Democracia actual y participación política

Bañistasen la playa de Manhattan, Los Angeles. Fotos: Nick Carlson, Flickr
A partir de la revolución francesa y la extensión de la forma constitucional y desde la creación de los Estados Unidos, se ha ido extendiendo un modelo de organización política que algunos definen como democracia liberal o representativa. Sustentada en el ya clásico reparto de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hoy en día, la democracia representativa constituye el canon de referencia para el gobierno de las naciones y de otras entidades territoriales de menor tamaño.

Sin embargo y después de una experiencia de más de 200 años, la democracia, tal y como se conoce en los países más desarrollados, ha ido acumulando ya algunos lastres de considerable importancia. Entre ellos cabría destacar el secuestro y manipulación de las decisiones colectivas por unas elites ligadas tanto a los poderes económicos, como a las castas partidarias y los medios de comunicación que los apoyan, han ido generando un creciente sentimiento de frustración entre las capas más sensibilizadas de la población.
<---Frente al deseo de cada cual hacia lograr dirigir los factores que condicionan sus propias vidas, la realidad del poder tiende como siempre a concentrarse en unas pocas manos. Esta vez agrupado en unos liderazgos cada vez más difusos y sin rostro que se ocultan y al mismo tiempo orientan en beneficio propio el devenir de millones de personas. Una alternativa política que algunos propugnan para combatir esta tendencia natural del poder político es la que se conceptualiza como democracia participativa, una opción intermedia entre las lacras de la democracia representativa que se padece y la democracia directa como utopía en que el gobierno y la decisión sobre las cuestiones comunes no se deleguen en agentes interpuestos. La participación ciudadana sería así una estrategia para exigir y extender la capacidad de decisión política entre capas más amplías de la población, mejorando con ello, la calidad del proceso de toma de decisiones e introduciendo cada vez más la discusión y argumentación sobre opciones diversas y contrapuestas. El tradicional pueblo suizo, que cuenta con uno de los sistemas democráticos más avanzados del planeta. Foto. VanessaK, Flickr
En este contexto, el gobierno del territorio es una parte fundamental de la actividad política sujeta a la apetencia de todo tipo de factores y a la aplicación de técnicas variopintas con el objetivo de lograr una mejor convivencia de intereses contrapuestos. En los últimos tiempos, se ha extendido la visión de que la mejor manera para su gestión es la que se deriva de la más vasta participación de los ciudadanos afectados. Sin embargo, esta aproximación a la ordenación territorial, organizada sobre la ampliación de la participación democrática activa, de la acción de los propios habitantes en el control del crecimiento y el desarrollo urbanístico, también tiene sus inconvenientes y, en mi opinión, no debe considerarse una panacea necesariamente en sí misma para una mejor disposición de las ciudades y de los usos y aprovechamientos.
La actividad económica y el crecimiento urbano tienen un sustento espacial, un territorio que debe ordenarse de la manera más racional posible. Como consecuencia de esta necesidad hace más de cien años surgió el urbanismo –algunos atribuyen el concepto al catalán Ildefons Cerdá- una disciplina dedicada a orientar el crecimiento de las ciudades y que, estuvo ligada fundamentalmente a la ingeniería y la arquitectura en sus inicios. La específica tarea técnica e, incluso, artística, del urbanismo ha ido derivando hacia enormes desafueros en la última cincuentena de años, como consecuencia de sus mecanismos económicos y, entre otras cuestiones, de las gigantescas plusvalías que genera el simple proceso administrativo de recalificación de terrenos rústicos, asignándoles usos y aprovechamientos urbanos.
Los abusos y errores cometidos en el marco del urbanismo son motivo de incesantes críticas, algunas basadas en hechos incontestables y otras apoyadas desde visiones profesionales interesadas en controlar este tipo de procesos tan golosos. Así, y de una manera recurrente, han ido apareciendo nuevas aproximaciones a la forma de ordenar el territorio, lideradas desde otras disciplinas que pretenden ofrecer soluciones totalizantes a un problema extremadamente complejo que afecta a múltiples cuestiones sociales y técnicas. La necesidad de una visión holística, transversal es un factor esencial en la ordenación del territorio que nunca ha llegado a comprenderse cabalmente, impidiendo en la práctica una correcta administración y salvaguarda del entorno habitado. El esfuerzo para controlar esta materia desde perspectivas parciales, económicas, geográficas, jurídicas, ambientales, arquitectónicas, ingenieriles, etc. ha conducido a la aparición constante de nuevas recetas y panaceas de todo tipo que se revelan también fallidas a la larga.
Es el caso del planeamiento estratégico, de la visión ambientalista o del marketing territorial a los que hemos atendido en años recientes. En los últimos tiempos ha aparecido una nueva posición heredera de esta forma parcializada de abordar la ordenación territorial y que, como siempre, aventura una nueva solución definitiva a los problemas del mal gobierno territorial. Tendría que ver con una aproximación ligada a la política y la extensión de la democracia en los países avanzados a la que antes hacia referencia. Es la idea participativa de la población en los procesos de toma de decisión sobre el uso del territorio. Un argumento en principio inobjetable, pero como todo, sujeto también y posiblemente a manipulación política.
La participación ciudadana es una cuestión relevante que enlazaría de nuevo con la política con mayúsculas, por cuanto pretende la superación de las prácticas estrechas que encorsetan la democracia representativa parlamentaria. Existen ya algunas experiencias políticas que avalarían esta alternativa de desarrollo democrático hacia un planteamiento participativo de mayor calidad en la implicación de los ciudadanos en la administración colectiva.
Un ejemplo señero es el que representa la Confederación Helvética, un país altamente descentralizado en el que se toman importantes y numerosas decisiones comunes a los ciudadanos por el sistema de referendos consultivos a todos los niveles, estatal, cantonal y local.

Cartel de la campaña para la aprobación en referendum de un sistema de expulsión directa de emigrantes con problemas. Una iniciativa del derechista Partido del Pueblo Suizo- Unión Democrata Suiza

En Suiza, la democracia participativa, basada en una importante descentralización administrativa y política es una práctica con una tradición muy extendida y fructífera que se basa en un alto nivel de conciencia colectiva de la población. La articulación a múltiples niveles de los debates sobre todo tipo de cuestiones comunes ha llevado a los suizos a extender el debate hacia asuntos muy diversos y con ello, tener la posibilidad de discutir desde las cuestiones más domésticas hasta asuntos delicados como los relacionados con la seguridad nacional. Hace unos años, se produjo un ejemplo sorprendente en relación a la capacidad del país para tomar decisiones colectivas; se planteó un referéndum que tenía por objeto decidir la compra de varios cazabombarderos destinados a la defensa nacional. Un ejemplo sorprendente impensable en otros lugares, que expresaría un alto nivel de madurez democrática.
Actualmente, otro ejemplo significativo a este respecto es el que representa también el estado de California, un territorio en el que existen viejas costumbres relacionadas con la democracia directa. En 1911, el gobernador Hiram Johnson introdujo un método para la aprobación de todo tipo de iniciativas populares mediante referendos directos que allí se conocen como Propositions. Una buena idea participativa en sus comienzos ha ido derivando con el tiempo en un sistema político de gobierno imposible que está a punto de colapsar como ha reflejado un reciente artículo de la revista Economist, titulado El estado ingobernable.
California cuenta con instituciones representativas muy consolidadas que se concretan por ejemplo, en sus dos cámaras legislativas asentadas en la ciudad de Sacramento. Sin embargo, algo que podía funcionar bien a comienzos del siglo XX, cuando ese estado contaba aun con una población pequeña y homogénea se ha transformado cien años después, en un sistema impracticable, en el que la población ha crecido hasta los 35 millones de personas, formando un conglomerado territorial, social y económico complejo, con una amplísima variedad racial, de intereses económicos y, lo que es más importante, una escasísima minoría de votantes efectivos. Esos minoritarios participantes, electores, conscientes de la importancia del control político, se han polarizado por distritos irreconciliables y extremistas. Es el caso de Berkeley, en San Francisco o Santa Mónica, en Los Ángeles que se situarían en posiciones a la izquierda y Orange County o la zona central del estado, representativas de una concepción de la convivencia más a la derecha.

El actor Arnold Schwaerzenegger, actual gobernador del estado de California

La democracia directa ha ido derivando en California hacia una situación ineficiente mediante una progresiva aplicación de Propositions cada vez más crípticas y complejas (el pasado mes de Mayo, se votaron 6), que ha generado toda un ecosistema ampliamente organizado de recolectores de firmas y para la gestión de iniciativas. Un caso extremo de esta aplicación interesada del sistema referendario lo constituyó la famosa Proposition 13 que significó una autentica revolución contra la hacienda pública estatal. Fue aprobada mayoritariamente en 1978 y a partir de entonces quedó muy limitada la posibilidad de aumentar los impuestos sobre los bienes inmuebles. Para variar los impuestos es necesario conseguir una mayoría parlamentaria de dos tercios en las dos cámaras legislativas de Sacramento, una condición que impide en la práctica una activa y eficiente gobernanza en momentos de crisis.
El desarrollo de grupos de presión de todo tipo y de iniciativas legales muy variopintas ha llevado a ese estado americano a una situación de colapso financiero y a un control efectivo y exacerbado de la gestión pública por minorías radicalizadas. Según The Economist las personas corrientes ya no son las que controlan el sistema legal sino los ciudadanos más ricos, desde los magnates de Hollywood a empresarios de Silicon Valley y grupos de presión variopintos como los sindicatos de prisiones, de enseñantes y de salud que son los que promueven la mayor parte de las iniciativas. La manipulación de los medios de comunicación, campañas de correo masivo y llamadas personales producen un estado de confusión mayoritario que impide saber con certeza el contenido real de lo que se vota.
En otras partes del mundo, se observan este tipo de cuestiones con incredulidad -cuando no con envidia- y se citan como un avance necesario en la profundización de la democracia. El problema de la extensión de la participación democrática se puede enmarcar en el acaparamiento del espacio político por toda una pléyade de posiciones oportunistas que aprovechan la apertura de nuevos escenarios decisionales para sacar adelante intereses privados muy determinados. Esta epidemia de la exigencia participativa presenta otra faceta negativa que tiene que ver con el progresivo encadenamiento de los representantes políticos, realmente refrendados por el sistema electoral, a las decisiones y argumentaciones que no suelen tener un real respaldo mayoritario.
La manipulación de los medios de comunicación y el amoldamiento de la opinión pública son otras de las herramientas que se utilizan para la imposición de intereses que no suelen mostrarse con claridad. Es un campo abonado para la extensión de la demagogia y la exacerbación de las pulsiones suicidas de la población.
No obstante, son riesgos que se deben correr y combatir con las armas de la razón para lograr una extensión del poder de las personas frente a la práctica habitual del secuestro de las decisiones que nos afectan a todos por unas pocas elites poderosas.
En España, y especialmente en Canarias, este tipo de procesos se encuentran todavía circunscritos fundamentalmente al del campo de la organización del territorio y del planeamiento. Existe ya una cierta experiencia local sumamente interesante sobre este tipo de procesos que trataré de explicar en una próxima ocasión. --->