Demencia.

Por sus barbaridades en la represión franquista del independentismo catalán el Estado español está empezando a dar evidentes señales de demencia colectiva.

Es del todo imposible llegar a entender que en el mismo país, el mismo régimen y el mismo sistema judicial que se negó a la más mínima investigación cuando el nombre del presidente del gobierno apareció en la lista de beneficiarios de un gran caso de corrupción en su partido, que absolvió a la alcaldesa de Madrid, esposa de otro presidente del gobierno del mismo partido, cuando casi regaló buena parte de las viviendas sociales de su ciudad a un fondo buitre, que tampoco llegó siquiera a investigar varias evidencias de actividad mafiosa de sus ministros para acusar a su oposición por delitos inventados con pruebas fabricadas, y un largo montón de casos similares de todos los grandes partidos, se inhabilite al president Torra como diputado y presidente por haber desobedecido durante dos días la orden de retirar una pancarta del balcón de la Generalitat que, aparte no era de signo independentista sino en protesta por los condenados del vergonzoso juicio al procés, por orden de un organismo que ni tan solo es judicial y no está capacitado para emitir tal sanción, pero incomprensiblemente (o no¡¡¡) ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, a pesar que las normas de todos los parlamentos del país incluido el Congreso en Madrid permiten la inhabilitación de un diputado solo en el caso de haber sido condenado en sentencia firme, mientras la que condena a la inhabilitación del president Torra no es firme porque ha sido recurrida. Este caso es otro de los muchos en que la justicia española manda el alto y claro mensaje de que hace lo que le da la gana y dispone de las leyes y normas a su antojo para hacer y justificar lo que le mandan, porque hace ya años que los altos funcionarios de la Justicia española perdieron la vergüenza y el decoro y ya les da igual si su tremenda parcialidad es evidente, si se saltan las normas y sentencias de la Justicia europea y multitud de organismos internacionales ONU incluida no paran de emitir informes negativos sobre la Justicia en España que le darían mucha vergüenza a quien la tuviese..

La Justicia española está en un desmadre y caos absolutos, en que no se persiguen delitos cometidos por los amiguetes franquistas, y si por accidente son detenidos resultan absueltos, y si no resultan absueltos sino condenados no ingresan en prisión, y si por error de un juez honesto ingresan en prisión son liberados, mientras se condenan a penas graves a personas que solo han ejercido derechos reconocidos por el Estado español como los derechos humanos, los de expresión y opinión, etc.

Los culpables de este desastre judicial son sin duda los catalanes, no porque ellos ejecutasen la barbaridad sino porque fueron el instrumento en manos de políticos irresponsables y deshonestos que decidieron usar el odio a Catalunya para captar votos en el resto de España.

Antes de referirme a las locuras de la demencia hispana quiero dejar claro que en mi opinión la principal y básica razón del conflicto es el profundo odio que muchos españoles, probablemente la mayoría, sienten hacia Catalunya y los catalanes, aunque de ellos la mayoría ni tan solo sepan porque nos odian. Algún historiador se atrevió a decir que en el odio de los españoles los catalanes tomamos el relevo de los judíos cuando estos fueron expulsados.

Para refrescar la memoria describo lo ocurrido desde que se inició el ataque de locura. En 2006 Mariano Rajoy como gran jefe del PP monta una recogida de firmas con el lema “una firmita contra Cataluña” para solicitar la derogación del nuevo estatuto de Catalunya que estaba siendo aprobado por el Parlament y el Congreso, y lo hace sin más argumentos que “contra Catalunya”, a pesar que el nuevo estatuto estaba a años luz del del País Vasco y suponía mejoras muy limitadas como se demostró cuando después de que el Tribunal Constitucional se cargase una parte importante de su contenido, varios artículo suprimidos en el estatuto catalán fueron añadidos a los de varias CCAA, como Valencia y Andalucía.

Rajoy tuvo mucho éxito recogiendo firmitas contra Cataluña porque en abril 2006 presentó más de cuatro millones en el Congreso montando un numerito con cajas llenas de papeletas firmadas a la puerta del edificio, un hecho más, por cierto, que demuestra el odio a Catalunya. Después solo tuvo que instruir a los jueces del Opus en el Constitucional para que se cargasen el estatut y darle a Artur Mas con la puerta de la Moncloa en las narices y ya tuvo lo que llevaba años buscando: el conflicto catalán, porque en el PP se dieron cuenta de que la catalanofobia aporta muchos votos, y de esta forma Rajoy consiguió que el independentismo subiese en Catalunya como la espuma y la catalanofobia hiciese lo mismo en el resto de España, ambos ayudados por la pocilga mediática con sus mentiras, difamaciones e insultos, y cuando PSOE y sobre todo C’ se dieron cuenta del órdago del PP con el conflicto catalán, se dedicaron a echar toda la gasolina posible al fuego para que el conflicto fuese siempre a peor, eficazmente ayudados por los jueces del Opus.

Lo único que sobrepasa en gravedad esta inmensa barbaridad es que la U.E. haya permitido que ocurriese en un país miembro con un sistema judicial que tiene la parcialidad como norma cotidiana, y que no hayan hecho más comentario que se trata de un asunto interno.

Un último apunte. El franquismo ha vuelto a berrear a todo volumen porque Pedro Sánchez pretende limitar las penas por el delito de sedición, cuando lo que haría cualquier político honesto sería derogar la sedición como delito, porque no está penado en ningún país serio y civilizado porque es uno de los muchos rastros de la dictadura franquista, que como quedo demostrado en el vergonzoso juicio al procés permite transformar por arte de magia una manifestación en un tumulto y un tumulto en un grave delito.