Revista Opinión

Democracia a la carta

Publicado el 26 marzo 2010 por Javiermadrazo

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer nuevas reformas legislativas para impedir que la izquierda abertzale pueda presentarse a las próximas elecciones municipales y forales de 2011. No especificó, en ningún caso, a que medidas concretas se refería, ni tan siquiera las razones que motivaban sus palabras. Hasta la fecha siempre pensé que la ley de partidos políticos era suficiente para PSOE y PP, pero ahora parece que no es así y, de hecho, han acordado ir más allá todavía.

El Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente hoy un paquete de reformas, que podrían afectar a la Ley General de Régimen Electoral, a la Ley de Bases de Régimen Local y a la Ley de Partidos. Ha quedado, por tanto, claro que Conde-Cumpido sabía muy de lo que hablaba, aunque haya cometido el desliz de actuar como portavoz informal del Gobierno Zapatero. No sé hasta dónde llegarán estas medidas, pero tengo la convicción de que no se inscriben en la lucha contra el terrorismo sino en la lucha política que PSOE y PP mantienen para extender su alianza en Euskadi a Ayuntamientos y Diputaciones tras las elecciones de 2011.

Ambas formaciones políticas saben que la apuesta mayoritaria de la izquierda abertzale por las vías políticas y democráticas es sincera, y saben, igualmente, que su voluntad es poder presentarse a los comicios municipales y forales, aunque para ello tengan que pasar por el aro de la Ley de Partidos, bastante estricta, por cierto. Así que Zapatero y Rajoy, con la bendición de López y Basagoiti, han decidido conjuntamente tomarles la delantera, elevar el listón, no vaya a ser que lo pasen, y de este modo garantizarse vía libre para poder trasladar la pinza PPSOE del Gobierno vasco a los Ayuntamientos y Diputaciones.

Si para ello es necesario que la democracia retroceda unos pasos más hacia atrás lo harán, del mismo modo que lo han hecho, esta vez con el apoyo de PNV y CiU, para vetar en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley Electoral, cuyas deficiencias, disfunciones e imperfecciones ha denunciado incluso el Consejo de Estado. PSOE y PP, pero también PNV y CiU, no quieren ninguna competencia a su izquierda en la Cámara Baja para perpetuar así su poder, aunque el precio a pagar sea la propia credibilidad del sistema.

Batasuna les incomoda en Euskadi ahora, pero no les incomodó en 2005 cuando ni la Justicia, tan independiente e imparcial, ni la Policía, tan eficaz y eficiente en otras ocasiones, no detectaron ninguna vinculación entre EHAK y la izquierda abertzale. La verdad es que su presencia en el Parlamento vasco les vino muy bien para impedir que el Gobierno tripartito pudiera alcanzar mayoría absoluta. ¿Casualidad? Evidentemente, no, Una vez más, uso interesado  de la Ley de Partidos para engañar a la aritmética, al igual que ocurre con la Ley Electoral.

Izquierda Unida les molesta en el Estado porque representa la defensa del anticapitalismo, la república y el federalismo. Sólo así se explica que PSOE, PP, PNV y CiU hayan sumado sus fuerzas para impedir que la ley electoral sea, por fin, justa, proporcional y democrática. Para ello hubiera bastado con seguir los dictados del Consejo de Estado, pero estas cuatro formaciones políticas prefirieron cerrar filas y perpetuar un modelo obsoleto, que permite a Zapataro obtener un escaño por Soria con sólo 24.000 votos, mientras a Izquierda Unida dos escaños en toda España le cuestan prácticamente un millón de votos. A esto le llamo yo democracia a la carta. Y no me gusta.


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