cuarentena. 

2) 15.000 euros: por prestación de servicios sin contagio, pero con cuarentena por contacto con personas que han padecido la infección. 

3) 35.000 euros: por prestación de servicios con contagio y cuarentena en domicilio con periodo de incapacidad temporal.  

4) 49.180 euros (se habían pedido 60.000) por prestación de servicios con contagio y hospitalización con periodo de incapacidad temporal. 

Huelga decir que las indemnizaciones han sido fijadas sobre la base de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Aunque de todo lo comentado en esta trama, conviene destacar lo publicado en portada por ABC, el 14/enero: "La prescripción evita a las autonomías tener que pagar una fortuna a sus sanitarios; el plazo para reclamar por haber estado expuestos sin la protección adecuada caducó hace meses." 

Y acabemos haciéndonos el hara-kiri, además de cuanto se tercie, con esta noticia del día anterior, que nos viene desde un juzgado de Jaen, desestimando la demanda de los enfermeros que reclamaron a la Junta de Andalucía más medidas de protección durante la primera ola: "Un juez argumenta que los sanitarios debían sacrificar su derecho a la vida, en beneficio del resto, en la pandemia". Dicho sea esto, en el entorno en el que nos encontramos, rodeados de países que premiaron a sus profesionales con subidas salariales, pagas extraordinarias y otras dádivas... Créanme si les digo que, finalmente ahora, entiendo los aquellos aplausos... 

Sugiero que este juez jiennense, en justa reciprocidad, se digne probar y sufrir, en carne propia, cuantos problemas pudieran suscitarse, derivados de sus errores judiciales, a lo largo de su ejercicio profesional...