Demasiado pluriempleo

Andan llorosos por los medios con la gran cascada de noticias que hacen dudar de la honradez de los que decían ser incompatibles con la corrupción, que desde hace unos cuatro años domina la mayoría absoluta de capitales de provincia y ciudades, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y estado central, sólo unos meses antes de que se supiese que las cajas de ahorros convertidas en bancos a golpe de decreto y fusión estaban en quiebra por saqueo organizado por los que las controlaban nombrando a los miembros de la dirección y consejeros a dedo. Le atribuyen los hechos a la fuerza del destino y a males atávicos arrastrados desde los tiempos de los visigodos. Son cosas del siglo pasado, que encima es el cambio de milenio, así que son cosas milenarias.
Gracias a eso, descubrimos que el (ex)vicepresidente tenía dinero escondido en Suiza y gestionado una galaxia de empresas a través de un ciudadano gibraltareño, y que se acogió a la amnistía fiscal para legalizarlo, que los parques eólicos de Castilla y León, situados en los límites administrativos de otras autonomías colindantes eran una mina para los que tramitaban las concesiones y la construcción. Al parecer hasta hubo un fulano que registró una empresa para crear a través de ella una nueva empresa participada por la empresa promotora y explotadora del parque eólico. Una sociedad que le permitió que sus 24.000 euros en acciones se los comprase la eléctrica por 47 millones de euros en un par de años. ¡Un lince para los negocios!
Y de pronto aparece otro (ex)ministro y un diputado crónico, de los que llevan toda la vida sentados en escaños, como perceptores de pagos a través de una consultora, por asesorar verbalmente a una constructora de parques eólicos que operaba, oh casualidad, en Castilla y León como contratista de obras públicas. Por suerte las autoridades salen a tranquilizar a los ciudadanos, dice el gobierno a través de su vicepresidenta que es todo lo contrario, que deben darse más facilidades para que sus señorías desarrollen una labor profesional fuera del Parlamento para que el dedicarse a servir  a los ciudadanos como representantes electos no les suponga quedarse descolgados a nivel profesional. Esto lo dice una señora que es funcionaria y que por sus altos cargos puede volverse a su ministerio cuando lo desee, pero eso sí, con el mayor sueldo correspondiente al de directores generales de por vida. Aunque sea condenada a estar sentada en un despacho leyendo el marca y jugando al buscaminas para siempre.
Y gracias a esto descubrimos que los representantes de los ciudadanos pueden constituir empresas para asesorar a otras empresas siempre que éstas sean del sector privado. Todo esto después del paso por el sector público con excedencia para dedicarse a la política y pasarse entonces a la asesoría de empresas, en el caso destapado, una constructora con contratos concedidos por administraciones. Es legal, dice uno de los personajes, sin duda lo será y eso quiere decir que se han dado a sí mismos mediante empresa interpuesta hacer de intermediarios entre las decisiones administrativas y la empresa contratista de su consultora asesora y con contratos de obras públicas. Pues fantástico, esto sin duda no es obra de los visigodos ni herencia de Carlos II el Hechizado, ni siquiera es culpa de Fernando VII, esto son unos fulanos con nombres y apellidos colocados en capas allí donde hay dinero de presupuestos que gastar.
Y se les cae encima la Transición, como si les hubiesen engañado, cosa improbable. porque a fin de cuentas el régimen anterior a la misma se basaba en la no participación de los ciudadanos en la toma de decisiones municipales, provinciales y estatales, por no existir mecanismo alguno para someter algo a votación por iniciativa de los votantes a ninguno de los niveles, en realidad administrativos, que deciden arbitrariamente en qué gastar el dinero de los ciudadanos sin control democrático de ningún tipo. ¿A cuántos hay que untar para recibir dinero por construir un parque eólico, personas de administraciones locales, provinciales, regionales, estatales, pero cuántos en total?. Puede que no tantos en realidad. El argumento de uno de los diputados asesores ha sido que él personalmente no conocía a más funcionarios que los mismos periodistas que preguntaban. toda una vida en el Congreso y no se ha enterado que sus compañeros de escaños son a la vez ministros de todos los ministerios habidos y por haber, porque el ejecutivo legislativo español es así, y sigue ese esquema de arriba hacia abajo clonando la estructura a escala, en plan fractal.
En todo caso, sea alquilar o construir edificios, rotondas, adjudicar todo tipo de obras públicas, por ahí es por donde circula el dinero de los ciudadanos, y entonces viene la de remate. Alguien se dedicó durante años a grabar las conversaciones de una diputación provincial valenciana, y al parecer esas grabaciones implican a mucho personal a nivel regional, provincial y local metiendo mano en los presupuestos de la diputación como gasto para obras públicas. Lo que no es normal es que todos esos entramados administrativos estén controlados por personas de un partido que ejercen de representantes de los ciudadanos como miembros del poder legislativo y son cabeza del ejecutivo como ministros (y Consejeros autonómicos o Concejales municipales) que nombran a su vez a los altos cargos de sus ministerios, autonomías, diputaciones y ayuntamientos) y asesores de cada uno de ellos. Y así en cascada a nivel regional, provincial y municipal, que es por donde cae el dinero de los presupuestos en cascada administrativa. Menudo carajal como todos los representantes de los ciudadanos puedan convertirse en asesores de empresas contratistas a todos esos niveles administrativos. Y sin mecanismo alguno que pueda oponerse a la decisión administrativa correspondiente por parte de los ciudadanos afectados.
En lugar de lamentarse por el torcimiento de la joven democracia española a la espera de determinar la fecha exacta en que se jodió el invento, casi lo más práctico será que los votantes pudiesen forzar la votación sobre leyes y normas o gastos e inversiones de cada uno de los niveles en los que se gasta dinero de los ciudadanos. Porque sin mecanismo de control externo es posible que el dinero de los ciudadanos acabe en gastos injustificados a los que no se pueden oponer. Sean aeropuertos, estaciones de ferrocarril o metro, presuntas instalaciones deportivas, palacios de congresos, edificios municipales de oficinas, o Arenas varios y mil. Las "ciudades de" y los circuitos de Fórmula I y asimilados. Parques eólicos situados como si fueran torreones fronterizos de los territorios castellano leoneses, cotos privados de caza dentro de parques nacionales, todo acaba dependiendo de decisiones administrativas. Y eso lo hacen los funcionarios, no los diputados empresarios propietarios de consultoras, ha venido a decir su señoría en plena posesión de sus facultades legales.